por Marta Gordillo
El “Argentinazo”, “2001” o “pueblada” como denominaron distintos sectores sociales, analistas políticos e historiadores, a los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001, del pasado reciente, cuando el pueblo dijo “basta” a la política neoliberal, a los planes que estaban resquebrajados también en distintos lugares de Latinoamérica, y que encontraban su máxima expresión de oposición en el zapatismo mexicano que se levantó en 1994 para rechazar las “políticas del mal gobierno” y la globalización neoliberal.
Argentina expresaba, de este modo, su pertenencia regional a una continuidad histórica y cultural que incluía al Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil, a la Guerra del Agua de Bolivia en 2000, a la masiva marcha de campesinos indígenas ese mismo año desde la Amazonía y el norte del Ecuador exigiendo la renuncia de Jamil Mahuad por sus planes económicos.
Esos acontecimientos son algunos de los que marcaron un nuevo tiempo que se abre en la región, donde se inscribe el 2001 argentino, cuyos ecos llegan a la actualidad.
Desde ese momento hasta hoy los acontecimientos sucedieron en forma vertiginosa entre intervalos de gobiernos con mayor representación y compromiso social, y gobiernos neoliberales que reeditaban situaciones y sensaciones que habían dejado los hechos de comienzos del siglo XXI.
El estado de sitio decretado por el entonces presidente radical Fernando de la Rúa el 19 de diciembre, anunciado por cadena nacional de televisión, desató una rebelión popular, latente en el entramado social, que empujó a las calles a miles de trabajadores, en barrios y centros urbanos, bajo un sólo grito: “¡Qué se vayan todos!”, revelando la falta de legitimidad del gobierno y de la clase política, que había sumergido a la Argentina en un profundo derrumbe que venía andando desde una década atrás por un callejón sin salida.
Cacerolazos y protestas en los barrios porteños y del conurbano, puebladas en ciudades de las provincias, cortes de calles y rutas, saqueos a supermercados y una multitud en Plaza de Mayo fue la respuesta inmediata y contundente que marcó un hito en la historia argentina y fue capaz de echar a un presidente.
El 19 y 20 de diciembre de 2001, en que la represión policial asesinó entre 36 y 39 personas en todo el país, también fue denominado como “la masacre de Plaza de Mayo”, por la virulencia que tuvo frente a la Casa Rosada, donde mataron a 5 personas, en tanto 227 fueran heridas y 300 detenidas, mientras las madres de Plaza de Mayo fueron agredidas con caballos y bastonazos en el lugar emblemático de la lucha por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos.
En 2001 estalla una política que venía de años atrás. No estaba lejos la economía neoliberal y de endeudamiento de la dictadura militar, ni la hiperinflación de Raúl Alfonsín que pasó del 460 por ciento en abril de 1989 al 764 por ciento en mayo, que llevó a este dirigente radical a anticipar la entrega del mando presidencial a Carlos Menem quien había ganado en las elecciones de ese mes.
No estaba lejos tampoco la continuidad de la hiperinflación que mantiene Menem hasta 1990, ni la política que lleva a cabo con las medidas de privatización, endeudamiento, pérdida de fuentes de trabajo, la convertibilidad del austral, con la paridad con el dólar de la nueva moneda, que pasaba a ser el peso argentino.
El poder insistía en los planes de ajuste, mientras desde abajo surgían los movimientos piqueteros , de trabajadores que resistían las medidas de expulsión del mercado laboral , surgían nuevos movimientos de derechos humanos como H.I.J.O.S en 1995 y la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi) en 1992.
Las condiciones materiales, la violencia institucional y la memoria que dejaron esos años estaban presentes en el 2001.
Con de la Rúa, la crisis económica incrementa los índices de hambre y desocupación, se implanta el 3 de diciembre de 2001 el corralito, impidiendo a amplios sectores de la clase media retirar sus ahorros de los bancos, se incrementa la deuda externa, no se avanza con los juicios de lesa humanidad. La atmósfera se volvió irrespirable.
Dos años y el colapso, y esa medida desesperada que traía a la memoria tiempos de horror, el estado de sitio.
Fue decretado por un mes, pero sólo duró dos días al quedar sin efecto con la renuncia de de la Rúa, quien el 21 de diciembre partía desde los techos de la Casa Rosada en helicóptero revelando la impotencia de un gobierno que había prometido salir del colapso y terminó hundiendo más al país.
De la Rúa fue acusado de homicidio y finalmente “fue sobreseído en 2015, nosotros fuimos a la Corte Suprema pero no quisieron estudiar el caso y quedó firme el sobreseimiento”, precisó a Vertientes del sur Federico Efron, uno de los abogados de los familiares de los víctimas, y coordinador del Área de Litigio y Defensa Legal del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Efron precisó que desde entonces “las familias de las víctimas salieron a buscar justicia; en algunos casos la hubo y en otros no, Fernando de la Rúa murió impune, el ministro de Interior Ramón Mestre murió impune, y hubo muchas absoluciones firmes, como siempre hay una decisión política detrás de la represión del 2001, y como sucede en muchos casos de violencia institucional, de represión a la protesta, hay un poder judicial que no responde como debe y entonces no hay una verdadera respuesta a las víctimas que buscan justicia”.
