La resolución que emitió recientemente el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires para prohibir el lenguaje inclusivo en las aulas -una práctica lingüística y comunicacional en desarrollo acorde a los procesos sociales y culturales- remite a otros momentos de censura, autoritarismo, de imposiciones por decreto sobre lo que se puede y no se puede decir. Algo así como un revés conservador y dictatorial.
Por Marta Gordillo y Alicia Alvado
¿Qué pasó? ¿Acaso no se venía usando en algunas resoluciones que bajaban de la misma cartera educativa porteña a las escuelas palabras donde se utilizaba la “x” o el “@“ como los primeros intentos para marcar la inclusión? ¿Cómo puede ser que se plantee que los problemas de comprensión de texto y de escritura que pueden tener les estudiantes del secundario obedecen al uso de palabras inclusivas, que además se utilizan poco y no están aún generalizadas en los establecimientos educativos?
El mismo sentido común que niega esa justificación del gobierno porteño, permite deducir que los problemas que pueden presentar los estudiantes en Lengua y Literatura tienen un origen mucho más complejo, como bien lo saben los profesores de esa materia.
El conflicto que plantean las autoridades porteñas es político-ideológico, tiene que ver con la oposición a la significación del lenguaje inclusivo, con la palabra que legitima la diversidad, que abre la posibilidad a lo no binario, que da libertad a la identidad, a la auto percepción.
“Establézcase que en el ejercicio de sus funciones, los/as docentes en los establecimientos educativos de los niveles inicial, primario y secundario y sus modalidades, de gestión estatal y privada, deberán desarrollar las actividades de enseñanza y realizar las comunicaciones institucionales de conformidad con las reglas del idioma español, sus normas gramaticales y los lineamientos oficiales para su enseñanza”, dice la resolución 4/2022 del Ministerio de Educación porteña que encabeza María Soledad Acuña, una politóloga sin ninguna experiencia en la enseñanza.
En una posterior conferencia de prensa de Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, el jefe de gobierno porteño argumentó que “en la escuela hay que respetar el idioma español porque los índices muestran que es urgente; no podemos perder un día más" como si hubiera una relación entre ambos hechos.
La medida generó inmediatamente fuertes reacciones de repudio de las organizaciones de la diversidad, de los gremios docentes, de la junta departamental de la carrera de Letras de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y de Amnistía Internacional, que elevó un pedido de informes “con el objetivo de conocer en qué investigaciones se basó para fundamentar que el lenguaje inclusivo entorpece el aprendizaje del alumnado”, que aún no fue respondido.
Además, se presentaron al menos tres recursos de amparo colectivos contra la medida: el primero fue interpuesto por las referentes de izquierda Celeste Fierro y Vanesa Gagliardi, el segundo por la legisladora del Frente de Todos Laura Velasco, y el tercero por Manuela Castañeira, Inés Zadunaisky, Federico Winokur y Violeta Alonso del partido Nuevo MAS junto al movimiento feminista Las Rojas.
“Es una disposición que atenta directamente contra el derecho humano a la libertad de expresión garantizado por la Constitución y también contra la libertad de cátedra”, dijo a Vertientes del Sur el escritor, profesor de Castellano, Literatura, Latín y activista no binarie, Sasa Testa.
Además, consideró que si de por sí, es “gravísimo que une docente pueda recibir una sanción por el simple hecho de hablar en inclusivo en el aula”, la medida resulta aún más preocupante teniendo en cuenta que el ejercicio de la tarea docente “está muy mal paga y es ninguneada muchas veces con complicidad de los medios”.
Por otro lado, aseguró que la apelación a los malos resultados en las pruebas de Lengua y Literatura como argumento para prohibir el lenguaje inclusivo “me parece bastante pobre”, en un contexto de viandas escolares y condiciones edilicias “paupérrimas” cuya incidencia en la calidad del proceso educativo se soslaya.
En este sentido, no sólo es falaz el argumento que pone como causante de los problemas de aprendizaje en Lengua y Literatura al lenguaje inclusivo, sino que oculta las verdaderas causas de esos problemas y no se asume la responsabilidad que tiene el gobierno respecto a las condiciones de funcionamiento de las escuelas, la falta de presupuesto y la brecha tecnológica que existe en el ámbito educativo.
Testa negó tanto la posibilidad de “neutralidad” de cualquier lengua como que el uso del lenguaje inclusivo tenga implicancias gramaticales que dificulten la comprensión.
En relación con las cuestiones gramaticales, explicó que “una palabra, un sustantivo, con una flexión morfológica con ‘o’, ‘a’ o ‘e’, no va a perder su función privativa y no privativa dentro de la oración y la lengua. Si yo digo ‘los chicos saben lo que quieren y lo exigen’ el sujeto será ‘los chicos’, si digo ‘las chicas saben lo que quieren y lo exigen’ el sujeto será ‘las chicas’, y si digo ‘les chiques saben lo que quieren y lo exigen’ el sujeto será ‘les chiques’. Entonces el argumento de que impide comprender la estructura de una oración, es evidente a todas luces que no es así”, dijo.
Por su parte, Mercedes Rabanal, docente de Lengua y Literatura en dos escuelas porteñas de educación media de los barrios de Flores y Lugano y en un Bachillerato Popular también de Lugano, expresó a Vertientes del Sur que la medida del gobierno cayó como un balde de agua fría, “no lo veíamos venir; hay bastante descontento por parte sobre todo de los profesores, hay mucha indignación".
Manifestó que “son esas cosas que sacan de la galera para posicionarse electoralmente y para generar malestar en la docencia, uno siente que continuamente están generando malestar en quienes estamos trabajando en las escuelas”.
Precisó que la prohibición del lenguaje inclusivo “es una medida autoritaria, antidemocrática, intimidatoria, porque yo a veces lo uso como profesora para saludar, no todo el tiempo, pero hay momentos que está bueno marcar la inclusión, que no quede nadie afuera. Con esta medida me siento expuesta a que alguien pueda denunciar, una se empieza a sentir perseguida, y bastante vulnerable”.
Rabanal destacó la importancia de que “judicialmente se pueda hacer algo para dar marcha atrás con esta medida y que una se pueda sentir libre para hablar”. Contrastó la resolución del gobierno con la política pedagógica que se lleva adelante en los bachilleratos populares donde “no vamos a abandonar el lenguaje inclusivo, ahí no hay problema”.
Asimismo, destacó que “la explicación que dieron para justificar la disposición no tiene nada que ver porque los problemas que tienen los chicos con la lectoescritura no se relacionan con usar el lenguaje inclusivo; las problemáticas que tienen los estudiantes tienen que ver con la dificultad para comprender y para redactar; el lenguaje inclusivo es una cuestión muy acotada, muy específica, que no modifica la sintaxis y lejos está de modificar la comprensión”.
Por su parte, Sol Bove, maestra de primaria de una escuela de Pompeya y especializada en Educación Sexual Integral (ESI), expresó a Vertientes del Sur que la medida ministerial impactó muy fuertemente en la escuela donde “todes hablamos en lenguaje inclusivo, las carteleras las hacemos con lenguaje inclusivo, las notas para las madres y los padres también, y ahora estamos recibiendo esta noticia, pero no sacamos ningún cartel y seguimos diciendo chiques”.
“El tema -continuó- es que es una disposición del Ministerio y te pueden hacer un asiento (un apercibimiento, una nota, una suspensión) en tu legajo de actuación, no sabemos bien cuáles van a ser las represalias; el Ministerio está muy persecutorio con suspensiones. No sabemos qué va a pasar”.
En este sentido, dijo que muy probablemente “fomenten la delación, como hicieron hace unos años que habían puesto una línea para denunciar la ‘supuesta intromisión ideológica’ en las aulas”.
Bove expresó que “antes de las mediciones que hizo el gobierno de la Ciudad sobre intención de voto, ellos mismos mandaban comunicaciones a las escuelas utilizando la ‘x’ como inclusivo, y ahora habrán visto que están bien posicionados y esas cosas que parecían ‘progre’ las bajaron mostrando lo que son”.
“¿Por qué usamos lenguaje inclusivo? Porque es romper con el binarisimo , incluye al que no sabe qué genero tiene o tiene un género fluido, que es cuando alguien no se identifica con ninguno de los dos géneros o se considera sin género. En ese caso es chique y es necesario incluirlo”, enfatizó.
Bove caracterizó la medida de “machista y colonialista” y expresó además que “la ministra no es docente, no sabe lo que es estar en el aula, no tiene fundamentos para decir que el lenguaje inclusivo obstaculiza el proceso de alfabetización”.
Asimismo, la abogada trans Cristina Montserrat Hendrickse, que es profesora de Historia en la Escuela Normal Superior Nº6 “Vicente López y Planes” de la Ciudad de Buenos Aires, planteó que hará uso de su objeción de conciencia.
“No pienso ir contra mí misma, no pienso negarme, invisibilizarme ni censurarme. No voy a acatar esta resolución a todas luces discriminatoria y anticonstitucional”, dijo a la agencia Presentes.
Aseguró que se reserva el derecho “de iniciar acciones contra ese gobierno por afectar mis sentimientos más íntimos y mi proyecto de vida”.
Hendrickse precisó que la ministra Acuña “no llega a demostrar cuál es el nexo causal entre el lenguaje inclusivo y los resultados de las pruebas. No hay un solo estudio que acredite esa hipótesis. No tiene ningún tipo de sustento científico. Solamente hay en el trasfondo un sustento ideológico evidente de LGTBIfobia”.
Mientras tanto, en ámbitos académicos, de la sociedad civil y de otros poderes del estado, se avanza en un sentido muy diferente a lo ordenado por Larreta.
De hecho, el año pasado la diputada nacional del Frente de Todos, Mónica Macha, presentó un proyecto de ley para que se garantice el derecho a la utilización de esta forma de expresarse en todos los ámbitos pero sobre todo en las escuelas, y la editorial Chirimbote inició una campaña en redes con ese mismo objetivo en coincidencia con el comienzo del ciclo lectivo. Además, en la actualidad una veintena de instituciones académicas aprobaron el uso del lenguaje inclusivo, entre ellas las Facultades de Sociales, Filosofía y Exactas, de la UBA; la UNsam; la UNR; la UNGS; la UNC; la UNA; el Instituto Joaquín V. González y el Colegio Mariano Acosta.
“La resolución artera del gobierno de la ciudad de Buenos Aires pareciera desconocer o desoír el aval que las casas de altos estudios e instituciones académicas de prestigio -es decir, las que producen, circulan y reproducen los saberes- han dado al lenguaje inclusivo y que habilitan a escribir una tesis, un ensayo, un parcial un artículo académico en lenguaje inclusivo”, recordó Testa.
Meses atrás y con motivo del inicio del ciclo lectivo, el lingüista y lexicógrafo Santiago Kalinowski había asegurado a la agencia Télam que "es falso decir que la lengua es inocente de los sesgos de género" y que prohibir una "intervención" como el lenguaje inclusivo, que busca visibilizar esos desequilibrios, "es discriminatorio y afecta el derecho a la libertad de expresión". "El lenguaje inclusivo elige ciertas palabras y les produce un cambio no codificado, que no forma parte del sistema lingüístico como lo conocemos -aunque provenga de allí- que tiene como objetivo crear conciencia sobre la persistencia de la desigualdad de género, y por eso expresa un posicionamiento político", puntualizó el también director del Departamento de Investigaciones Lingüísticas y Filológicas de la Academia Argentina de Letras, aunque no expresa la postura institucional.
"A la lengua no se la encuentra hecha, la hacemos los hablantes, y es bastante esperable que esté atravesada por los sesgos y dinámicas de poder de las sociedades que las hablan. Acá hubo un monopolio ancestral del varón que tuvo una especie de correlato en el modo en que se codificó el género en la lengua; porque no se puede disociar el hecho que se tome el masculino como genérico, del hecho que los lugares de visibilidad eran masculinos, que el paisaje humano era masculino. Eso no se puede disociar de la historia social ancestral de la especie que es androcéntrica", dijo Kalinowski. En este contexto, "dado que la intervención del lenguaje inclusivo está muy marcada políticamente con el objeto de modificar el entorno político y cultural en el sentido del rechazo de la predominancia del varón", es una forma de pronunciamiento político y como tal "no lo podemos prohibir porque estaría afectando su libertad de pronunciarse políticamente ante un tema. "Si le prohibís a alguien su derecho a hablar con ese lenguaje inclusivo, no le prohibís solo esas palabras, sino las ideas que hay atrás, y esto es un rasgo discriminatorio que afecta el derecho a la libertad de expresión", destacó. No obstante y por las mismas razones aseguró que "estigmatizar a alguien porque usa la 'o', es problemático", porque además ese uso responde a "la lengua tal como está codificada" y el genérico masculino se utiliza hasta "de manera inconsciente".
