La causa por la muerte de 65 "presos comunes" en el marco de una feroz represión, fue parcialmente elevada a juicio en julio pasado.
Por Alicia Alvado
Tras haber conseguido que el hecho represivo del que fueron víctimas dejara de considerarse un “motín” para ser reconocido como delito de lesa humanidad y elevado a juicio, los sobrevivientes y familiares de la “Masacre del Pabellón Séptimo de Devoto” conmemoran un nuevo aniversario de esta matanza –el Nº 43- a la expectativa de que la justicia le ponga finalmente fecha de inicio al debate oral que tiene cuatro ex penitenciarios como acusados.
“Mientras no haya justicia, el fuego seguirá quemando”, dice una placa de cerámica colocada al ingreso de la planta 2 de la Cárcel de Devoto donde se encuentran los pabellones 5 a 8. El sencillo memorial se completa con una segunda placa que tiene moldeado en sobrerrelieve un brazo extendido con su mano abierta detrás de los barrones, símbolo del reclamo de justicia que acompaña banderas y remeras.
Se conoce como Masacre del Pabellón Séptimo de la Cárcel de Devoto a la represión desatada la madrugada del 14 de marzo de 1978 que dejó como saldo al menos 65 “presos comunes” muertos a fuerza de balas, golpes, quemaduras o asfixia.
En tanto, ningún agente penitenciario resultó herido de consideración en este hechp que las autoridades y la prensa de la época instalaron como un intento de rebelión, el “motín de los colchones”.
“Todo nuestro trabajo en recuperar este caso y quitarle la etiqueta de ‘motín’ y definirlo como una ‘masacre’ tiene que ver con que lo ubicamos en el contexto de la dictadura y el terrorismo de Estado”, explicó a Vertientes del Sur Claudia Cesaroni, abogada querellante que representa a 15 sobrevivientes o familiares de víctimas, directiva del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) y autora del libro “Masacre en el Pabellón Séptimo”.
Es que en Devoto “en ese momento había más de mil presas (políticas) mujeres” que habían sido traídas de distintos puntos del país para ser concentradas “dos plantas más arriba del pabellón séptimo”. Los denominados “presos políticos” eran por entonces una realidad de muchas cárceles a lo largo y ancho del territorio nacional.
“Una de las cosas que allí vemos es la búsqueda de un efecto ejemplificador y de hecho muchas ex presas políticas nos testimoniaron que los penitenciarios les decían ‘quédense tranquilas porque no es con ustedes, pero miren lo que les pasa a los comunes por hacer quilombo’”, dijo esta docente y experta en criminología.
Para Cesaroni, “los ‘presos comunes’ fueron así una especie de instrumento disciplinador para decirle a toda la población penal”, cualquiera fuera su condición, “que tenían que quedarse tranquilos” cuando “faltaba un mes y medio para que comience el mundial”, lo que hacía que “los ojos del mundo estuvieran puestos en Argentina”.
“El ‘78 fue además el año de profundizar y casi terminar con lo más fuerte de la represión: en ese contexto, entendemos que el Servicio Penitenciario Federal (SPF) que además tenía que dar cuentas a las Fuerzas Armadas de que podía cumplir la función represiva, no podía permitir que un pabellón de ‘presos comunes’ se levantara o le discutiera su autoridad”, dijo.
Al otro día, los principales diarios llevaban el tema a tapa replicando la versión oficial, que hablaba de “motín”, expresión con la que se buscó “invisibilizar la responsabilidad del SPF, del Poder Judicial, y de la última Dictadura Cívico Militar, garantizando impunidad y silencio”.
“Lo que empezó todo es un hecho nimio: un preso de apellido Tolosa que tenía cierto predicamento y ya venía con una sanción, discute con un celador que les vino a decir ‘apaguen el TV, ya es hora’ “, contó.
Como represalia a ese entredicho, “a Tolosa lo van a buscar cuatro penitenciarios a las 3 de la mañana para sacarlo del pabellón con el alegado motivo de labrarle una sanción”, algo que para este equipo jurídico es “equiparable a los secuestros que sucedían en las calles porque el domicilio del preso es el pabellón”.
“Él se niega a salir y a las 7 de la mañana entra un cuerpo de requisa con una cantidad de personal superior a lo común para llevárselo a la fuerza y ahí es que una parte del pabellón se niega, se enfrenta a la requisa y la corren. Que eso se difundiera era absolutamente intolerable para el SPF y se desencadena la masacre”, dijo.
“Como el SPF dispara con ametralladores y gases, los presos hicieron lo que hacen siempre que hay una represión: pusieron los colchones en las rejas, pero como son de goma espuma, se encendieron, desatándose una especie de Cromañón sin una salida posible”, agregó.
Los disparos represivos provenían de un entrepiso conocido como “la pajarera”, pero también desde fuera del perímetro disparaban a quienes se asomaban por las ventanas.
“Y esto que te estoy contando, no es que yo lo descubrí 35 años después: estaba ya todo en el expediente y me sigue conmoviendo el valor de esos detenidos porque mucho de lo que hoy se sabe lo declararon quemados, medios muertos en los hospitales rodeados de penitenciarios y policías que fueron a tomarles declaración para armar una especie de sumario porque la instrucción de la causa la hace el propio SPF”, contó.
Uno de los sobrevivientes e impulsores del juicio, Roberto Montiel, recordó en declaraciones a la prensa que “nos dieron garrote, gases y disparos” en una “represión brutal” contra una población penitenciaria que “no tenía posibilidad de defenderse” y que además se estaba “asfixiando y calcinando”.
“Fue el infierno”, relató Hugo Cardozo.
Juan Olivero, otro sobreviviente y querellante, recordó que “el fuego se apagó solo” porque “no tuvimos asistencia ni nada” y las autoridades del penal no dejaron entrar a los bomberos que habían llegado al lugar, pero también “habían cortado el agua”.
Cuando el fuego se apagó, la represión recrudeció.
“Cuando íbamos saliendo nos esperaban una doble hilera de guardiacárceles con palos, garrotes, cachiporras, lo que tenían a mano. Y en el recorrido de 100 metros hasta los calabozos de emergencia, iban quedando cadáveres porque iban rematando con palos por el lomo y la cabeza a los tipos que venían ahogados y quemados”, agregó Montiel.
En ese trayecto, “las ampollas de las manos y las espaldas me las reventaron a golpes”, recordó Cardozo.
Tras una breve instrucción, la causa había sido cerrada en 1979 y no fue sino 32 años después que el Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC) junto con el sobreviviente Hugo Cardozo, se presentaron ante el Juzgado de Instrucción Nº 28, para pedir el desarchivo.
Posteriormente, en 2013 solicitaron que el hecho fuera investigado como un delito de lesa humanidad y, tras un primer fallo desfavorable, en agosto de 2014 la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal les dio la razón: la Masacre es imprescriptible y debe ser investigada por la justicia federal.
Para entonces, más sobrevivientes y familiares de víctimas se habían puesto en contacto con el equipo jurídico: sus testimonios permitieron, junto al resto de las pruebas recolectadas, identificar a cuatro de los autores, quienes están procesados y cumpliendo una prisión preventiva domiciliaria.
Se trata del ex director de la Cárcel de Devoto, Juan Carlos Ruiz; el ex jefe de seguridad interna Horacio Martín Galíndez; el ex jefe de Requisa, Carlos Aníbal Sauvage; y el ex celador Gregorio Bernardo Zerda.
El 16 de julio del año pasado, el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 dispuso el cierre de la investigación y la causa fue parcialmente elevada a juicio que estará a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5 integrado por Daniel Obligado, Adriana Palliotti y Adrián Grunberg.
“Actualmente nos encontramos a la espera de la citación a juicio y fecha de audiencia”, dijo Cesaroni.
Por otro lado, la penalista considera que la “ajenidad” con que fue abordado el tema por parte de las organizaciones de derechos humanos, también influyó para que hicieran falta 32 años para llegar a las puertas de su juzgamiento como delito de lesa humanidad.
“Durante mucho tiempo ‘la cárcel común’ fue un tema ajeno a los organismos de que se ocuparon de revisar lo que había pasado en la dictadura, y esto tiene que ver con cuestiones de clase y con la dificultad para entender es que las violaciones de derechos humanos que afectan a las personas privadas de libertad son las mismas, no importa el origen de la detención”, dijo.
“Últimamente esto se ha revertido un poco pero a mí me siguen llamando la atención las personas que se asombran por la prisión preventiva solo cuando afecta a compañeros como Amado (Boudou) o Milagro (Sala) pero no pueden ver a los miles que están en prisión preventiva hace años, con padecimientos iguales o mayores pero ninguna notoriedad”, agregó.
En octubre de 2012, la cárcel de Devoto fue señalizada como Sitio de la Memoria por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, pero los sobrevivientes que están impulsado el juicio y el CEPOC quieren que se convierta en un espacio para la memoria y por eso consiguieron detener con un amparo los planes de tirar abajo el presidio.
Por otro lado, los diputados Mónica Macha y Hugo Yasky presentaron a fines del año pasado un proyecto de ley para instituir una reparación económica para aquellos sobrevivientes o familiares de quienes hayan sido víctimas de la Masacre en el Pabellón Séptimo.
“Te tenemos allí/abandonado allí/preso como un animal/(como un animal feroz)/así las cosas,/ la fiera más fiera/¿dónde está?”, dice el comienzo de Toxi Taxi, el tema que el Indio Solari le dedicó en 1991 a su amigo Luis María Calderón, muerto en la masacre, y que integra el disco “La Mosca en la Sopa” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.