Faltaban sólo dos días para que se conmemorara el “Día de la Raza” aquel 10 de octubre de 1947 cuando se inició un nuevo capítulo del genocidio indígena que había comenzado 455 años antes, con el “descubrimiento de América”, y que no se detiene hasta ahora en nuestro continente.
Ese día y los subsiguientes, más de 400 integrantes del pueblo pilagá fueron fusilados, ametrallados desde el aire y perseguidos hasta morir por efectivos de seguridad en el paraje formoseño de Las Lomitas.
Setenta y cuatro años después y con un fallo reciente de la justicia civil que condenó al Estado Nacional a una reparación económica colectiva por haber incurrido en “genocidio”, la Federación de comunidades Pueblos Pilagá de la Provincia de Formosa “sigue exigiendo justicia” porque el resarcimiento monetario “es insuficiente para todo el pueblo Pilagá actual”, según informaron en un comunicado.
El recorrido judicial que terminó en esta sentencia recurrida, se inició hace 14 años, con una denuncia penal y una demanda civil contra el estado nacional por "daños y perjuicios, lucro cesante, daño emergente y determinación de la verdad histórica", con la Federación de Comunidades Indígenas del Pueblo Pilagá entre sus impulsores.
En julio de 2019 hubo sentencia en el fuero civil que condenó al Estado instituir el 10 de octubre como efémeride nacional en conmemoración de la masacre de La Bomba, a construir un monumento en homenaje a las víctimas y a otorgar 42 becas de estudio para el pueblo pilagá (reparaciones no patrimoniales). Además, el Estado fue sentenciado a pagar a la Federación una indemnización y construir obras públicas en beneficio de esta comunidad (reparaciones patrimoniales).
“Apelamos este fallo porque se habían calificado los hechos como delito de lesa humanidad y nosotros entendíamos se trata de genocidio, porque lesa humanidad es un ataque generalizado y sistemático contra la población civil pero genocidio es la intención de exterminar a un pueblo y esto es lo que sucedió con los pilagá”, explicó a Vertientes del Sur la abogada de la Federación, Paula Alvarado.
Participaron como amicus Curiae en esta instancia cinco organizaciones de derechos humanos: SERPAJ, APDH La Matanza, Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, La Gremial de Abogados y La Red de Estudios sobre Genocidio y Política Indígena.
El 21 de octubre de 2020 la Cámara Federal de Resistencia confirmó la sentencia de primera instancia y, si bien incorpora el término genocidio para referirse a la masacre, la sentencia del tribunal de alzada fue apelada nuevamente por los demandantes a través de un recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque “no se ordenó el pedido de perdón del Estado y se mantuvieron los mismos montos de reparación económica que son desproporcionados en relación a los casos del terrorismo de estado” de la última dictadura.
Más rezagada quedó la causa penal tras la muerte del único imputado –el copiloto del avión fusilador- cuando estaba a punto de ser llevado a juicio, y la secretaría penal del mismo juzgado debe resolver ahora si hace lugar al pedido de dos de los tres querellantes -la Federación y el sobreviviente Julio Quiroga- para que se lleve adelante un "juicio de la verdad".
“Más allá de eso, es un paso súper importante el reconocimiento (judicial) de la existencia de la masacre y de que la consolidación del estado nacional se produjo sobre la base de un genocidio”, agregó.
Con la expresión "Masacre de La Bomba" se conoce la represión llevada adelante por Gendarmería, la Fuerza Aérea y la Policía de Territorios Nacionales contra pilagás en el paraje La Bomba -próximo a la localidad formoseña de Las Lomitas-, entre el 10 y el 30 de octubre de 1947, que incluyó fusilamientos, desapariciones, torturas, violaciones, secuestro y trabajos forzados de cientos de personas, según confirmó el fallo.
Transcurría por entonces la primera presidencia de Juan Domingo Perón.
“Vinieron los milicos y empezaron a disparar. ¡Pobre gente! Caían niños, mujeres, ancianos... Me acuerdo que a un hombre le quebraron la pierna y a otro le dispararon en la boca (…) y a una mujer la balearon en la nuca”, testimonió el sobreviviente de la matanza del paraje La Bomba, Ni'daciye, para el libro y documental “Octubre Pilagá” de la documentalista y escritoria Valeria Mapelman
“Todos los troncos de los árboles quedaron llenos de balas, por eso Gendarmería los volteó después. Sólo había 50 metros entre ellos y nosotros (…) Si no hubieran cortado el monte hubiéramos encontrado todas las balas incrustadas, pero pasaron las topadoras y se llevaron los ranchos y los árboles”, agregó sobre los fusilamientos perpetrados muy cerca de la localidad formoseña de Las Lomitas, a 300 kilómetros al oeste de Formosa capital.
En los días previos, miles de personas de diferentes comunidades se habían juntado a escuchar a un sanador pilagá en La Bomba, lo que comenzó a preocupar a las fuerzas de seguridad.
La reiterada negativa a abandonar el lugar fue interpretada como un acto de rebeldía y se desató la represión, comandada por el 18 Escuadrón de Gendarmería con asiento en Las Lomitas.
Con ráfagas de ametralladoras se buscó dispersar una multitud armada solo con sus biblias, tras lo cual comenzó una persecución por el monte hasta con un avión de la Fuerza Aérea cuyo copiloto -Carlos Smachetti- fue el único imputado por tratarse del último sobreviviente entre los responsables materiales.
Los que pudieron escapar lo hicieron en dirección hacia sus comunidades, que en algunos casos estaban a varios días de caminata. Pero muchos se fueron muriendo y los capturados con vida fueron llevados prisioneros a las colonias indígenas de San Bartolomé de Las Casas y Colonia Muñiz.
Los cuerpos fueron enterrados en fosas comunes, dos de las cuales fueron excavadas durante el proceso judicial y allí se ubicaron 27 restos humanos.
“Muchos ancianas y ancianos que hoy ya no están dieron su testimonio sobre lo ocurrido en el año 1947. Mujeres, niños y niñas, ancianos y ancianas sufrieron sin agua. Sin comida. Sin calzado. Sin ropa. Caminaron por el monte días y noches. Hoy como hijos sobrevivientes seguimos luchando para que haya justicia para los Pueblos Pilagá céntrico oeste formoseño”, concluye el comunicado conjunto de la Federación de comunidades Pueblos Pilaga Provincia de Formosa, Osvaldo Caballero, Consejo de Representantes, Cipriana Palomo, Consejo de Mujeres, Ángel Navarrete, Consejo de Ancianos y Secretario Tomas Domínguez.
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