Transcurrida una década de la sanción de la ley 26743, un total de 12.655 personas rectificaron el DNI para que coincida con su identidad autopercibida. Ahora, la deuda es una política de reparación histórica para las sobrevivientes de la criminalización.
Por Alicia Alvado
Con un banderazo en el Congreso, organizaciones de la diversidad celebraron los 10 primeros años de vigencia de la Ley de identidad de Género (26.743), una norma que desde su sanción el 9 de mayo de 2012 permitió que 12.655 personas rectificaron su DNI para que coincida con su identidad autopercibida, es decir, 26 de cada 100 mil habitantes, según un informe difundido por el Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
En este marco, el Frente Orgullo y Lucha, junto a otras organizaciones LGBT+ y de derechos humanos desplegaron una bandera gigante con los colores que identifican la lucha por los derechos humanos de las personas travestis y trans en la Plaza de los Dos Congresos para poner en valor esta gesta pero también para reclamar “una reparación histórica para las sobrevivientes de la represión institucional por motivos de identidad de género y la inclusión en la seguridad social de las personas mayores” de este colectivo.
En el documento leído en este acto, las organizaciones destacaron las implicancias de la conquista de esta ley, “con la que dimos una contundente vuelta de página en la historia de judicialización, estigmatización, criminalización y patologización de las personas travestis, transexuales y transgénero”.
Cabe destacar que hasta la sanción de la 26.743 las personas travestis y trans dependían de la discrecionalidad de los jueces para acceder al reconocimiento de la identidad autopercibida en el DNI y partida de nacimiento, magistrados que en muchas ocasiones condicionaban su decisión al resultado de pericias psiquiátricas o a la realización de tratamientos hormonales y quirúrgicos. Las intervenciones de adecuación corporal, además, solo podían realizarse en el extranjero porque los médicos tenían prohibido realizarlas por la ley 17.132 de Ejercicio de la Medicina de 1967.
Por otro lado, hasta finales de los años ’90 –en el caso de la Ciudad de Buenos Aires- o bien entrados los 2000, en muchas localidades seguían vigente Códigos Contravencionales y edictos judiciales que le permitían a las fuerzas policiales detener a las personas trans por el solo hecho de serlo, en función de artículos que penaban hasta con 60 días de arresto conductas descriptas como “vestir prendas del sexo contrario” y otras formas de expresar las disidencias de género.
Pero ya desde 1989 algunos fallos judiciales, algunos acuerdos internaciones y algunas políticas públicas fueron prefigurando otro escenario.
Ese año un juez de la Cámara Nacional de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires, en disidencia con el resto del tribunal, reconoció por primera vez el derecho a la identidad de género de una mujer transexual que sin embargo, no consiguió el cambio de nombre y sexo registral.
Cinco años más tarde, la reforma constitucional introduce al texto de la carta magna el compromiso para la eliminación de toda forma de discriminación al incorporar tratados internacionales, y en 1996 la Ciudad de Buenos Aires deroga los llamados edictos policiales que regían desde hacía más de medio siglo, lo mismo que fueron haciendo otras jurisdicciones.
Un año después tiene lugar el primer fallo judicial que ordena la rectificación del DNI de una persona trans que se había sometido antes a una cirugía de adecuación corporal en el extranjero. La solicitante fue la reconocida activista trans Mariela Muñoz y el tribunal, el Juzgado de 1° Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Quilmes.
En 2006 la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que por primera vez reconoce el derecho a la personería jurídica para una asociación del colectivo trans: se trataba de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) que presidió hasta su muerte la activista Lohana Berkins.
Cuatro años más tarde la actriz Florencia de la V se convertía en la primera persona trans en conseguir la rectificación registral en DNI y partida de nacimiento sin necesidad de un intervención quirúrgica o pericias psiquiátricas, en virtud de un fallo judicial que así lo ordena. El amparo lo presentó junto a la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans (Falgbt) y la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina (Attta).
Tras la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario, organizaciones de la diversidad y activistas independientes crean el Frente Nacional por la Ley de Identidad de Género que tiene a Lohana Berkins, Diana Sacayán, Marlene Wayar, Mauro Cabral, Blas Radi y Emiliano Litardo entre sus principales referentes. El proyecto consensuado por este Frente será el que finalmente aprobará el Congreso.
Otro antecedente importante lo constituyó la Ley de Salud Mental de 2010, que en su artículo 3 establece que “en ningún caso puede hacerse diagnóstico en el campo de la salud mental sobre la base exclusiva de la elección o identidad sexual”.
Finalmente, el 9 de mayo de 2012 el Senado le da sanción definitiva y por unanimidad a la ley 26.743, la primera a nivel mundial que no patologiza las identidades trans y permite acceder al cambio registral a través de un simple trámite administrativo, sin necesidad de acreditar pericias médicas, intervenciones quirúrgicas o tratamientos hormonales. Además, reconoce el derecho a la salud integral y la cobertura total de las prácticas de adecuación corporal.
“Conmemoramos el décimo aniversario de una ley de vanguardia en el mundo (…) donde lo único determinante para acceder al derecho es la expresión de la voluntad de cada persona, sin intervenciones judiciales ni médicas”, dijeron desde Orgullo y Lucha.
“Además, es una ley que garantiza el derecho a la salud integral, y el acceso gratuito a tratamientos hormonales y/o tecnologías médicas para construir la propia expresión de género, cuyo acceso se debe mejorar y hacer efectivo en todas las instituciones públicas y privadas a lo largo y ancho de todo nuestro país”, continuaron.
En el mismo documento, celebraron conquistas posteriores, como la ley de cupo laboral trans, el DNI no binario, la creación del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades a nivel nacional y bonaerense, el CUIL/CUIT sin género, así como la conquista del acceso al aborto legal para personas gestantes con diversas identidades de género, que fueron reconocidas en la ley 27.610.
El texto identifica como deudas pendientes: una “reparación histórica para las sobrevivientes de la sistemática violación de los derechos humanos por motivos de identidad de género” consistente en una asignación económica mensual para todas las personas travesti trans mayores de 40 años; “acciones afirmativas para incluirlas en la seguridad social”; medidas de “protección, asistencia y prevención de los travesticidios y la erradicación del travesticidio social”; aparición con vida del joven trans Tehuel de la Torre desaparecido desde marzo de 2021; y “una profunda reforma judicial transfeminista” que dote al sistema de perspectiva de género y diversidad sexual al tiempo que permita a sus agentes “reconocer y aplicar las figuras penales travesticidio, transfemicidio, y transhomicidio”.
“Hoy, cuando los derechos de las mujeres, lesbianas, bisexuales, travestis, personas trans, gays, intersex, no binaries y géneros diversos, están en el centro de los ataques de los conservadurismos religiosos y sectores antiderechos, es necesario poner en valor que hace diez años el reconocimiento a la identidad de género en ambas cámaras del Congreso contó con un amplio consenso del conjunto de los bloques parlamentarios”, dijeron desde este Frente que integran una treintena de organizaciones, entre las cuales está la CHA, 100% Diversidad y Derechos, Mujeres Trans Argentinas, Conurbanes por la Diversidad, La Rosa Naranja, Asociación Familias Diversas (AFDA), Siete Colores Diversidad e Infancias Libres.
“Desde este respaldo, que ha sido producto de la lucha y la militancia del movimiento travesti, trans y LGBTI+, reivindicamos el derecho a la identidad de género como una política de Estado y reclamamos el compromiso de todos los sectores políticos en su defensa”, agregaron.
Según el informe “Caracterización sociodemográfica de las personas que rectificaron sus datos identificatorios de acuerdo a la Ley de Identidad de Género” difundido por el Renaper con motivo del décimo aniversario de la Ley de Identidad de Género, durante este lapso se realizaron 12.655 rectificaciones al amparo de los derechos allí consagrados: el 61,98% (7.635) cambió a la categoría “femenino”, el 35,15% (4.331) a la “masculino” y el 2.87 (354) al “no binario” de nomenclatura “X” de reciente anexión.
“La población que cambió su género en el DNI se caracteriza por ser joven adulta: el promedio de edad actual es de 33 años y la mitad de la población tiene menos de 30 años”, dice el informe.
El mismo dato desagregado por categorías de género muestra que “la población de género varón y no binario” que modificaron su documentación de identidad “es más joven que las personas de género mujer”.
Al analizar la edad de realización del trámite, se observa que casi el 55% de la población lo realizó entre los 18 a 29 años, y la edad promedio es de 28. En tanto, el 7,6% de las rectificaciones se hicieron antes de cumplir los 17 años; el 55% de 18 a 29; el 21.6% de 30 a 39; y el 15.9% a partir de los 40.
Otro dato destacable es que la mayor parte de la población que cambió de género en el DNI reside en los grandes centros urbanos del país: la Ciudad de Buenos Aires presenta la mayor cantidad de habitantes que realizaron el trámite de cambio de género (47 personas cada 100 mil habitantes), seguida por las provincias de Salta, La Rioja y Tierra del Fuego (entre 37 y 36 personas cada 100 mil habitantes). El AMBA, en tanto, explica el 37,5% de los trámites.
Por otro lado, durante la última década 335 (2,64%) de las personas que habían obtenido su nuevo DNI murieron dentro del mismo lapso, siendo lo más destacable la edad de estos decesos: entre las y los fallecidos, la edad promedio de muerte es 40 años y el 75% de esos decesos se registró antes de que la persona cumpliera los 53 años, siendo que la expectativa de vida en la Argentina es de 76,6 años, es decir, casi el doble.
Es decir que las estadísticas de la Dirección Nacional de Población confirman lo que vienen diciendo hace casi 20 años las organizaciones LGBT+: la población trans muere antes de los 40 o 45 años, debido a una cadena de vulneraciones, violencias y exclusiones que concluye en el “travesticidio social”, cuando no en un crimen de odio o “transhomicidio” a secas.
