El atropello "Escondido"

A 50 kilómetros de El Bolsón hay un lago al que solamente acceden el dueño extranjero de la estancia que lo contiene y sus amigos, mientras la provincia de Río Negro desoye hace 13 años una sentencia que le ordenó abrir y acondicionar el camino público que mantienen cerrado. La Sexta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido intentó llegar al espejo de agua para visibilizar esta situación, quedó varada durante horas y sufrió agresiones. El presiente Alberto Fernández dijo que "lo que hablamos (con la gobernadora) es ver de pensar en algún momento un camino que conduzca al lago, y el dueño del campo está obligado de aceptarlo"



Por Alicia Alvado


¿Cómo calificar el caso de un empresario extranjero que adquiere 12 mil hectáreas de tierras patagónicas a sólo 15 kilómetros del límite con Chile, pasando por alto legislación sobre seguridad de fronteras? ¿Y si además esos terrenos incluyen un lago que el inversor decide usar como si fuera su piscina privada impidiendo el acceso al resto de la ciudadanía, sin sufrir consecuencias y con la complicidad de las autoridades provinciales, que desde hace 13 años incumplen una orden de rehabilitar el camino como público?


Preguntas que quedan flotando a partir de la noticia conocida la semana pasada, sobre las agresiones recibidas por los participantes de la Sexta Marcha por la Soberanía del Lago Escondido cuando intentaban llegar hasta este espejo de agua ubicado a unos 50 kilómetros de la localidad rionegrina de El Bolsón y dentro del Establecimiento Hidden Like (Lago Escondido) propiedad del inglés Joe Lewis.


El ataque tuvo lugar el domingo 6 de febrero cuando la columna avanzaba por el único camino presuntamente habilitado al público, para demostrar las enormes dificultades que supone el trayecto “apto solo para personas adiestradas” y la presencia amenazante de guardianes que amedrentan a quienes lo intentan.


Las intimidaciones verbales, tiros al aire y la pinchadura de un kayak, hicieron desistir en su intento a la veintena de manifestantes que, según denunciaron, fueron interceptados por personas armadas y encapuchadas en el vecino Lago Soberanía, en tierras que ni siquiera pertenecen al empresario inglés y cuando estaban a unas siete horas a pie de lograr su objetivo, después de tres días de caminata sin ningún sobresalto.



“Las autoridades se manejan con una vara muy diferente cuando se trata de comunidades de pueblos originarios que reclaman por sus territorios o trabajadores que hacen una toma porque no tienen vivienda: a los dos días son sacados de las pestañas mientras que este pirata hace lo que quiere y no paga nada” dijo el presidente de la Fundación Interactiva para la Promoción de la Cultura del Agua (FIPCA) Julio Urien en conferencia de prensa.


“Hace unos meses hubo un desalojo de una comunidad indígena y entonces sí se abrió el otro camino, el de Tacuifí (el de trayecto corto de ripio que atraviesa la propiedad de Lewis), pero sólo para que pase la policía y el fiscal a reprimir. Nosotros venimos peleando para que se abra a todos los ciudadanos y solo se abrió para que entren a desalojar a la comunidad indígena”, dijo a C5N la titular del INAI Magdalena Odarda, quien denunció penalmente el caso.


Por su parte, Urien adelantó que “vamos a seguir realizando distintas acciones durante el año para exigirle a la gobernadora que deje de ser funcional a Lewis y al Superior Tribunal de Justicia que haga cumplir el fallo porque éste es un caso, pero hay más magnates extranjeros usurpando tierras en la Patagonia”.



La gobernadora Arabela Carreras se excusó de opinar al ser consultada sobre el tema durante su estadía en Madrid como parte de la comitiva que acompañó al presidente en su gira por Rusia y China, porque “no estoy en el detalle de lo ocurrido”, pero aventuró que “no debe ser distinto a lo que ocurre todos los años cuando pobladores que viven en la zona ven alterada su vida tranquila por una cuestión muy ideológica que se manifiesta”.


No obstante, una semana después y ya desde Argentina fue el propio presidente Alberto Fernández quien se pronunció al respecto en un sentido muy diferente, porque sus palabras fueron de apoyo al reclamo de los marchantes, aunque no se comprometió a una resolución inmediata.


"Es un tema raro de entender: alquien ha comprado tierras y para llegar a un lago necesariamente hay que pasar por ahí. Entonces hay que encontrar una solución a ese tema porque el lago no es propiedad de nadie, es propiedad pública y por lo tanto hay que garantizar el acceso público", dijo en diálogo con Radio 10.


"Y lo que proponen los dueños del campo no parece ser una solución razonable de ninguna manera. Lo que hablamos es ver de pensar en algún momento un camino que conduzca al lago y el dueño del campo está obligado de aceptarlo porque es una servidumbre de paso obligado, porque no hay otra forma de llegar al lago", concluyó.


Participando de la sexta marcha junto a militantes de organizaciones políticas de izquierda, de La Cámpora, la CTA autónoma, la CTA de los Trabajadores, una delegación CGT, veteranos de Malvinas, agrupaciones universitarias y de la organizadora FIPCA estuvo también el médico sanitarista y asesor del gobierno bonaerense Jorge Rachid, quien debió ser rescatado en helicóptero tras sufrir una descompensación.


En conferencia de prensa, el médico se mostró complacido porque a su criterio este periplo permitió demostrar que el único camino autorizado, el denominado “de traza larga” -que en realidad es solamente un sendero de montaña- “no lo puede transitar ninguna persona que no esté atléticamente preparada” por las dificultades que plantea el terreno de “peligrosas pendientes”, con lo cual “es mentira que cualquiera puede ir al Lago Escondido”.


“Cuando llegamos al Lago Soberanía armamos cinco kayaks para trasladarnos hasta la otra orilla donde se reinicia el supuesto camino autorizado para llegar al Lago Escondido, pero a un metro y medio de la costa nos encontramos con 10 ó 15 hombres encapuchados que dijeron ‘acá no baja nadie, vuélvanse porque los vamos a pinchar’”, contó en conferencia de prensa.


“Al rato aparecieron 25 ó 30 jinetes encapuchados, refiriendo amenazas mientras nos filmaban. En un momento me pincharon el kayak y tuvimos que empezar a inflarlo para que no se nos hundiera mientras sacábamos el agua, lo que fue de lo más agotador. Retrocedemos un poco y sentimos que gritan ‘vení vikingo (líder del grupo que en 2020 logró llegar al lago) bajá que te vamos a comer asado’”, agregó.


Para todo esto, en el lugar se hicieron presentes dos policías, que no atinaron a hacer nada por la diferencia numérica.


Rachid contó que tras largas deliberaciones y permanecer horas varados en un área incomunicada, “tomamos la decisión de retornar, sumamente cansados, enardecidos y con mucha bronca porque todo esto nos había pasado en el camino que tanto Macri como Lewis dijeron que permitía llegar al lago”.


En paralelo y en el marco de la sexta marcha, otro grupo intentó también infructuosamente llegar a Lago Escondido por el antiguo camino –denominado Tacuifí- que desemboca en la mansión de Lewis.


“Por ahí tampoco pudimos entrar porque hay un portón construido además de las patotas de siempre. O sea que ni uno u otro se puede acceder al lago, que es totalmente privado”, contó a Vertientes del Sur Ernesto Montecino el abogado de la causa por la apertura de un camino público al Lago Escondido e hijo de Odarda.



El Lago Escondido es un lago de origen glaciar que forma parte de la Reserva Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido cuya página web promociona como uno de sus circuitos de trekking la caminata a este espejo de agua que en la práctica Lewis consigue impedir.

Lewis compró las 12.000 hectáreas que contienen el lago en 1996 a través de una dudosa maniobra de triangulación que le permitió sortear las disposiciones del decreto ley 15.385.


Esta norma de 1944 que continúa vigente, creó zonas de seguridad de hasta 150 kilómetros de ancho destinadas a reforzar la defensa nacional a lo largo de las fronteras terrestre y marítima, en las que es “conveniente” que los bienes allí ubicados “pertenezcan a ciudadanos argentinos nativos” pudiendo el Estado “declarar de utilidad pública y expropiar los bienes que considere necesarios”, dice la norma.


En 2012 se inició una causa judicial por la adquisición irregular de estas tierras y en 2016 el Procurador General del Tesoro Carlos Balbín le solicitó al entonces ministro del Interior Rogelio Frigerio que la impulse. La respuesta del ejecutivo como un todo fue contundente: Macri se mostró vacacionando en el establecimiento de Lewis al que llegó haciendo uso del avión privado del empresario inglés mientras que Balbín fue desplazado de su cargo. Cuatro meses después, Macri reformó por decreto la Ley de Tierras Rurales para volver más laxas las restricciones para la venta de campos a extranjeros que había impuesto el kirchnerismo en diciembre de 2011.


Ya bajo la gestión de Alberto Fernández, la causa por la adquisición irregular del establecimiento Lago Escondido se declaró prescripta el año pasado.


“En este caso hubo un vicio de entrada porque Lewis compra el campo a través de una estafa al Estado y el hecho de que la causa se haya declarado prescripta, no quiere decir que no existió el hecho de corrupción”, dijo la exlegisladora provincial y senadora nacional Magdalena Odarda.

La funcionaria explicó que como “ningún extranjero puede comprar tierras en zona de frontera”, el comprador “se presentó como una sociedad argentina, pero resulta que cuando se va a inscribir al registro de la propiedad inmueble de Rio Negro, ya aparece el nombre de Hidden Like”, con lo cual resulta que finalmente “un extranjero compra mediante un acto de simulación un territorio sin la autorización correspondiente”.


“Lo peor de todo es que no solamente eso ocurre en 1996 sino que también ocurre cuando este señor vuelve a comprar otra cantidad de tierras, el campo Bahía Dorada S.A, que queda sobre el mismo corredor del paralelo 42 pero frente a las costas del Océano Atlántico, donde construye un aeropuerto prácticamente de las mismas dimensiones que San Carlos de Bariloche, a mil metros del mar y a 200 kilómetros de las islas Malvinas, con el argumento que con ese aeropuerto se traslada desde la playa hasta su campo (de El Bolsón)”, dijo.


Según Odarda, el aeropuerto privado Bahía Dorada está sospechado de ser usado para realizar vuelos no autorizados ni controlados a Malvinas, a sólo dos horas de vuelo.


“Estamos hablando de un aeropuerto en manos de un extranjero en área de frontera, eso en ningún país del mundo se hubiera permitido, sobre todo con el conflicto diplomático que aún tenemos con Gran Bretaña”, dijo.


En cambio, la justicia le fue adversa a Lewis en el amparo presentado en 2005 por la propia Odarda solicitando la apertura y acondicionamiento de los caminos públicos que llevan al Lago Esondido. La justicia falló a su favor en primera y segunda instancia y la Corte rechazó un recurso de queja contra esta disposición, quedando firme el fallo del Superior Tribunal de Justicia que, sin embargo, sigue sin cumplirse 13 años después.



La sentencia en cuestión, la N° 64/09 del 30/07/2009 fijó “un plazo de ciento veinte (120) días para que se cumpla con la señalización y medidas de seguridad” tanto del “camino constituido mediante la servidumbre” (el de traza larga por donde fue la sexta marcha), “así como el trayecto preexistente que nace en el paraje Tacuifí” (el de traza corta que atraviesa la propiedad de Lewis y hoy está vallado); tarea que quedó a cargo del organismo provincial de vialidad “y demás organismos competentes para asegurar el acceso al Lago Escondido con adecuada señalización y asegurando la transitabilidad…”


El principal argumento de los jueces fue el incumplimiento del artículo 73 de la Constitución de Río Negro, que “asegura el libre acceso con fines recreativos de las riberas, costas de los ríos, mares y espejos de agua de dominio público. El Estado regula las obras necesarias para la defensa de las costas y la construcción de las vías de circulación de las riberas”.


Montecino explicó que lo que aún no está firme es “la sentencia de ejecución de los mandatos del STJ” dictada en 2013 por el Juzgado de primera instancia en lo Civil Comercial y Minería N° 3 de San Carlos de Bariloche, la cual fue apelada por la Provincia.


“Los jueces STJ, el mayor órgano de acceso a la provincia, dijeron que hay que abrir los distintos caminos de acceso al lago y manda a un juez de Bariloche lo haga cumplir, que se encargue de determinar cómo y cuándo hacerlo”, contó.


En respuesta a esto, el magistrado “dio un plazo de 120, 90 y 60 días a la provincia de Río Negro para que cumpla con la señalización y acondicionamiento, pero la otra parte no tardó en apelarlo y como el fallo nunca quedó firme, nunca se puedo obligar a cumplirla”, dijo.

En estos nueve años de “idas y vueltas”, ya pasaron “24 jueces” y “recién en noviembre pasado se pudo conformar un tribunal de la cámara de apelaciones para entender si el juez de Bariloche estuvo bien o mal en su sentencia de ejecución”.


La próxima audiencia ya tiene fecha y hora de realización: será el 9 de marzo a las 10 y las organizaciones buscan que pueda ser televisada para ser seguida por miles de personas vía streaming.


“Lo que dicen tanto la empresa de Lewis como la fiscalía de estado es que en ningún momento juez del STJ menciona la palabra Tacuifi, pero es muy claro su referencia a este camino. El tema es que al no mencionarlo los jueces han dejado esta ventana abierta para seguir discutiendo esta cuestión”, apuntó Montecino.


“El que lo nombra expresamente y dice ‘hay que abrir este camino de Tacuifi’ es el juez Cuellar de 2013, que es el que tenía que ejecutar. Lo que dice este juez de Bariloche es que lo mismo que nosotros entendemos que están queriendo decir los miembros del STJ: que hay que abrir el sendero de montaña y el camino preexistente, es decir, el de Tacuifi”, concluyó.


A su turno, Odarda consideró que mientras la actual situación se mantenga, persiste en territorio rionegrino “un verdadero enclave colonial” donde “rigen unas leyes que no rigen en el resto del país”, con la convalidación explícita y adicional que implica el paso de “funcionarios y gobernadores” disfrutando de sus instalaciones a pesar de que “existe este conflicto desde hace tanto tiempo”.


“Cada verano que pasa es un verano que uno pierde sin poder aunque sea ir a tomar unos mates o sacarse una foto al lago después de desviarse 19.5 kilómetro desde la ruta 40, un trayecto que podría ser parte del recorrido turístico perfectamente”, concluyó.