El grito dado por la comunidad de Esquel cobró fuerza hasta convertirse en una ley provincial que prohíbe la megaminería y multiplicarse en similares normativas en otras siete provincias. Trece años después, las asambleas tienen que seguir defendiéndola frente a los intentos de morigerarla para introducir zonas "sacrificables" para la megaminería.
El movimiento socioambiental contra la megaminería registró su primer gran triunfo colectivo en 2003, cuando por presión popular la provincia de Chubut se convirtió en la primera en prohibir la megaminería a partir de la ley sanción de la ley 5001 que sigue vigente hasta hoy, a pesar de los reiterados intentos por derogarla o modificar su espíritu.
Un paso decisivo en el camino hacia esa ley pionera, fueron los resultados del plebiscito no vinculante celebrado en 2003 en Esquel, donde el 81% de la población le había dicho que no a la explotación de oro y plata en el Yacimiento Suyai de Yamana Gold, ubicado a 10 kilómetros de la localidad. También se realizaron consultas populares en los municipios vecinos de Trevelín, Lago Puelo y Epuyén, donde más del 90 por ciento votó por el ‘No a la mina’.
“Con el plebiscito de una localidad particular se logró una ley provincial porque había una coyuntura particular: veníamos de la crisis de 2001, la sociedad estaba muy movilizada en asambleas que de populares se transformaron en medioambientales y a Das Naves le convenía prohibir la minería a cielo abierto para no enfrentarlas”, dijo a Vertientes del Sur Marina Richeri, bióloga integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio.
Grabada en la memoria colectiva de la comunidad estaba la experiencia de otro “No”, el dado en 1986 a la instalación de un repositorio nuclear en la localidad chubutense de Gastre, muy cerca del yacimiento de plata de La Navidad que la minera Pan American Silver Corp está explorando con la esperanza de que prospere una ley de zonificación minera impulsada por el gobernador Mariano Arcioni que permitiría la actividad en un 20% del territorio provincial.
Pero en estos 18 años transcurridos desde la aprobación de la ley 5001, los movimientos sociales han resistido varios intentos de introducir la megaminería a cielo abierto en la provincia a partir de forzar el sentido del artículo 2 de la ley que ordenaba “la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros” y la “la definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida” en esa ley, en un plazo de 120 días corridos a partir de su sanción.
“El segundo artículo dejó abierta la posibilidad de una zonificación y se siguen agarrando de eso por más que está vencido”, dijo Richeri.
Actualmente, la Legislatura provincial tiene para tratar una nueva iniciativa en ese sentido, presentada por el gobernador para que el 20% del territorio pueda ser afectado a la explotación minera, puntualmente en los departamentos de Gastre y Telsen en el centro-norte de la región de la Meseta.
El proyecto fue ingresado el mismo día que las asambleas socioambientales de la provincia presentaron otro en sentido contrario –prohibición total- por el mecanismo de la iniciativa popular, con el aval de más del 3% del electorado, unas 30 mil firmas.
“Ya habíamos presentado una iniciativa popular en 2014 para un proyecto similar que legisladores kirchneristas quisieron aprobar tergiversado para habilitar, en vez de prohibir, la megaminería. Esa ley fue sancionada, pero durante el debate el diputado Gustavo Muñiz fue fotografiado mientras estaba recibiendo instrucciones de Yamana Gold sobre cómo debían modificar el artículo, y gracias a esa foto y a la presión popular, un año después se derogó”, contó.
Con dictamen favorable, el proyecto de Arcioni no tiene fecha de tratamiento en el recinto, mientras que la iniciativa popular fue rechazada por una diferencia de un voto en la sesión del 7 de mayo pasada.
“Al proyecto oficial creemos que lo van a tratar después de octubre, porque no les conviene generar una revuelta antes de las elecciones, pero está todo listo para aprobarlo”, contó.
La carta con la que cuentan los asambleístas es la medida cautelar solicitada por cuatro comunidades originarias en el marco de un amparo, acción precautoria a la que hizo lugar la jueza laboral Carolina Barreiro que en su fallo ordenó no tratar el proyecto oficial hasta que no se resuelva la cuestión de fondo.
En su presentación judicial, las comunidades cuestionan la legalidad de este proyecto de ley por no haber consultado a los pueblos de la nación tehuelche-mapuche que allí viven como indica el Convenio 169 de la OIT, la Constitución Nacional y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
Richeri aseguró que los pobladores de Chubut ya están resignados a que “mientras estén los minerales en la corteza” las mineras trasnacionales intentarán comprar gobiernos y voluntades para explotarlas y ellos tendrán que defender el territorio de la voracidad de esos capitales.
“Pero no hay licencia social, por más que lo vendan como la vendan, porque no hay evidencia de que la megaminería aumente el bienestar ni de la comunidad donde está ni del entorno, ni tampoco aporte a las arcas nacionales”, dijo.
Más bien todo lo contrario: “nosotros vemos que provincias que sufrieron la imposición de este modelo con Catamarca y San Juan, son las que tienen mayor pobreza y las que recibieron mayor cantidad de IFES durante la pandemia, un indicador de poblaciones vulnerables”
“El problema no es solamente la contaminación y el abuso del consumo de agua y energía, sino que la megaminería transforma a los pueblos en pueblos conformados al servicio de esa actividad con la que es muy difícil competir porque eleva el costo de los alimentos, de los alquileres y la gente que vivía ahí habitualmente y no se incorpora al circuito, tiene que irse”, concluyó
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