por Marta Gordillo
Miles de casos de torturas y desapariciones quedaban esclarecidos, tras cuatro meses de declaraciones de testigos, cuando hace 35 años se dictaba sentencia a los genocidas juzgados en el histórico Juicio a las Juntas Militares que se habían apoderado del país entre 1976 y 1983 arrasando con los derechos humanos en la Argentina y provocando la desaparición de más de 30 mil personas a partir de un plan sistemático de exterminio.
Tres ejes, Memoria, Verdad y Justicia empujaron a los sobrevivientes y familiares de las víctimas a testimoniar el horror que vivieron, con declaraciones que revelaban la fuerte, dolorosa y potente evidencia del accionar militar, relatos que constituyeron la base de la sentencia que condenó a prisión perpetua a los dictadores Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera, y dieron cárcel por 17 años a Roberto Viola, 8 años a Armando Lambruschini y 4 años a Orlando Ramón Agosti, mientras eran absueltos el resto de los acusados.
Uno de los tantos testimonios que se constituyó en una prueba clave en el juicio, con la demostración materializada de lo que pasaba en los Centros Clandestinos de Detención, fue el del obrero gráfico y fotógrafo Víctor Basterra, que murió el 7 de noviembre pasado.
Había sido secuestrado en 1979 y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), donde lo obligaron a falsificar documentos de los militares, por lo que tenía que tomarles fotos
A partir de ese momento asumió en soledad el mayor riesgo: fue escondiendo los negativos de las fotos que luego pudo sacar de allí ocultos en su cuerpo cuando le aplicaron el sistema de salidas vigiladas; el genocidio tenía nombre y rostro.
La perpetua para Videla y Massera resonó en el mundo entero y dio fuerza para avanzar con el reclamo de justicia, para acompañar a las víctimas del genocidio, a ex detenidos desaparecidos, a hijos e hijas de desaparecidos, por recuperar los nietos robados, por cárcel a todos los torturadores y genocidas de la dictadura, un camino difícil , con resistencias institucionales e ideológicas, pero con una fortaleza imparable de sobrevivientes, organizaciones y movimientos de derechos humanos, que continua en el presente poniéndole el cuerpo a la memoria, diciendo no al olvido.
Fue el 9 de diciembre de 1985 cuando se dictó la sentencia tras la realización, entre el 22 de abril y el 14 de agosto de ese año, del juicio más importante del país, y de Latinoamérica, por su contenido y la inmediatez con que se llevó a cabo, en medio de un clima en el que aún sonaban, no tan lejanos, los silencios que había impuesto la dictadura.
También se pensó, entre otras ideas que circulaban y circulan, que así como había avanzado rápidamente, había sido limitado; seguían caminando por las calles del país los muchos más criminales de lesa humanidad, mientras sonaban voces que reclamaban juicio y castigo a todos los culpables.
“Como ex detenido desaparecido, particularmente de la ESMA, haberlos visto sentados ahí en el banquillo de los acusados me pareció la concreción de un proceso de resistencia de nuestro pueblo hacia lo que fue la dictadura genocida”, expresó a Vertientes Carlos Lordkipanidse, uno de los tres sobrevivientes de la ESMA que en enero pasado identificaron en Tigre una sede del circuito represivo de la Marina.
A 35 años de la sentencia, aseguró que “fue maravilloso haber podido revertir aquello de los señores de la vida y de la muerte, recibiendo condena por su delito, más allá de que alguna de las condenas fueron irrisorias, como el caso de Agosti al que le dieron 4 años, pero de cualquier manera entiendo que fue un gran avance con todas las limitaciones que existían en ese momento; después vino el levantamiento Carapintada, la ley de Obediencia Debida y Punto Final”.
Un revés de la historia, y los juicios contra los mandos inmediatos se suspendieron. A partir de 2005 retomarán otro camino.
El juicio fue ordenado por el decreto 158/83 y firmado tres días después de haber asumido a la presidencia Raúl Alfonsín, e iniciado luego de casi un año y medio, donde se trataron 281 casos.
“El Juicio a las Juntas representó históricamente la decisión del Estado Nacional, en su fase inicial de recuperación de la vida democrática, de no convivir con la impunidad de los genocidas, y permitió que la sociedad argentina a través de nuestros testimonios pudiera tomar un conocimiento mucho mas certero de cómo había funcionado el terrorismo de estado”, precisó Norberto Liwski, médico ex detenido desaparecido y testigo de cargo en el Juicio a las Juntas.
Liwski fue querellante en la causa del juicio sobre el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la Brigada de San Justo, donde el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata condenó el pasado 2 de diciembre a prisión perpetua a Miguel Etchecolatz (8va condena) y a otros nueve represores.
En este sentido, los juicios de 1985 “fueron el punto de partida, porque en aquel momento declaramos como testigos de cargo en el Juicio a las Juntas dando cuenta de nuestro secuestro y tortura en la Brigada de San Justo, es decir que hay un hilo histórico que une la memoria de aquel juicio con los juicios que continuaron a partir de la nulidad y declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida”, precisó.
Liwski expresó que la sentencia tuvo a su vez “los aspectos que representaban las tensiones propias de estar juzgando a solo un año y medio de recuperada la democracia, con tantos condicionamientos y fuerzas a veces visibles y otras ocultas que hicieron todo lo posible por impedir que las sentencias fueran ejemplares y transmitieran a la sociedad la convicción de que los cargos eran de una gravedad que merecían ser situados en el plano de crímenes de lesa humanidad”.
Resaltó que “el artículo 30 de la sentencia establecía un mayor grado de exigencia para que el estado abriera un camino de profundización no solo jurídica sino en la reparación histórica de las víctimas, una investigación en todas los niveles de responsabilidad”.
Pero su implementación se frustró después de la sentencia “marcando un retroceso; sin embargo la historia hizo que 20 años de constancia, de resistencia, de reclamo, de no abandonar la búsqueda, permitiera reanudar los juicios y readquirir el valor histórico de la causa 13 del juicio a las juntas como antecedente que está muy presente hoy en más de los 500 juicios que se efectuaron por crímenes de lesa humanidad”, precisó Liwski.
Transcurrieron cuatro meses de juicio donde se sucedieron los relatos sobre esos años de plomo que darían sustento a la sentencia y concluirían en que la dictadura militar produjo la tragedia más grande de la historia argentina.
Y en esa tragedia, la Argentina no estaba sola, era parte del plan orquestado por los militares latinoamericanos de los años ’70 del Cono Sur , y los Estados Unidos
para quebrar un horizonte de transformación social que se vislumbraba en las luchas populares, e imponer un plan económico neoliberal.
Esa Operación, diseñada por Washington, coordinaba la represión y desaparición de obreros, estudiantes, docentes, periodistas, barriadas, de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia , bajo la aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional.
Pero la Argentina con el Juicio a las Juntas y el persistente reclamo contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos le mostró al mundo que esa dictadura cívico, militar, eclesiástica, que decía “el silencio es salud” era la expresión y reedición del genocidio y la barbarie.