El difícil camino de enjuiciar a los empresarios colaboradores de la dictadura y beneficiarios del genocidio. La película "Argentina, 1985 " y la vigencia de avanzar en la lucha contra la impunidad.
Por Leonardo Castillo
La complicidad empresarial con los crímenes de lesa humanidad es uno de los aspectos más difíciles de encarar para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, y a pesar de los avances que se registraron este año los beneficiarios del genocidio siguen eludiendo el accionar de la Justicia. Una pelea que persiste a 37 años del juicio a las Juntas Militares de la última dictadura.
El estreno de la película "Argentina, 1985" renovó por estos días la discusión sobre la vigencia de los juicios y la necesidad de avanzar en un aspecto que los procesos sobre crímenes del terrorismo de Estado no han cubierto en su totalidad.
El film de Santiago Mitre, a pesar de los aspectos críticos que se puedan señalar, versa sobre un momento fundacional y crucial de la lucha del movimiento de los derechos humanos y las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que se instrumentarían en los primeros años el siglo XXI tras la anulación de las leyes de impunidad y los indultos del expresidente Carlos Saúl Menem.
Pero cuando el juicio a los comandantes de las juntas militares que gobernaron el país entre 1976 y 1982 comenzó con la acusación que encabezó el fiscal Julio César Strassera en los primeros años de una democracia incipiente, el aparato represivo del Estado se encontraba intacto y amenazante.
Más allá de las consideraciones que puedan hacerse -y con validez- sobre el rol que tuvo el entonces funcionario judicial durante la última dictadura militar, la realización de ese juicio, la labor del equipo que lo acompañó, el enorme valor que tuvieron los testigos que declararon en ese debate y la lucha de los organismos, pusieron en aquellos días la piedra fundacional de un camino contra la impunidad que aún continúa.
No obstante, analizar en 1985 el rol que tuvieron los verdaderos beneficiarios del genocidio que instrumentaron los militares era un aspecto difícil, cuando no imposible, de someter a revisión en los estrados judiciales.
Los grupos empresariales que señalaron a delegados y comisiones internas que terminaron desaparecidos quedaron por años fuera del alcance de la justicia.
Fueron empresas que obtenían grandes ganancias mediante la política de endeudamiento y transferencia de los sectores asalariados al capital que impuso José Alfredo Martínez de Hoz.
Recién hace una década, cuando al calor de los gobiernos kirchneristas se afianzaban las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, comenzaron a ponerse en revisión la cuestión de la complicidad empresarial con el genocidio.
Se trata de un aspecto que tuvo muchos retrocesos, con investigaciones paralizadas y demoradas en kafkianos laberintos diseñados por un poder que no está dispuesto a tolerar que se investiguen sus crímenes del pasado.
Frustraciones y avances judiciales frente a la impunidad empresarial
Uno de los casos es la frustrada investigación sobre la apropiación de Papel Prensa por parte de los directivos de los diarios Clarín y la Nación, quienes nunca fueron llamados a una indagatoria y finalmente resultaron sobreseídos tras un extenso y bien tramado juego de dilaciones y argucias judiciales y políticas.
Pero más allá de estas dificultades, y la permanencia de casos que aún siguen sin ser investigados, este año se produjeron novedades positivas en varias causas sobre la complicidad empresarial.
En octubre pasado la Cámara Federal de San Martín anuló los sobreseimientos de Juan Ronaldo Tasselkraut, directivo de la empresa Mercedez Benz, imputado por el secuestro de trabajadores de esa fábrica automotor.
A principios de 2022, la jueza de San Martín Alicia Vence había dictado el sobreseimiento de Tasselkraut por su posible vinculación con crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, esa decisión fue apelada por las querellas y por la fiscalía. En función de ello, la Cámara Federal de San Martín, integrada por Juan Pablo Salas, Marcelo Fernández y Marcos Morán, anuló esa decisión y dispuso el procesamiento de Tasselkraut.
En el marco de los denominados juicios de la verdad que se iniciaron a fines de los años ’90, cuando las leyes de impunidad impedían el avance de las investigaciones penales de los delitos de lesa humanidad, Tasselkraut, debía presentarse a declarar a uno de estos procesos, cuya finalidad principal era conocer el destino de los desaparecidos.
-¿Hay alguna relación entre el secuestro de obreros y el aumento de la productividad que tuvo Mercedes Benz durante esos años?—le preguntaron al directivo, en aquel momento.
-Y, milagros no hay- respondió con total soltura. Ahora, por el trabajo incansable de los familiares de las víctimas y sus querellas, Tasselkraut deberá explicar por qué el aumento de las ganancias que la automotriz alemana generó en su planta de González Catán no fue obra de la divina providencia.
La pelea contra la impunidad implica una lucha contra un enemigo inexorable. El tiempo es el gran aliado que tienen en la actualidad los beneficiaros del genocidio.
Prueba de ello es el caso del empresario Carlos Blaquier, propietario del Ingenio Ledesma de Jujuy. El 20 de julio de 1976, más de 400 trabajadores, estudiantes y dirigentes políticos fueron secuestrados en un hecho que se conoce como “La Noche del Apagón”.
El dueño de este ingenio azucarero ubicado en la localidad de Libertador General San Martín está acusado, entre otros crímenes, de haber autorizado secuestros con camionetas de la empresa y torturas en sus instalaciones.
Beneficiado en varias instancias judiciales, la Corte de Justicia ordenó que a sus 94 años sea sometido a una pericia para determinar si está en condiciones de afrontar un juicio. El Tribunal Oral de Jujuy había dispuesto que la revisión psicofísica debía realizarse el 26 de octubre, pero fue pospuesta para el próximo 30 de noviembre. Blaquier ganó un poco más de tiempo, la impunidad también.
Otro caso está vinculado a un medio periodístico. Si hubo un diario que respaldó durante años los crímenes del terrorismo de Estado con un línea editorial persistente y consecuente, ese fue sin duda La Nueva Provincia, de Bahía Blanca, ciudad donde está asentado la base naval de Puerto Belgrano y el V Cuerpo de Ejército, lugares emblemáticos de la represión ilegal en el sur de la provincia de Buenos Aires.
Su propietario, Vicente Massot, estuvo acusado por los secuestros de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel Ángel Loyola perpetrado entre el 30 de junio y el 4 de julio de 1976, tras un conflicto sindical registrado el año anterior en la empresa editora. Sin embargo, el dueño de la Nueva Provincia se benefició con un sobreseimiento.
Para Los fiscales Miguel Angel Palazzani y Pablo Fermento, existen ahora "elementos probatorios que fueron agregados a la causa y no tenidos en cuenta al momento del dictado de la falta de mérito del empresario”, dice la presentación que realizaron en el marco de la contestación del traslado que le confirió el Juzgado Federal de Bahía Blanca tras un nuevo pedido de sobreseimiento de la defensa del empresario, en septiembre pasado.
Por eso consideran ahora que “corresponde rechazar el sobreseimiento pedido por su defensa y disponer su procesamiento por instigación del genocidio y como coautor del homicidio de dos obreros gráficos".
Los representantes del Ministerio Público señalaron que el ex dueño de la Nueva Provincia "llevó a cabo operaciones psicológicas para las fuerzas armadas, como presentar públicamente los fusilamientos de las víctimas como enfrentamientos”.
En Tucumán, y luego de varios años de parálisis, la causa por la responsabilidad empresarial en la represión ilegal a los trabajadores del ingenio La Fronterita en Tucumán fue elevada a juicio oral en diciembre del año pasado.
Cuatro ex directivos de la empresa, Jorge Alberto Figueroa Minetti, quien era el administrador, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, deberán responder por los crímenes contra 68 personas, en su mayoría trabajadores del ingenio, dirigentes y militantes sindicales de base y colonos que residían en los barrios construidos por la empresa.
Sin embargo, el inicio del debate aún no tiene fecha, lo que es motivo de alarma para fiscales y querellantes, frente a estos empresarios cómplices de secuestros, tormentos, abusos sexuales y homicidios.
En marzo de este año, la fiscal federal Paloma Ochoa dio ejecución a las primeras medidas de prueba destinadas a establecer si la quiebra del grupo económico Sasetru, orquestada durante la última dictadura cívico militar, debe investigarse como delito de lesa humanidad, en respuesta a un dictamen elaborado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (Proculesa).
La fiscal busca que se investiguen las responsabilidades que tuvieron en esos hechos los directivos del Banco Central de la República Argentina (BCRA) que formaban parte del gabinete del entonces ministro de Economía José Alfredo Martínez De Hoz.
A mediados de la década del '70, Sasetru era la principal productora de alimentos del país con más de 10 mil empleados, diez establecimientos fabriles y presencia en ciudades de Europa y América que la consolidaron como la primera multinacional argentina.
Pero los funcionarios civiles del terrorismo de Estado la empujaron a una quiebra plagada de irregularidades que constituyó un despojo, según la denuncia que impulsa Jorge Salimei hijo, uno de los últimos directivos que tuvo este conglomerado de empresas.
Mientras tanto, las 25 medidas solicitadas por el Ministerio Público Fiscal están pendientes de una resolución. La lucha por Memoria, Verdad y Justicia es una película que continúa de una generación a otra. Los organismos, los familiares de las víctimas y demás imprescindibles se niegan a ponerle un punto final.
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