La ley de los seis días

En la semana en que se cumplían 20 años del “Argentinazo” de 2001 y casi como honrando aquella gesta, el pueblo chubutense volvió a hacer historia en las calles. Esta vez tocó voltear una ley de rezonificación minera que suponía el inicio de la megaminería en esta provincia, una actividad que las asambleas medioambientales de diferentes comunidades vienen resistiendo y denunciando hace 30 años.

Escribe Alicia Alvado


Sólo seis días rigió la oprobiosa norma impulsada por el gobernador Mariano Arcioni y aprobada entre gallos y medianoches que se llevaba puesta la ley de prohibición de la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro que rige de 2003, porque suponía habilitar la actividad en un 20% del territorio provincial.


Y para dejar bien claro que “No es no” y que sólo la derogación de la ley de zonifiación minera (XVII Nº149) podía frenar la furia popular, ardieron el palacio de gobierno, el superior tribunal de justicia y la fiscalía provincial conformando escenas dantescas que dieron la vuelta al mundo. Lejos de diluir la protesta, la feroz represión no hizo más que fortalecerla.

Finalmente, el pasado 22 de diciembre la Legislatura de Chubut votó la derogación de la controvertida norma.


“Ante los eventos ocurridos en los últimos días, que son de público y notorio conocimiento, se promueve un proyecto de ley que además de impulsar la derogación de la ley (XVII Nº149), deje asentada la voluntad de las autoridades de continuar generando espacios de diálogo”, dice el texto de apuro presentada por el propio Arcioni para derogar la misma ley de zonificación minera que estuvo impulsando los últimos seis meses.



Para el abogado y activista Enrique Viale, “sin duda el chubutazo es uno de los hitos de la lucha socioambiental argentina”, junto con el de Monsanto yéndose obligado de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas, la histórica defensa que en 2019 hizo el pueblo mendocino de la ley 7722 –hermana de la 5001- que prohíbe la megaminería en territorio provincial, la que dio la comunidad de Famatina para echar 4 mineras en 9 años y la sanción de la ley antiminera 5001 en el propio Chubut.


En el proceder de Arcioni “hay una mezcla de subestimación de la población, de ignorancia y falta de conexión con la realidad” porque “un pueblo que venía hace 20 años luchando contra esto, no se iba a entregar fácilmente”.


El Chubutazo es, a criterio de Viale, una reconfirmación de que “luchar sirve” pero también “un llamado de atención del gobierno nacional que no puede seguir subestimado a la cuestión socioambiental” -que requiere un abordaje transversal- y al multitudinario movimiento que la sostiene.


Por su parte, el integrante de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, Pablo Ceballos, explicó a Vertientes del Sur que la furibunda reacción popular obedece a que “es la primera vez” en más de 20 años de conflicto que un gobierno provincial logra que la Legislatura le apruebe un proyecto que habilita la megaminería.


“Chubut viene de una larga trayectoria de defensa del medioambiente en las calles y eso ha calado hondo en la conciencia de los chubutenses”, dijo.


Grabada en la memoria colectiva está la experiencia de otro “No”, el dado en 1986 a la instalación de un repositorio nuclear en la localidad chubutense de Gastre, muy cerca del yacimiento de plata de La Navidad que la minera Pan American Silver Corp estaba explorando con la esperanza de que prosperara la ley de zonificación.


Posteriormente, en 2003 el 81% de la población de Esquel le dijo ‘no’ a la explotación de oro y plata en el Yacimiento Suyai de Yamana Gold, a través de un plebiscito no vinculante.


También se realizaron consultas populares en los municipios vecinos de Trevelín, Lago Puelo y Epuyén, donde más del 90 por ciento votó por el ‘No a la mina’.


Ese mismo año, el pueblo chubutense sería protagonista el primer gran triunfo colectivo del movimiento socioambiental contra la megaminería en el país cuando, por presión popular, Chubut se convirtió en la primera provincia en prohibir la megaminería a partir de la sanción de la ley 5001 que sigue vigente hasta hoy, y que la norma de zonificación venía a desvirtuar. Hoy otras seis provincias tienen normas similares.


Durante los 18 años transcurridos desde la aprobación de la 5001, los movimientos sociales han resistido varios intentos de introducir la megaminería a cielo abierto en la provincia a partir de forzar el sentido del artículo 2 de la ley que ordenaba “la zonificación del territorio de la provincia para la explotación de recursos mineros” y “la definición de las áreas en que se exceptuará la prohibición establecida” en esa ley, en un plazo de 120 días corridos a partir de su sanción.


Ceballos explicó que el único camino para defender la ley antiminera es “estar masivamente protestando en las calles” cada vez que su vigencia se vea amenazada, pero también el esfuerzo articulado en la unión de asambleas de comunidades chubutenses y “un gran trabajo de educación popular” en el marco del cual “nos enseñamos vecino a vecino los peligros de la minería”.

Por eso, el 16 de diciembre pasado -cuando se aprobó la ley de zonificación y casi como un acto reflejo- el pueblo se volcó a las calles, que no abandonó hasta el 21, cuando la legislatura votó su derogación. Y en esos días hubo momentos de feroz represión, heridos y detenidos. Pero nada hizo desistir al pueblo de su empeño en voltear una ley ilegítima.


“Cuando el gobernador se vio arrinconado, su primera propuesta fue la suspensión de la ley y la realización de un plebiscito, pero como las asambleas seguían en la calle, rápidamente salieron a gritar en toda la provincia ‘no a la suspensión, sí a la derogación, no al plebiscito’”, dijo.


“A las horas, la decisión del gobernador fue derogación y plebiscito, pero la oposición popular fue tan fuerte que en el texto de derogación no habla del ‘plebiscito’, sino de abrir espacios participativos porque el gobernador entendió que si mencionaba esa palabra, la gente ya no se iba a ir de la calle”, agregó.


Para Ceballos, la dinámica que se generó durante estos días fue “como un diálogo permanente entre las calles y el ejecutivo provincial”, como resultado del cual, todo volvió a fojas cero.


El activista contó que el incendio de la Casa de Gobierno, el superior tribunal de justicia y la fiscalía de la provincia sobrevino como consecuencia de una “feroz represión”, y en parte fue obra de “infiltrados”, algunos de los cuales fueron integrantes de las propias fuerzas de seguridad.

“La represión que no solo se limitó a la cercanías de la Legislatura, sino que la policía siguió reprimiendo a 15 ó 20 cuadras de ahí hasta la madrugada. Y si encontraba un grupo de vecinos reunidos en una esquina, pasaba con la camioneta y le disparaba balas de gomas. También se vió a la policía entrando a confiterías para llevarse manifestantes y vecinos de manera totalmente ilegal”, contó.


En particular, Trelew “fue una ciudad sitiada durante dos días por la policía”, que emprendió “una caza de brujas, con balas de gomas tiradas a la cabeza”.


“Pero después del tercer día, ante la masividad de la manifestación, el gobernador entendió que no podía seguir reprimiendo y empezó a retirar a la policía de las calles y a partir de ahí el pueblo chubutense se manifiestó pacíficamente”, sostuvo.


El primer indicio fuerte de que se conseguía voltear la ley se produjo el día anterior, cuando el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre, hermano mellizo del vicegobernador Ricardo Sastre y al frente del único municipio que ya había adherido a la norma, anunció que se daba marcha atrás con ese respaldo.


“El intendente de Puerto Madryn, el bastión político y económico del gobierno, se vio obligado por la movilización popular a derogar la adhesión del municipio a la ley de zonificación”, dijo.


Es decir, que fueron dos triunfos en uno.


“Nosotros sabíamos que todo se iba a caer como un castillo de naipes si podíamos voltear el bastión del vicegobernador, donde además están establecidas las grandes empresas que iban a ser beneficiadas del proyecto minero. Madryn tiene un puerto de aguas profundas por donde iban a entrar y salir los minelares extraídos, y acá está el poder político y económico que impulsa la minería”, afirmó.


Como las asambleas tienen claro que “mientras estén los minerales” dentro de las rocas y persista “este sistema (productivo) que trata de extraer la riqueza a cualquier costo” los logros del movimiento socioambiental tendrán que seguirse defendiendo cada día, “estamos trabajando para que el 21 de diciembre quede instalado en la conciencia colectiva como el segundo madrynazo”, es decir, como un nuevo mojón que honrar y en el que mirarse.



Como “Madrynazo” se conoce la movilización popular que en 1984 impidió a fuerza de pedradas el aprovisionamiento de una flota norteamericana en Puerto Madryn como una forma de repudiar el apoyo del gobierno de Reagan a los británicos en la Guerra de Malvinas.


“Las asambleas ahora vamos a elaborar un plan de lucha, porque seguramente el gobernador va a insistir en el tema del plebiscito aunque el intendente de Madryn, ya salió a decir públicamente que no hay lugar para hablar de minería en Chubut, que es un tema cerrado”, puntualizó.


Viale, en cambio, cree que el plesbicito no se hará porque “no tiene ningún margen el gobernador”, dado que “la población ya plebiscitó en las calles” y, producto de la contundencia del ‘chubutazo’, “durante varios años ningún gobernante se va a animar nuevamente a subestimar a la población, mucho menos Arcioni que es un cadáver político”.

“Inicialmente pensábamos que la crisis (sanitaria y económica) generada con la pandemia podía hacer reflexionar a la sociedad, pero ahora vemos que hasta es puesta como una excusa para profundizar –irónicamente- aquello que nos trajo hacia acá, porque la aparición del Covid 19 está muy relacionada con la degradación ambiental. Tendríamos que reflexionar, cambiar este modelo producir, porque no nos va a sacar de la pobreza lo que nos trajo hasta aquí”, reflexionó.