Lo que puede la memoria de un pueblo

El comunicador mapuche Puma Katrileo (*) que cubrió todas las instancias del Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí y fue amigo personal de su principal impulsor, escribió para Vertientes del Sur sobre la última audiencia, qué se dijo, pero también cómo lo vivió. También anunció la realización de un documental sobre este juicio histórico que reconoció la responsabilidad del Estado en el fusilamiento de más de 400 qom y moqoit.



Por Puma Katrileo


Tuvieron que pasar 98 años para que finalmente la Justicia reconociera la semana pasada que el Estado Argentino es penalmente responsable de la Masacre de Napalpí y que los hechos cometidos por sus agentes el 19 de julio de 1924 en que asesinaron a más de 400 integrantes de los pueblos Qom y Moqoit, son crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas.


La sentencia es novedosa y trascendente porque abre la puerta para que otras matanzas indígenas, como la de El Zapallar en Chaco o la de Rincón bomba en Formosa, o tantas otras, puedan tener el mismo juicio por la verdad. Napalpí demostró que es posible.

El 19 de Mayo al mediodía, la jueza federal Zunilda Niremperger dio a conocer la parte resolutiva de la sentencia, cuyos considerandos se conocerán más adelante, en una fecha que aún no fue anunciada.


No obstante, la magistrada ya dictaminó la responsabilidad del Estado nacional en la "Masacre de Napalpí”, y que tanto los fusilamientos de indígenas sorprendidos reunidos y desarmados, así como la posterior persecución y matanza de otros tantos "son crímenes de lesa humanidad, cometidos en el marco de un proceso de genocidio de los pueblos indígenas".



"El sábado 19 de julio de 1924, en horas de la mañana, alrededor de un centenar de policías de territorios nacionales, gendarmes y algunos civiles armados, ayudados por logística aérea, llegaron a la zona de El Aguará, ubicada en el interior de la Reducción de Indios de Napalpí, donde aproximadamente 1.000 personas, compuestas por familias Moqoit, Qom y algunos peones correntinos y santiagueños, estaban realizando una huelga concentrados en tolderías, a modo de campamentos, para reclamar por las condiciones a las que estaban sometidos", dijo la jueza al comenzar la descripción de los hechos.


“Llegaron montando caballos, se establecen a una distancia cercana del campamento y desde allí dispararon con sus fusiles y carabinas, todos a la vez y a mansalva por el espacio de una hora”, prosiguió.


“De forma inmediata, por el impacto de la balacera, cayeron muertos estimativamente entre cuatrocientos y quinientos integrantes de las etnias Qom y Moqoit, entre ellos niñas y niños, mujeres, algunas de ellas embarazadas, varones, ancianos y ancianas. En algunos casos, perdieron la vida varios de los componentes de una misma familia. Los/as heridos/as que quedaron en el lugar y no pudieron escapar a tiempo fueron ultimados/as de las formas más crueles posibles. Se produjeron mutilaciones, exhibiciones y entierros en fosas comunes”, continuó.



Los hechos históricos que pudo reconstruir el fiscal Vigay y que convalidó el tribunal indican que “los sobrevivientes que lograron escapar, atravesando los cardales, soportando el hambre, la sed, el frío, debieron esconderse durante mucho tiempo.


“La perpetración de la Masacre, por su propia complejidad, requirió de la previa concepción de un plan, que supuso una exhaustiva coordinación, organización logística, distribución de roles, movilización de diversos contingentes de tropas, su traslado y concentración desde varios días antes, gran cantidad de armamento y municiones, su acampe y alimentación, además del apoyo de una avioneta que realizó por lo menos, tareas de inteligencia y observación”, dice el fallo.





No sólo las fuerzas represivas eran estatales, sino también la Reducción de Indios de Napalpí “la cual fue creada por el Estado argentino bajo la dirección civil del Ministerio del Interior, con el objetivo de culminar el proceso de ocupación del territorio de las poblaciones indígenas y su sometimiento a la explotación laboral”.


“Una vez producida la masacre, desde el Estado se llevó adelante una estrategia de construcción de una historia oficial, a los fines de negar y encubrir la matanza, siendo presentados los hechos como un supuesto enfrentamiento entre las etnias y posterior desbande (…)La prensa oficialista reprodujo la versión brindada por los oficiales policiales y los funcionarios del gobierno del territorio, que luego avaló la justicia local, en un proceso en el que declararon solo los efectivos y civiles que participaron de la agresión, pero ningún indígena. En paralelo, el oficialismo en el Congreso de la Nación obstruyó la conformación de una Comisión Investigadora, a pesar de las aberrantes denuncias que se conocían y la existencia de testigos calificados que podían narrar aquella barbarie”, relata.


El mismo fallo ordena una serie de medidas reparatorias como que el "Equipo Argentino de Antropología Forense establezca un plan de trabajo para continuar con las excavaciones, búsqueda y exhumaciones de fosas comunes de las víctimas, debiendo el Estado Nacional proveer los recursos necesarios para su realización".


A su vez, ordena "restituir a la comunidad los restos óseos encontrados, cuya oportunidad y forma será determinada previa consulta a sus integrantes por intermedio de las partes".

Asimismo establece que el "Ministerio de Educación de la Nación incluya dentro de los diseños curriculares a nivel nacional en los niveles Primario, Secundario, Terciario y Universitario el estudio de los hechos probados en la presente sentencia".


Otro aspecto importante es que el Estado Nacional deberá realizar "un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas de los pueblos Qom y Moqoit" y que los Ministerios de Seguridad de la Nación y de la Provincia del Chaco “incorporen a la instrucción y capacitación de las fuerzas federales y provinciales un módulo sobre respeto a los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, como así los hechos probados en la presente causa".


En lo personal, me pareció muy importante y necesario involucrar al sistema educativo en la construcción de memoria sobre la masacre. También el cambio de nombre de la localidad donde se produjo ya que la gente del lugar venía pidiendo no llamarse más Colonia Aborigen. La justicia lo concedió y ahora van a determinar qué nombre le van a poner.

Asimismo este fallo adquiere una gran relevancia porque es producto de una lucha conjunta de mucha gente y muchas voluntades que se comprometieron con correr el velo del silenciamiento y la impunidad en la búsqueda de justicia y memoria.


En la última audiencia realizada en la capital chaqueña, se leyó la sentencia, en qom y moqoit ante una sala repleta con más de 3.000 integrantes de estos pueblos y de otras naciones originarias del país, con organizaciones sociales, estudiantes y testimoniales.


Al finalizar la lectura de la sentencia lo primero que se me vino a la mente fue la sonrisa de Juan Chico, cebándose un mate y levantándolo en señal de brindis. Ese mate que siempre estaba listo para ser compartido mientras charlábamos sobre nuestras lecturas de la realidad, pensando y construyendo estrategias para impulsar y promover acciones en pos de mejorar la vida de nuestra gente.


Juan, nuestro hermano, compañero, docente, investigador, poeta y compinche de sueños, estuvo más de 20 años buscando testimonios sobre la masacre producida casi un siglo atrás. La gente del Chaco lo recuerda en sus comienzos recorriendo a pie distancias de 30 o 40 kilómetros y en los últimos tiempos lo recuerdan activando a pleno en coordinación con la fiscalía. Fue el gran reconstructor de la memoria colectiva de aquella masacre.


Por eso, muchos y muchas sentimos que la victoria no fue completa y nos quedó un sabor amargo por la ausencia física de Juan, que fue quien nos involucró en la historia para develar aquel horror y promovió este juicio por la verdad y el reconocimiento de que los genocidios de los pueblos indígenas son crímenes de lesa humanidad.


Quienes impulsamos con Juan el "Derecho a la Comunicación con Identidad en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual" y construimos diversos espacios, como nuestra web Originarios.ar entendemos que terminó una etapa y se abre otra. Ahora debemos lograr que la reparación histórica sea un hecho, lo cual implica continuar en el camino de persistencia y pelea, el único posible para el logro de las acciones reales y concretas de la reparación y el respeto de nuestros pueblos y nuestras culturas. En este andar la comunicación se torna fundamental.


En ese sentido, el colectivo Originarios.ar de realizadoras y realizadores, de comunicadoras y comunicadores indígenas junto a la Fundación Napalpí, y a investigadoras e investigadores del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (Conicet/UNNE), del Chaco, estamos realizando un documental sobre el Juicio por la Verdad de la Masacre de Napalpí, uno de los genocidios indígenas sobre los cuales se fundó la República Argentina.


La realización cinematográfica trata sobre el desarrollo del primer juicio por la verdad de un genocidio indígena en Argentina, en el marco de una investigación y participación colectiva; donde la voz es una de las principales protagonistas en la transmisión de la verdad histórica y el sostenimiento de la memoria colectiva de las familias qom y moqoit a través de la oralidad, de generación en generación, como es anceralmente en nuestras culturas.


Si bien la trama principal es el juicio en sí, también surgen las subtramas del hecho histórico de la masacre, las investigaciones y la participación de Juan Chico en su búsqueda por la verdad histórica.


El próximo 19 de julio estaremos realizando el anuncio oficial del documental con la exhibición de un trailer, al conmemorarse los 98 años de la Masacre de Napalpí.


*Puma Katrileo y el equipo de Originarios.ar cubrieron todas las instancias del Juicio por la Verdad por la Masacre deNapalpí.