La renovada embestida privatizadora de la costanera del Río de la Plata que en febrero sufrió un revés con el rotundo "NO" a la venta de Costa Salguero de la audiencia pública, ahora intenta avanzar con la habilitación para construir decenas de torres en la ex Ciudad Deportiva Boca Juniors.
Por Alicia Alvado
El próximo 15 de octubre, la ciudadanía porteña tendrá oportunidad de volver a hacer historia en defensa de su Costanera, cuando se realice la audiencia pública convocada tras la aprobación en primera lectura del convenio urbanístico celebrado entre la Ciudad de Buenos Aires y la empresa IRSA para la construcción de un nuevo Puerto Madero con torres de hasta 145 metros de altura en la ex ciudad deportiva Boca Juniors, junto al barrio Rodrigo Bueno y la Reserva Ecológica Costanera Sur.
El antecedente inmediato es la audiencia pública realizada en los meses de enero y febrero pasados por la privatización de Costa Salguero, que se extendió más de 30 jornadas con la participación de 2.058 expositores; el 98% de los cuales se expresó en contra del proyecto.
Como consecuencia de esta multitudinaria y contundente manifestación, el tratamiento del proyecto quedó pospuesto y, en consecuencia, frenada la venta.
En el caso de Costanera Sur, el predio se encuentra en manos privadas desde hace más de 30 años, cuando el Club Boca Juniors se lo vendió a una empresa que cinco años después compró la empresa Inversiones y Representaciones S.A. (IRSA).
Hasta ahora el gigante inmobiliario no había conseguido que la Legislatura le aprobara los diferentes convenios celebrados con la Ciudad, que en todos los casos implicaban rezonificaciones del mayor terreno en manos privadas de la Ciudad -71 hectáreas- donde solamente está autorizada la construcción de instalaciones deportivas, pero la historia empezó a cambiar el 19 de agosto pasado.
Y el principal argumento del nutrido movimiento socioambiental que se opone a la aprobación del convenio, es que “se trata de un humedal, de los pocos que le quedan a la ciudad de Buenos Aires” y citan, como ejemplo de las consecuencias que su destrucción traería aparejada, los casos de Nordelta y Luján, donde el relleno para la construcción de countries es responsable de las recurrentes inundaciones de áreas que antes no se anegaban.
Un terreno que se soñó estadio
“En el caso de Costanera sur, el propietario es el grupo IRSA y, si uno lo plantea así, parece una situación muy distinta a la de Costanera Norte. Pero si uno ve la historia, este predio que se conoce como ex Ciudad Deportiva de la Boca está en un estadio más avanzado de privatización que Costa Salguero, que recién ahora lo quieren vender”, dijo a Vertientes del Sur Jonatan Baldivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
La historia de la ex ciudad deportiva comenzó a escribirse en 1964, cuando el Congreso nacional sancionó la ley 16.575 que autorizó al club de la ribera a rellenar hasta 40 hectáreas del Río de la Plata –que terminaron siendo 71-, entre la Avenida España y la prolongación de la calle Humberto I.
La norma establecía además que en un lapso no mayor a 10 años, el Club debería construir ahí un estadio con capacidad mínima para 140.000 espectadores; una sede social; canchas de fútbol, básquetbol y tenis; un gimnasio; piletas de natación; pista de atletismo y patinaje sobre hielo; espacios cubiertos para espectáculos deportivos y artísticos; un área de juegos para niños; y alojamiento para concentración de deportistas participantes de grandes torneos.
Las obras avanzaron a buen ritmo hasta 1969, cuando entraron en unas virtual paralización mientras el club se sumía en una crisis cada vez más profunda. Pero en vez de cumplir con lo que establecía la ley –que ordenaba que el terreno y las obras debían pasar sin indemnización a manos de la Ciudad de Buenos Aires en caso de incumplimiento- los sucesivos gobiernos fueron prorrogando los plazos hasta que en 1989 el Congreso sancionó la ley 23738 que donó definitivamente los terrenos al Club -aunque hubiera incumplido sus compromisos- y le autorizaba a venderlo.
No obstante, la norma sólo permite realizar allí obras o actividades “propias de un complejo balneario, náutico, turístico, hotelero y/o comercial, con disposición para Centro de Convenciones, Ferias y/o Centro Habitacional”.
Tres años después, el club vendió el predio por un valor cercano a los 50 millones de dólares a la sociedad Santa María del Plata, que a su vez en el año 1997 se los vendió al grupo IRSA.
“No solamente le regalaron el predio a pesar de no cumplir con lo estipulado, sino que lo autorizaron a que venda a un tercero. ¡Imaginate que ahora le demos a un club 71 hectáreas y que a los tres años te enteres que las vendió!”, dijo.
Privatizaciones disfrazadas de donaciones
Baldivieso explicó que se trata de “la misma movida” efectuada la privatización indirecta de tierras públicas involucrada en la construcción del estadio Movistar Arena del barrio de Villa Crespo, “un terreno que se le dio a Atlanta, con la diferencia que en este caso el club lo concesionó por 40 años, no lo vendió”
En el caso de Costanera Sur, “no estaríamos ante una privatización sino de la consolidación del despojo de la tierra pública” a partir de convenios y leyes a medida de los inversores privados que compran barato tierras que se revalorizan de un día para el otro a partir del cambio de las reglas del juego por parte del Estado.
“Acá hay un parangón con Nordelta y todo el tema de los carpinchos porque Eduardo Constantini compró un humedal barato porque no se podría construir y termina consiguiendo los permisos y haciendo un barrio cerrado y ganando millones de dólares solamente por el cambio el uso y la capacidad constructiva del predio”, dijo.
El abogado ambientalista explicó que desde que compró la ex Ciudad Deportiva en 1997, “IRSA cada dos o tres años firmaba un convenio urbanístico para que se lo vote la Legislatura y no lo había logrado hasta ahora” por dos razones, fundamentalmente.
“Por un lado, la Coalición Cívica, que tenía por principio no votarle nada a Irsa por ser el rostro del extractivismo en el país, ahora cambió y apoyó el proyecto. Y, por otro lado, mientras en proyectos anteriores siempre se entendió que hacían falta dos tercios, es decir, 40 votos que requieren acuerdo con el bloque opositor, esta vez dijeron que era suficiente con mayoría absoluta y para eso tuvieron los votos”, expresó.
No obstante, esto último “se hizo violando la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que es la que dice qué normas se votan con mayoría absoluta o de dos tercios” y por eso ya se presentó una denuncia judicial.
El caso ya había sido judicializado porque, a criterio del demandante Observatorio del Derecho a la Ciudad, se omitieron dos de las tres audiencias públicas que requiere la aprobación de este tipo de proyecto y los tribunales le dieron inicialmente la razón a los activistas, razón por la cual el tratamiento del proyecto estuvo suspendido entre el 21 de julio y el 16 de agosto.
“El Plan Urbano Ambiental dice que antes de la firma del convenio urbanístico se tiene que realizar un estudio de impacto ambiental y convocar a audiencia pública -lo que no hicieron-. Además, la Constitución de la Ciudad dice que para el caso de proyectos que modifican la planificación de la ciudad, se tiene que convocar una audiencia pública obligatoria antes del tratamiento legislativo y eso tampoco lo hicieron”, añadió.
A fines de julio, el Juez Guillermo Scheibler, ordenó suspender el trámite del Proyecto de Ley N° 1831-J-2021 (Costa Urbana) hasta tanto el Poder Ejecutivo acompañe las actuaciones administrativas que den cuenta del cumplimiento de las previsiones de la Ley N° 123 de Evaluación de Impacto Ambiental respecto del convenio urbanístico (Evaluación de Impacto Ambiental y Audiencia Pública Obligatoria).
Pero el pasado 16 de agosto, el juez Luis Ammirato del Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario Nº 10 revocó la medida precautelar de Scheibler y “entendió ahora que la audiencia debe realizarse solo antes de sanción definitiva y porque era antieconómico hacer dos audiencias” y por eso se pudo avanzar con el tratamiento y aprobación en primera lectura, que tuvo lugar el pasado 19 de agosto.
Un contrasentido ambiental
Por otro lado, cientos de espacios y asambleas urbanas, ambientales, feministas, sociales, sindicales y políticas presentaron un proyecto alternativo con más de 5000 firmas para recuperar estas 71 hectáreas de humedales y transformarlas en una nueva reserva ecológica.
Es que además de un nuevo caso de “saqueo de tierras públicas”, el proyecto Costa Urbana que IRSA planea construir en la ex ciudad deportiva es “un contrasentido social, urbano y ambiental”, mientras el Parlamento Nacional se sigue negando desde 2013 a tratar la ley de humedales que le daría un marco de protección a éstos y otros terrenos costeros.
“De avanzar este mega emprendimiento inmobiliario, lo que va a generar es por un lado la destrucción del humedal y por otro lado un conjunto de impactos ambientales que serán irreversibles para el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires, pero en particular para la vecina Reserva Ecológica”, dijo a Vertientes del Sur la ingeniera civil y Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la UBA, María Eva Koutsovitis.
Por un lado, las torres proyectadas “van a modificar el escurrimiento superficial y subsuperficial de las aguas, aumentando en los predios aledaños la frecuencia de las inundaciones”, pero también “van a modificar las condiciones de asoleamiento y a generar un conjunto de impactos sonoros a partir de la elevada densidad constructiva que van a poner en riesgo la biodiversidad de la reserva”.
“Es un predio fundamental, al igual que el conjunto del borde costero para, en el marco de la crisis climática, poder afrontar aumento en el nivel de las aguas, para permitir que los vientos y las brisas ingresen desde las costas para mitigar las olas de calor y las inundaciones que son las dos amenazas de origen natural que la ciudad tiene”, dijo.
La posibilidad de sufrir inundaciones se verá incrementada en los barrios aledaños teniendo en cuenta que “al ser un suelo de relleno y un humedal, tiene una bajísima capacidad portante y elevado riesgo hídrico”, por lo cual, la construcción de torres “hará necesario la destrucción y el relleno del humedal” con el consecuente sobreelevamiento del terreno, “además de un conjunto de previsiones para asegurar la seguridad estructural de este tipo de construcciones”.
Por otro lado, el proyecto “no viene a solucionar ninguno de los problemas que tiene la ciudad”, más bien todo lo contrario.
Es que, por un lado, “las colas para entrar los fines de semana a la reserva ecológica” hablan de la necesidad de una costa verde para descansar del cemento y, por otro lado, “este tipo de emprendimiento inmobiliario tampoco viene a resolver el déficit habitacional en la Ciudad de Buenos Aires que alcanza a uno de cada seis porteños y porteñas”. Porque si algo no hay es demanda de vivienda suntuosa como las que ahí se proyectan construir y para constatarlo basta con “recorrer puerto madero a la noche para ver que la mitad de las viviendas se encuentran desocupadas”.
“Pero además, de la mano de este proyecto se va a construir un gran colector cloacal que tendrá un costo aproximado de 160 millones de dólares para prestar servicios cloacales a las tierras ribereñas –entre ellos el emprendimiento Costa Urbana y Costa Salguero- que van a volcar los efluentes cloacales al Río de la Plata prácticamente sin tratamiento. Es decir que además del enorme pasivo ambiental va a endeudarse para garantizarle servicios sanitarios a estos emprendimientos”, dijo.
Koutsovitis explicó que las organizaciones que llevan adelante la campaña “No a las torres, sí a los humedales” - Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), el Intituto de Pensamiento y Políticas Públicas de Unión Popular (UP-IPYPP), La Defensoría de Laburantes y CTAA Capital- recurrieron nuevamente a la justicia “para impugnar la votación de primera lectura” por no haberse respetado las mayorías necesarias al tiempo que van a desarrollar una serie de actividades para “convocar a una inscripción masiva para participar de a la audiencia pública” para lo cual se hay que anotarse a partir del 15 de septiembre.
“Desprendernos de este humedal para construir un nuevo Puerto Madero ocioso es un contrasentido absoluto en el marco de la crisis climática y social, que va a terminar consolidando una nueva fractura urbana que existe en la ciudad, entre una Buenos Aires ribereña y solo destinada al sector de grandes ingresos y una que definitivamente va a quedar de espaldas al río”, concluyó.
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