por Alicia Alvado
Hospital Neuropsiquiátrico Braulio Moyano. Foto Télam
El manicomio, esa institución con una larga historia en el país cuya muerte fue decretada hace 10 años por la Ley de Salud Mental, no dejará de existir el 1 de enero de 2021 en todo el territorio nacional como había dispuesto esta norma, pero está en proceso de hacerlo.
Hace una década, la adopción de esta norma considerada “de avanzada” implicó que la legislación argentina en salud mental se adecuara a los tratados internacionales de derechos humanos y a la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad
Es que la norma define por primera vez a la salud mental desde un enfoque de derechos, limita las internaciones, impone abordajes multidisciplinarios, fija un mínimo presupuestario de 10% de los fondos destinados a Salud, prohíbe la creación de nuevos manicomios y ordena la readecuación de los existentes que ya no podrán seguir funcionando como hospitales monovalentes.
Además, la norma establece que “las internaciones de salud mental deben realizarse en hospitales generales” donde “el rechazo de la atención de pacientes, ya sea ambulatoria o en internación, por el solo hecho de tratarse de problemática de salud mental, será considerado acto discriminatorio”.
Esto supone un cambio de paradigma en materia de salud mental en concordancia con los tratados internacionales, para pasar de un modelo “hospitalocéntrico”, tutelar y de aislamiento; a otro basado en la atención en hospitales generales y una red integrada de dispositivos intermedios de base comunitaria (casas de medio camino y de convivencia, centros y hospitales de día, talleres, emprendimientos sociolaborales), la autonomía con apoyos y la inclusión social.
“En el modelo manicomial hay encierros que se cronifican y las personas pierden sus lazos sociales, familiares o afectivos. Esto vulnera su derecho a la vida independiente y en común porque además son segregados del mercado de trabajo y educativo. Y no recuperan su salud sino que se deteriora”, dijo a Vertientes Eduardo Quiroga de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), organización que viene llevando adelante la campaña “Argentina sin manicomios”.
Los testimonios de usuarios de los servicios de salud mental que pasaron por largos períodos de internaciones así lo demuestran.
“En el manicomio uno siente ansiedad, aislamiento. Siente la mirada estigmatizante(…) Siente que no puede preguntar (…) Uno piensa: ¿Quién me metió acá? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Y los responsables?”, describió Juan, un usuario de los servicios de salud mental para la campaña “Argentina sin manicomios” de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.
"Hospital Borda" de Adriana Lestido (Foto AGN)
“Miles de vidas están hoy bajo tutela psiquiátrica, con inodoros rebalsados de excrementos, con rejas en las puertas, con represión policial, agua fría para bañarse, las sábanas sucias, cuartos llenas de bichos, comida vieja, rostros demacrados, olor feo…Hablemos de la alternativa al manicomio, exijamos al Estado más casas de medio camino y los derechos básicos de cualquier persona”, agregó.
Otra persona que atravesó una internación, Ana, aseguró que “estoy segura que el hospital no es un buen lugar para vivir”.
“Cuando me internaron supe por primera vez en la vida lo que era estar fuera del círculo de familiares y vecinos. Algunas prácticas como las duchas colectivas, la falta de espacios para la intimidad, o la presencia de enfermeros varones, me dañaron el pudor”, afirmó.
A su turno, María sostuvo que “la forma de vida en el hospital” donde estuvo 22 meses internada, “fue profundamente dañina” para ella.
“Cuando salí de la crisis ya había perdido toda posibilidad de retomar mi vida, la forma propia del hospital me encerró”, dijo.
Para Verónica, en tanto, “estar en el manicomio es mucho peor que estar en la cárcel” porque “se pierden los lazos afectivos” y hay una ausencia total de autonomía dado que “todo está establecido sin margen para elegir qué hacer, cuándo, cómo, con quiénes”, en “una repetición sin fin que hace perder la condición de persona”.
“Estando internado no podía dejar de cumplir a rajatabla lo que decían los médicos. Tomaba ocho medicaciones por día que, en su mayoría, no resolvían el problema. Una vez casi me matan por el exceso de psicofármacos. Por milagro sigo vivo”, apuntó por su parte Eduardo.
Y si bien la total desmanicomialización no será alcanzada en el plazo previsto por la ley, ese objetivo está más cerca de cumplirse con la reciente puesta en marcha de los planes de reconversión de los cuatro hospitales neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires y el renovado impulso a esta política a nivel nacional, tras los cuatro años de retroceso macrista.
Acceso al Hospital Borda (Foto Télam)
“En este momento estamos trabajando con los 24 jurisdicciones en el diseño y implentación de planes de sustitución de sus hospitales monovalentes, para que sea una realidad en los próximos cinco años”, dijo a Vertientes el secretario de Salud Mental de la cartera sanitaria nacional, Hugo Barrionuevo.
Por su parte la secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de la ley (ONR), Graciela Iglesias aclaró a este portal que el fin de los manicomios “no implica que los usuarios quedan desatendidos o en abandono sino todo lo contrario”, ya que la ley establece que este “proceso de desinstitucionalización de las personas que aún se encuentran hospitalizadas” debe ir acompañado por la creación de “una red integrada de atención con base comunitaria”.
Barrionuevo aclaró que tampoco quiere decir que ya no habrá internaciones por padecimientos mentales, sino que se producirán “sólo cuando hay riesgo cierto e inminente, en hospitales generales y por el menor tiempo posible”.
El Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental realizado el año pasado arrojó que había 12.035 las personas institucionalizadas en 162 manicomios de todo el país, donde el tiempo promedio de permanencia era de 8 años y el 37,2% continuaba internado por “problemas sociales y de vivienda” a pesar de que estaban en condiciones de obtener el alta médica.
Pero en 2006 eran más de 25 mil las personas internadas, según el informe “Vidas arrasadas” de ese año elaborado por el CELS.
Aprobada el 25 de noviembre de 2010, la ley 26.657 de salud mental vino a reemplazar a la 22.914 que había sido instituida por el gobierno del dictador Reynaldo Bignone en 1983.