En el Día Internacional del Medioambiente, repasamos la historia de las asambleas medioambientales surgidas en los 2000 como reacción a la instalación del modelo extractivista y capitalizando la experiencia de las asambleas populares. También las últimas embestidas de la industria, que no se detuvieron en pandemia.
Por Alicia Alvado
Mientras avanza la segunda ola y el país entra en una zona de nuevas restricciones a la circulación por la segunda ola del Covid-19, las megamineras transnacionales no cejan en su intento de abrir nuevos tajos de explotación metalífera a cielo abierto en la cordillera con la complicidad de los gobiernos locales y provinciales, que apuran leyes a medida y reprimen la movilización social.
En paralelo, también los pueblos reactivan su lucha en defensa del agua, la salud y los territorios; una resistencia que lleva más de 20 años acumulando tanto victorias resonantes –como las leyes que prohíben esta actividad en ocho provincias- como derrotas estrepitosas –ahí está Veladero operando ininterrumpidamente desde 2005 a pesar de sus tres grandes derrames de cianuro-.
“Pese a que la explotación y exportación de bienes naturales no son actividades nuevas en nuestra región, resulta claro que en los últimos años del siglo XX, y en un contexto de cambio del modelo de acumulación, se ha venido intensificando la expansión de proyectos tendientes el control, la extracción y la exportación de bienes naturales a gran escala. La megaminería a cielo abierto es un ejemplo elocuente” dice Maristella Svampa en su libro “Megaminería Transnacional” (2009).
Esta socióloga, escritora e investigadora recuerda que el despegue de la megaminería en Argentina se produjo en la década del ’90, cuando la exploración minera aumentó un 400% en América Latina mientras a nivel internacional crecía solo un 90%.
Para facilitar este desembarco, “la mayor parte de los países latinoamericanos involucrados llevaron a cabo una profunda reforma del marco regulatorio, para conceder amplios beneficios a las grandes empresas transnacionales”, la cual “fue respaldada por diferentes organismos internacionales (Banco Mundial, BID, entre otros)”, dijo.
En Argentina el nuevo marco jurídico se sostuvo en la reforma de la Constitución de 1994 –que provincializó los recursos naturales y dejó al Estado al margen de su explotación-, el Nuevo Código Minero de 1995 –que además derogó las limitaciones en materia de tamaño y duración de las concesiones de exploración, explotación, arrendamiento y usufructo-y las privatizaciones; que en conjunto “garantizaron la institucionalización de los derechos de las grandes corporaciones así como la aceptación de la normativa creada en los espacios transnacionales”.
Todo esto durante los años de neoliberalismo menemista (1989-1999) que introdujo este modelo de extractivismo exportador en el marco de la reprimarización de la economía. Un modelo que sería profundizado durante los gobiernos que siguieron: entre los últimos episodios en ese sentido se pueden citar el veto a la primera versión de la ley de Glaciares por parte de Cristina Fernández en 2008 conocido como “veto Barrick” y la quita de retenciones a la exportación por parte de Macri en 2016 que fueron reestablecidas por el mismo mandatario en 2018 y reducidas del 12 al 8% por Alberto Fernández.
“Se sentaron entonces las bases del Estado metarregulador”, dice Svampa para referirse, en términos de Boaventura de Sousa, a aquel caracterizado por el gobierno indirecto del poder económico concentrado que controla “recursos vitales esenciales para las personas, sin estar sometidos a ningún tipo de responsabilidad ante la sociedad, y sin importarles si esos recursos son el agua, la energía, las semillas, la seguridad o la salud”.
A cambio de dejar un 3% del valor en boca de mina en regalías, las empresas mineras se vieron beneficiadas en las últimas tres décadas con fuertes incentivos impositivos, tales como: deducción del 100% de la inversión en el pago del impuesto a las ganancias, estabilidad fiscal por 30 años, relevo del pago de los derechos a la importación para los bienes de capital, la libre disponibilidad de lo obtenido por la venta en el exterior, reducción de las retenciones a las exportaciones, y exención al descubridor del yacimiento del pago del canon por tres años.
No obstante, ese canon se calcula a partir del valor declarado por la empresa, al cual se descuentan los costos que implica el proceso desde su extracción hasta el traslado para la exportación, habitualmente desde el puerto de Rosario.
“Del 100% que se llevan, dejan el 1% pero el Estado Nacional le devuelve el 2,5%: en otras palabras, estamos pagando para que nos roben el futuro”, dice el ingeniero en minas catamarqueño Héctor Nieva en el documental “Tierra Sublevada I, Oro Impuro” (2009) de Fernando Pino Solanas.
Este ex director de calidad ambiental de la provincia explicó además que las megamineras “sólo pagan regalías por oro, plata y cobre pero exportan más de 60 metales por los que no pagan nada, algunos más valiosos que el oro, como el molibdeno, cadmio y renio que son usados en las industrias de punta como superconductores”.
A cambio de esas regalías miserables y unos pocos puestos de trabajo, la megaminería fue dejando a su paso “el avasallamiento de los derechos de las poblaciones –entre ellos, los derechos territoriales de las poblaciones indígenas–, la destrucción de patrimonios arqueológicos” y la vulneración de zonas protegidas, explica Svampa.
Y pudieron hacerlo gracias al ejercicio impune de “las más diversas estrategias de disciplinamiento, que incluyen la violación de procesos ciudadanos, por ejemplo, a través de la derogación de leyes prohibitivas de la minería o el silenciamiento a la población, impidiendo u obturando la posibilidad de llevar a cabo consultas populares en las comunidades afectadas”.
Dado que Argentina no posee grandes recursos metalíferos aptos para la explotación más tradicional (subterráneas, siguiendo vetas de metal), las inversiones en minería se concentraron en los yacimientos a cielo abierto o megaminería, una modalidad prohibida por el Parlamento Europeo en 2010 por sus efectos ambientales nocivos, pero también en países como Turquía (1997), República Checa (2000), Australia (2000), Alemania (2002), Costa Rica (2002) y numerosos estados de Estados Unidos.
En Argentina está prohibida en las provincias de Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, Tucumán, San Luis, Córdoba y Tierra del Fuego.
Según el último Censo Nacional de la Actividad Minera (CENAM) de 2017, el 90% de la explotaciones mineras de Argentina utilizan la forma de extracción “a cielo abierto exclusivamente”, un 3.2% la modalidad “mixta” y sólo un 4.5% la “subterránea exclusiva”.
Se conoce como minería a cielo abierto aquellas explotaciones mineras que se desarrollan en la superficie a partir de la voladura de terreno rocoso que tiene diseminados gran cantidad de partículas correspondientes a minerales como el oro, la plata y el cobre, que luego son separadas de la roca granulada a través de un costoso proceso que consume mucha agua y energía, pero también utiliza una gran cantidad de productos químicos altamente contaminantes, entre ellos el cianuro, el ácido sulfúrico y el mercurio.
“En la actualidad nuestro país ocupa el sexto puesto en el mundo en cuanto a su potencial minero, y los informes consignan que 75% de las áreas atractivas para la minería todavía no han sido sometidas a prospección. No obstante, pocos argentinos están al tanto de que la actividad minera proyecta extenderse por toda la larga franja cordillerana, precordillerana y zonas montañosas, desde el norte del país hasta el extremo sur de la Patagonia”, dice Svampa.
Según el reporte Minería Argentina 1º semestre de 2020 de la Secretaría de Minería de la Nación, actualmente hay 16 minas metalíferas en explotación, repartidas entre las provincias de Santa Cruz (8), Jujuy (4), Catamarca (2) y San Juan (2).
Pero además existen otros 59 proyectos mineros en distintos niveles de evolución ya sea en etapa de construcción (4), factibilidad (9), prefactibilidad (7), evaluación económica preliminar (13) o exploración avanzada (26).
Actualmente, la movilización social contra la megaminería tiene su epicentro en las provincias de Catamarca y Chubut: a principios de este mes de mayo 12 asambleístas fueron detenidos en Andalgalá en el marco de una protesta contra la reanudación de la exploración del yacimiento de oro, cobre y plata de Agua Rica; mientras que en Chubut el gobierno provincial insiste con un proyecto de zonificación minera que permitiría soslayar el No a la Mina vigente desde hace 18 años.
En tanto, en Jáchal un nuevo proyecto megaminero binacional a sólo 100 kilómetros de Veladero mantiene en alerta al movimiento socioambiental catamarqueño que aún no obtuvo justicia por los tres derrames de cianuro pero sigue soportando los efectos de la contaminación y la falta de agua que la minera consume en demasía.
“Me da pánico pensar que dentro de unas décadas si esto no para, las nuevas generaciones nos vengan van a decir ‘cómo no defendieron el territorio y dejaron que pasa todo esto’, por no parar lo que sabemos que tenemos que parar y se produce con la complicidad de quienes debieran estar representándonos”, dijo a Vertientes del sur el integrante de la Asamblea Jáchal no se Toca, Domingo Jofré.
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