Impunidad que pesa internacionalmente

El caso Octavio Romero, el suboficial de Prefectura asesinado en 2011 después de haber solicitado permiso para estrenar la ley de matrimonio igualitario en esa fuerza, mutó de sentido esta semana: es que si bien sigue siendo uno de los crímenes de odio más atroces por haber sido presuntamente cometido por miembros de una fuerza de seguridad en plena democracia, ahora es también el primero que el Estado argentino reconoce no haber investigado como debía, faltando así a responsabilidades internacionalmente contraídas .


Por Alicia Alvado


“Creo que esta solución amistosa sienta precedente para otros casos y por lo menos ahora va a haber un protocolo de actuación (ante hostigamientos por orientación sexual dentro de las fuerzas de seguridad), que es fundamental porque después de lo de Octavio, a mí me contado otros chicos (gays) de Prefectura que fueron amenazados y a un suboficial le dijeron directamente que ‘iba a terminar como Octavio Romero’”, dijo a Vertientes Gabriel Gersbach, el novio de Octavio los últimos 12 años de su vida y con quien planeaba casarse en diciembre de 2011.


El miércoles 7 de agosto de este 2022, el Salón Puiggrós del Archivo Nacional de la Memoria (Ex Esma) fue escenario de una audiencia muy especial por el caso 132/18 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra Argentina iniciado por Gersbach con el acompañamiento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Fundación Igualdad en 2012.


“El que firmamos hoy es un acuerdo histórico porque es la primera vez que un Estado llega a una solución amistosa por un crimen de odio en la región”, dijo a Vertientes Pedro Paradiso Sottile, ex presidente de la CHA y actual titular de la Fundación Igualdad.


En tanto, la directora adjunta de ACIJ Celeste Fernández explicó que “el reconocimiento de responsabilidad internacional por parte del Estado argentino, no es por el crimen de Octavio (en sí) -que todavía la justicia no comprobó si fue cometido por la Fuerza- sino porque la investigación penal no fue hecha de acuerdo a los estándares internacionales”, como consecuencia de lo cual “seguimos sin saber lo que pasó”.


Octavio trabajaba en la Prefectura Naval Argentina como Suboficial 1° y tenía previsto casarse con su pareja, Gabriel Gersbach, un enlace que de haber podido concretarse se habría convertido en el primer matrimonio igualitario con un integrante de las fuerzas de seguridad como contrayente.


Es que la ley de matrimonio igualitario, la 26.618, se había sancionado apenas un año antes del crimen y ese 2011 resultó el de mayor cantidad de casamientos entre personas del mismo género en la Ciudad de Buenos Aires: 609. Gabriel y Octavio debería haber sido la pareja 610; la forma más extrema de violencia homofóbica se los impidió.


“Ya lo habían amenazado y hostigado superiores de Prefectura, pero lamentablemente nunca dijo sus nombres. Yo lo que me arrepiento es de no haber hecho una nota con la prensa contando de nuestro matrimonio, para resguardarlo de un ataque así”, se lamenta hoy Gabriel.


Octavio fue visto con vida por última vez el día 11 de junio de 2011, cuando salió de su casa ubicada en el centro porteño para ir a celebrar un cumpleaños con amigos en el barrio de Caballito al que nunca llegó. Es más, todo parece indicar que fue secuestrado –o “chupado”- de su casa, de donde desapareció quedando la puerta abierta y las luces encendidas.


Tras seis interminables días de angustia y búsqueda, el 17 de junio de 2011, su cuerpo desnudo apareció flotando en la intersección de la Avenida San Martín y el Río de la Plata, en el partido bonaerense de Vicente López. Lo habían torturado y arrojado inconsciente a esas aguas marrones que le provocaron la muerte por ahogamiento.


La investigación recayó en la Fiscalía de Instrucción Nº 40 -que hasta hace poco tuvo a su cargo la fiscal Estela Andrades- y el Juzgado Nacional de Instrucción en lo Criminal Nº 24 –que este año dejó vacante Juan Manuel Ramos Padilla (padre)- con nulos avances en 11 años al punto que la causa 65761/11 no tiene ni siquiera imputados y aún no se sabe si quiera dónde estuvo Octavio entre el 11 y el 17 de junio de 2011 o cómo lo trasladaron desde el centro porteño a la costanera norte. Sigue sin poder ubicarse, además, tanto el teléfono celular como el arma reglamentaria de la víctima.


Según el Informe Anual del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT+ elaborado por la Federación Argentina LGBT+, en 2021 “hubo 17 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual” de los cuales 11 correspondieron a mujeres trans, 5 a varones gay cisgénero –como era el caso de Octavio- y 1 a un varón trans.


“Lo conocí durante una salida con amigos. Me llamó la atención porque era un chico que bailaba muy bien. Un amigo me dice ‘mirá qué bien baila, ¡cómo me gusta!’ Le dije ‘yo te lo traigo’ y allá fui. Pero él me dijo ‘a mí no me gusta tu amigo, a mí me gustás vos’ y así empezamos”, cuenta Gersbach.


Por entonces, Octavio ya llevaba un año como suboficial de Prefectura, pero no se lo contó de entrada a Gabriel.


“Pasa que yo tenía ocho años más, viví la dictadura militar y jamás me hubiera metido con un milico pero a él lo acepté porque cuando lo supe ya estábamos enganchasídimos y él era una persona que siempre me decía que no se identificaba con nadie de las fuerzas, donde todos eran machitos alfa”, dijo.


De hecho, Octavio había tenido que soportar reiteradamente bromas pesadas, hostigamientos, sanciones y hasta amenazas anónimas por su orientación sexual en el Edificio Guardacostas donde desempeñaba tareas administrativas.


“Nosotros siempre íbamos a la marcha del orgullo y él me decía que tenía que ir con la cara pintada, con sombrero, porque había personal de inteligencia que lo podía identificar. De hecho una vez lo apercibieron con tres días de arresto. Además ya lo habían amenazado y hostigado otros superiores de Prefectura, lo tremendo es que nunca dijo los nombres”, contó.


Por todas estas razones, Octavio tenía pensado cambiar de profesión y volcarse a la diplomacia. Con ese norte había estudiado dos idiomas y estaba cursando la carrera de relaciones públicas internacionales en la USAL.

Y todo se había vuelto peor después de que el joven correntino de 33 años solicitara permiso a sus superiores para casarse con Gabriel, un requisito del que los integrantes de las fuerzas de seguridadfueron relevados recién después del crimen de Octavio a través de la Resolución 548/11 del Ministerio de Seguridad de la Nación, que a partir de esta solución amistosa será renombrada como “Octavio Romero”.


Después de haber pedido esta autorización, por ejemplo, la puerta de un baño apareció con la pintada “Octavio Romero puto”, por ejemplo.


No obstante, los enamorados seguía adelante con uno de los proyectos más anhelados de sus vidas y “estábamos preparando una fiesta divina” con la participación de diferentes artistas amigues de la pareja, como la cantante Charo Bogarín –que les regalaría su actuación- como del diseñador gráfico Alejandro Ros quien diseñaría la tarjeta de casamiento con el mismo entusiasmo con que hizo las tapas de los álbumes Dynamo y Sueño Stéreo de Soda Stéreo y tantas otras.


“Volvimos de una luna de miel anticipada en Europa y al mes lo secuestran y lo matan; no solo lo matan sino que aparece torturado, desnudo, golpeado, alcoholizado y a orillas del Río de la Plata, como en la dictadura”, dijo.


Durante el primer año de investigación, Gersbach tuvo que soportar además que lo tuvieran como sospechoso del crimen según una hipótesis “pasional” de los hechos que no cerraba por ningún lado, pero que le impidió durante 12 meses ser querellante en la causa.


En 2015 parecía que finalmente se reactivaría la investigación con una pista firme, cuando la fiscal y el periodista Franco Torchia recibieron un informe anónimo con información detallada que avalaba una versión de los hechos según la cual el crimen fue cometido por integrantes de la propia fuerza que habrían actuado movidos por la homofobia. Incluso, en la carpeta se aseguraba que toda la información relativa al crimen estaba en un disco escondido en uno de los edificios de prefectura. Pero como la orden de allanamiento se dictó un mes después, ya no se encontró nada.



“Por cómo está escrita, la carpeta proviene de alguien de adentro. Gran parte de la información tiene correlación con los hechos, por ejemplo yo no me explicaba el nivel de alcohol en sangre que tenía y eso se explica por la tortura conocida como ‘el submarino seco’ que ahí dice que le aplicaron. Pero para que esa carpeta hubiera servido, la justicia tenía que actuar rápidamente y no lo hizo”, dijo.


Ante la falta de avance en la investigación judicial, Gabriel Gersbach presentó una denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El 20 de noviembre de 2018, la CIDH adoptó su Informe de Admisibilidad del caso.


A comienzos de 2021, se inició un proceso de diálogo entre la parte peticionaria y el Estado Nacional, que fue coordinado por la Dirección Nacional de Asuntos Jurídicos Internacionales en materia de Derechos Humanos de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el que participaron representantes diferentes organismos del Estado además del Ministerio de Seguridad y de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, tales como el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Canal Encuentro y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).


Luego de más de un año de trabajo, las partes llegaron a un acuerdo de solución amistosa en el que Estado admite que la investigación judicial incumplió con “la debida diligencia reforzada que rige en materia de violencia por motivos de género, aplicable a los crímenes contra el colectivo LGBTIQ+”, pero también “reconoce que la inexistencia de una respuesta judicial adecuada tuvo un severo impacto sobre la integridad personal de Gabriel Gersbach” y se obliga a otorgarle una reparación pecuniaria a determinar.



También se compromete a brindar apoyos a la fiscalía a cargo de esclarecer lo sucedido, a implementar acciones de reparación simbólica y políticas de no repetición

Entre las políticas de reparación simbólica se cuentan la incorporación del caso en el Plan Nacional contra la Discriminación del INADI y la producción de un documental sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad por parte del Canal Encuentro.


Como garantía de no repetición se destacan la creación de un “protocolo de actuación frente a denuncias por discriminación en razón de la orientación sexual, identidad de género y/o característica sexual” para ser utilizado en la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación, la elaboración de un programa de capacitación “Octavio Romero” destinada a cadetes y aspirantes, la difusión de un cuadernillos sobre diversidad sexual en las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento del acceso a la justicia de las personas LGBT+ en situación de violencia de género y el trazado de “lineamientos generales para el abordaje de los travesticidios, transhomicidios y homicidios por prejuicio o discriminación basada en la orientación sexual o característica sexual”.


“Se trata de un crimen de odio que marcó un antes y un después porque iba a ser el primer prefecto en unirse en matrimonio igualitario pero también porque luego vino un poder judicial homofóbico, hegemónico y excluyente que no quiso ni supo avanzar en esta causa como en tantos otras con víctimas nuestra comunidad”, dijo Paradiso Sottile.


“Simbólicamente es muy valioso que el Estado esté haciéndose cargo de que la justicia argentina no tiene perspectiva de género; ahora esperamos que las medidas de no repetición se puedan aplicar”, concluyó Fernández.