La ciudad que roba a sus desposeídos

Desplazamientos forzados, hostigamiento, amenazas, robos y destrucción de pertenencias son algunas de las conductas en que suelen incurrir funcionarios de Espacio Público y la policía de la Ciudad de Buenos Aires en relación a las personas en situación de calle que viven en esta capital, situación que llevó a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación a presentar un amparo solicitando se ordene al gobierno porteño cesar con estas acciones.

Por Alicia Alvado


La presentación –a la que tuvo acceso Vertientes- incluye pruebas fotográficas y audiovisuales que dan cuenta de 11 hechos diferentes ocurridos entre 2020 y 2022, y que fueron relevados por el Registro Unificado de Violencias (RUV) elaborado por la Asamblea por los Derechos de las Personas en Situación de Calle.


Así, por ejemplo, tres videos aportados por un vecino dan cuenta de cómo la esquina de Corrientes y Riobamba del barrio porteño de San Nicolás, fue escenario el 11 de febrero de 2021, a las 2 de la madrugada, del violento desalojo de una ranchada. Sin escuchar los gritos de las personas que claman por sus escasas pertenencias, funcionarios de Espacio Público y de la Policía de la Ciudad tiran y patean todo lo que encuentran, con apoyo de un camión de basura blanco donde vuelcan el resultado de esta destrucción.


Un mes antes, una situación similar vivió Juan Carlos –un cartonero de 60 años- en la esquina de Honduras y Soler del barrio de Palermo, donde llevaba viviendo 13 años, según una transmisión en vivo de Facebook de la organización “Amigos en el Camino” que todavía puede verse en su muro, al momento del desalojo.


“Vinieron y me dijeron que tenía que levantarme e irme, porque si no me lo tiraban y sacaban todo (los cartones juntados en un día de trabajo). Tenía que irme sí o sí, y tuve que levantar todo e irme a otro dado”, contó en esa oportunidad con la voz quebrada a una vecina que interrumpe el testimonio para contar que el hombre es “muy querido por todas las vecinas y vecinos del barrio”.


En el caso del desalojo de personas en situación de calle ocurrido en Pasaje del Carmen y Viamonte del barrio de San Nicolás, el 27 de mayo de 2021 por la noche, los agentes de Espacio Público no sólo levantan camas y colchones pertenecientes a personas en situación de calle, sino que el video muestra también cómo esas pertenencias son arrojadas dentro de un camión triturador de basura; con lo cual “no sólo les sacan sus objetos, sino que los rompen en frente a ellos”


Otra víctima de este tipo de procedimientos es Mario Carrizo, de 40 años, a quien “en lo que va del año 2022 le robaron en tres oportunidades los agentes de Espacio Público del Gobierno de la Ciudad” en la vereda de Juan Bautista Jantin 2100 donde vive, entre Avenida Chiclana y Rondeau, en el barrio de Boedo.



“Y hablamos de ‘robo’ porque el secuestro de las cosas no queda asentado en ningún acta ni se le indica a la persona en qué lugar puede retirarlas. Se las quitan de manera ilegal y no aparecen nunca más”, describe el recurso de amparo.


Colchón, frazada, una lona para protegerse de la lluvia, una radio portátil, ropa, una bolsa de dormir, un equipo de mate, elementos de cocina, sillas y documentos personales, todo se lo llevaron en tres diferentes oportunidades, dejándole sólo lo que tenía puesto y una mochila, con la excusa de que tenían que “desinfectar” la vereda.


Por otro lado, en el recurso se denuncia que entre los servidios que las y los vecinos pueden solicitar online o telefónicamente a la Ciudad de Buenos Aires en materia de “Limpieza y desinfección”, se cuenta la de “Limpieza e Higienización de Espacios Públicos por Asentamientos Precarios”, como se puede ver en este enlace.

“Es decir, que el propio GCBA en su página web ofrece un ‘servicio’ que tiene que ver con ‘limpiar’ a personas que se ven obligadas a vivir en la calle por motivos múltiples , como si esas personas fueran basura. Y en la práctica, es literalmente cierto que lo que se hace es ‘barrer’ a las personas y a sus pertenencias”, dice el texto de la presentación.


Inicialmente, el planteo de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación adoptó la forma de un habeas corpus colectivo, que tuvo que reformulado como amparo por indicación judicial y finalmente recayó como tal en el Juzgado Nº 20 del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, pero que en tiempos de feria tramitará el Juzgado de Feria Nº1.


“Lo que está sucediendo ahora particularmente en la Ciudad de Buenos Aires es que está habiendo una política de hostigamiento y amenaza sistematizada por parte del gobierno porteño a través del ministerio de Espacio Público acompañado por la policía local”, dijo a Vertientes el director de políticas contra la violencia institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, el Mariano Przybylski.


El funcionario explicó que estos organismos “tienen como metodología acudir a las ranchadas donde vive gente en situación de calle, quitarles todas sus pertenencias que cargan en camionetas o directamente trituran en los camiones que comprimen la basura, sin dejarles ningún acta”, con lo cual incurren en “un robo”.


“Les exigen que se vayan del lugar donde viven, que no vuelvan más porque si no les van a volver a sacar las cosas y en muchos casos esa amenaza se hace efectiva y, si regresan, a los días aparece otra vez la gente de la Ciudad de Buenos Aires y les vuelven a quitar las pertenencias”, contó.

Otra práctica común para desplazar a las personas en situación de calle consiste en “manguerear y baldear los lugares” los lugares donde suelen parar o dormir las personas “para que queden mojados y no puedan volver”.


“Es decir, hay una constante política de hostigamiento y amenaza que en lo personal creo que tiene como objetivo que esas personas salgan de la Ciudad y, si no les queda otra que vivir en la calle, que lo hagan en la provincia o en otro lugar que no sea esta capital”, dijo.

Przybylski explicó que la demanda se elaboró a partir de las denuncias recibidas por parte de organizaciones sociales que trabajan en la asistencia a personas en situación de calle y que han dado cuenta a la secretaría de situaciones detectadas mientras desarrollan su labor.


De hecho, la presentación judicial se realizó al día siguiente haber mantenido una reunión con representantes de la Asamblea Popular de PSC -un colectivo de organizaciones sociales, políticas y comunitarias que luchan por los derechos de las personas en situación de calle y en riesgo de estar- que entregaron fotos y videos de casos concretos relevados en el Registro Unificado de Violencias (RUV) que vienen construyendo desde 2021.


“En la gestión de Mauricio Macri como jefe de gobierno porteño, durante los años 2007 o 2008, ya habíamos tenido una experiencia nefasta, histórica, que fue la famosa UCEP (Unidad de Espacio Público), que realizaba un poco las mismas prácticas que vemos ahora pero que aflojó cuando se visibilizó, se puso en agenda y tuvo lugar alguna intervención judicial”, contó.


Como consecuencia de las denuncias y expresiones de repudio, incluso “se disolvió la UCEP y de alguna manera cesó esa conducta hacia las personas en situación de calle, pero estamos viendo que en los últimos meses volvió” aunque ya no bajo una nueva dependencia específica sino “de la mano de Espacio Público” que viene adoptando “una política muy parecida y muy agresiva como la que hubo al comienzo del gobierno de Macri” como jefe comunal.



“Siempre fue una política de los gobiernos del Pro de ‘limpiar’ la ciudad y que no se vean personas en situación de calle viviendo en sus calles, lo cual para el gobierno porteño no se logra con políticas de inclusión social o de redistribución de ingresos o de vivienda sino barriendo a la gente hacia el conurbano fuera de la ciudad”, concluyó.


Por su parte, la investigadora del Conicet, psicóloga e integrante de la Asamblea Jorgelina Di Iorio aseguró a Vertientes que “no es que no hay política” en relación a las personas de situación de calle por parte del gobierno de la Ciudad, “sino que hay una política de la mortificación, del destrato y la violencia”.


Di Iorio explicó que “la asamblea es un colectivo conformado por más de 16 organizaciones que vienen garantizando la asistencia en términos alimentarios, de salud, de contención de las personas en situación de calle en la ciudad desde hace muchísimos años”, que se reunieron para denunciar “las violencias sistemáticas de las que son objeto las personas en situación de calle en la CABA”, tanto en términos de “violencia social” o ataques de odio de los que dan cuenta los medios de comunicación como de “violencia institucional” o acciones represivas por parte de agentes estatales relevados por organizaciones, vecinos solidarios o activistas en el territorio.


Específicamente en materia de violencia institucional, “nosotros venimos registrando en formato audiovisual, en fotografía y relatos, esto que nosotros llamamos ‘desplazamiento forzado del espacio público’” y un determinado “modus operandi”.




“No labran un acta administrativa, les roban las pertenencias, no les dicen dónde las pueden ir a buscar, les piden que se corran de determinados lugares -en muchas ocasiones a empujones-, les queman las cosas, manguerean el lugar. No nos parece casualidad que el ministerio se llame también de ‘higiene urbana’”, dijo.


La activista explicó que “con toda esa información que fuimos recuperando entre 2019 –año de creación de la Asamblea- y 2021, la ordenamos, la sistematizamos, y creamos una herramienta colectiva, el RUV, que nos permite ir juntando esta información”. Esos mismos datos son los que hace unas semanas llevaron a una reunión con la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que conduce Horacio Pietragalla Corti “para tratar de canalizar esa denuncia en términos de violencia institucional hacia las personas en situación de calle” que como las pruebas adjuntadas demuestran, “no son hechos aislados”.


Se trata de “relatos de las personas de calle que habían sido desplazados” pero también videos o fotografías tomadas por vecinos solidarios e “incluso secuencias grabadas por las mismas organizaciones que estaban presentes en el momento en que se ejercía la violencia”, algunos de los cuales “se producen a la luz del día, delante de cualquiera y sin ningún disimulo”.


El observatorio de medios del RUV dio cuenta en su informe 2021 que durante ese año los medios dieron cuenta de 33 hechos de violencia social hacia personas en situación de calle (29 hombres y cuatro mujeres), producto de los cuales “23 resultaron en víctimas fatales y 10 con lesiones graves” siendo más de la mitad de los decesos “producto de negligencia o falta de asistencia”.


Del total de hechos violentos relevados, “18 sucesos que clasifican como ataques de odio, de los cuales 10 resultaron en el fallecimiento de la víctima”.

“La limpieza social la venimos denunciando desde el 2009 y tiene que ver con una lógica de gestión de la ciudad”, concluyó.


El último Censo Popular de Personas Viviendo en Situación de Calle de 2019, registró entonces 7.251 personas en situación de calle efectiva, de las cuales 5.412 duermen a la intemperie.