Después de La Alumbrera, Andalgalá resiste otra mina

La lucha contra la instalación de una nueva mina a sólo 35 kilómetros de donde hasta hace tres años funcionó La Alumbrera, mantiene movilizados a los pobladores de la localidad catamarqueña nucleados en la Asamblea El Algarrobo, que a principios de abril volvieron a ser blanco de la persecución policial por manifestarse contra el reinicio de las tareas de exploración a pesar de la cautelar que lo prohíbe.



Desde hace 12 años la comunidad de Andalgalá viene resistiendo la instalación Agua Rica a sólo 14 kilómetros de su localidad, un proyecto tres veces más grande que La Alumbrera y ubicado en territorio vedado por la Ley de Glaciares.


El conflicto registró un nuevo punto crítico el pasado 12 de abril, cuando una docena de asambleístas fueron allanados violentamente y detenidos, acusados de haber provocado los incidentes ocurridos dos días antes, durante la tradicional Caminata por el Agua y la Vida de cada sábado.


En esa ocasión, la manifestación había llegado hasta las oficinas de la minera MARA (Minera Agua Rica+Alumbrera, a cargo de la explotación), anoticiados los pobladores que las máquinas habían reanudado las actividades exploratorias cerro arriba de manera completamente ilegal.


“Es el segundo levantamiento de la población de Andalgalá contra la explotación de lo que hoy es Agua Rica”, contó a Vertientes del Sur la abogada de la Asamblea El Algarrobo, Mariana Katz.


La letrada y doctoranda en Historia, recordó que a principios de los años ‘70 una multitudinaria movilización popular de la que participaron estudiantes de la Universidad de Tucumán –distante 250 kilómetros- había frustrado los planes del gobierno de facto, de otorgar el yacimiento en explotación a capitales ingleses.


Katz contó que tanto La Alumbrera como Agua Rica forman parte del área minera conocida como Agua de Dionisio, de una riqueza ya documentada allá por los años 1930 y para cuya explotación se creó en 1958 la empresa interestadual “Yacimientos Mineros Agua de Dionisio” (YMAD) conformada por gobierno de la provincia de Catamarca, la Universidad Nacional de Tucumán y el Estado Nacional.


“La ley de creación de la empresa interestadual sufrió distintas reformas, que tenían que ver con que si el YMAD podía o no hacer acuerdos con empresas transnacionales para explotar los recursos siendo la versión producida durante la última dictadura, a comienzos de los ‘80 y a pedido de Martínez de Hoz, la que continúa vigente”, contó.



En virtud de esta reforma que habilitó la trasferencia de los derechos de explotación a firmas extranjeras, “en la década del ‘90 se llama a licitación y en el ‘94 se firma el primer contrato” con un conglomerado de empresas transnacionales “para llevar adelante la explotación del yacimiento Bajo de la Alumbrera” ubicado a 35 kilómetros de Andalgalá y con el que se inauguró la megaminería en el país en el año 1997.


“La mina fue explotada hasta el 2018, cuando tuvieron que parar porque llegaron a las napas fréaticas. Recién ahí, cuando se agotaron los recursos, se cerró a pesar de que fue condenada en varias causas por contaminación”, dijo.


Entre otras cosas, la justicia comprobó que el mineraloducto que transportaba el barro mineralizado desde Andalgalá a San Miguel de Tucumán, sufrió varias filtraciones a lo largo de sus 350 kilómetros de extensión, contaminando ríos y napas.


Pero ya desde el inicio de esta explotación, los capitales mineros tuvieron en la mira también a Agua Rica -donde se puede extraer oro, plata cobre y molibdeno- , en las proximidades de los nevados de El Aconquija.


“El primer estudio de impacto ambiental para Agua Rica se aprueba en 2009 y los vecinos -que ya estaban muy concientizados por el antecedente de La Alumbrera- reaccionaron saliendo a las calles: ahí nace la Asamblea El Algarrobo, que se llama así porque se encontraban debajo de uno de estos árboles”, contó.


A principios de 2010 la Asamblea presentó un recurso de amparo ambiental alegando la violación al “derecho a vivir en un ambiente sano, que incluye el acceso al agua como un derecho humano fundamental, nuestros glaciares y ambientes periglaciares que están en peligro y que son los que dan nacimiento a nuestros ríos".


Rechazado en todas las instancias por la justicia provincial, los asambleístas recurrieron a la Corte Suprema de Justicia de la Nación que en marzo de 2016 le hizo lugar al recurso extraordinario por considerar que “la explotación podría causar un impacto de daño futuro irreversible, pero que además el estudio de impacto ambiental tiene que ser hecho con participación ciudadana y criterios específicos”. A los asambleístas les había costado nada menos que tres años de espera y dos acampes en sus escalinatas.



En su fallo, el máximo tribunal ordenó que la Justicia de la Provincia de Catamarca admitiera el recurso que previamente había rechazado, en el sentido de detener la actividad de la empresa minera hasta tanto se aprobaran en su totalidad el Informe de Impacto Ambiental (IIA) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).


Hacia fines de agosto de 2016 la justicia provincial falló en el sentido ordenado por la Corte y los primeros días de septiembre de 2016, el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que prohibía la minería metalífera a cielo abierto en la localidad.


Pero en diciembre pasado, esta ordenanza fue declarada “inconstitucional” por la Corte Superior de Justicia de Catamarca en virtud de una presentación realizada por la minera y el gobierno provincial.


“Van a generar contaminación, está probado judicialmente, no van a hacer algo distinto a lo que hicieron hasta ahora. Además, si la actividad está prohibida en Canadá con esta metodología, por qué tienen que venir a hacerlo acá? ¿Porque somos un país pobre? Además, eso de que dejan plata es mentira y si le planteás al pueblo andalgalense, ni aunque dejaran el 100% en regalías lo aceptarían, porque es la vida de ellos”, dijo.



Por su parte, la asambleísta Rosa Farías contó a Vertientes del Sur que la explotación de La Alumbrera y la falta de remediación tras el cierre de mina, tiene “impacto en el aire, en la tierra y el agua” y no esperan otra cosa de Agua Rica.


“En esta zona de Catamarca nos han determinado muchos tipos de cánceres y enfermedades respiratorios pero no hay ningún estudio de la Nación ni de la Provincia. Nosotros sospechamos que la mineralización del agua y la contaminación del aire algo ha incidido”, dijo esta docente jubilada.


Por otro lado, Farías contó que “los emprendimientos productivos se están viendo afectados por la falta del agua” que “merma mucho, por épocas”, afectando entre otras cosas la producción de membrillos, que es muy requerido en la zona por sus características particulares.


Y, en materia económica, lo único tangible que dejó La Alumbrera en sus 23 años de explotación es “un hospital que no tiene más que el médico clínico porque no cuenta con terapia ni especialistas, y de las dos ambulancias, una es donada”.


Mirá también: El “NO A LA MINA” que inició la lucha y se mantiene vigente en Chubut

Después de La Alumbrera, Aldalgalá resiste otra mina

La minera no da tregua, el pueblo tampoco