Actualmente, dos proyectos de ley buscan instituir una reparación económica para las personas trans, travestis y transgénero que fueron víctimas de la violencia institucional, tanto en tiempos de dictadura como de democracia.
Como parte de la campaña #ReconocerEsReparar, un conglomerado de 42 organizaciones de derechos humanos entre las que se encuentran la CHA y 100% Diversidad y Derechos; presentaron en 2016 el proyecto de ley crea el Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por Motivos de Identidad de Género.
La iniciativa estipula el otorgamiento de una pensión graciable igual a la categoría más baja del escalafón de los empleados públicos para las personas trans que hayan sido víctimas de las fuerzas de seguridad, especialmente aquellas personas a las que se les aplicaron de manera sistemática y periódica los edictos policiales.
Por su parte, la FALGBT+ impulsa un proyecto de Ley Integral Trans que en su artículo 9 prevé el otorgamiento de “un subsidio mensual para personas trans mayores de cuarenta años” equivalente a “una jubilación mínima”, por considerarlas sobrevivientes de una multiplicidad de exclusiones y violencias achacables al estado.