El primer juicio por la verdad histórica acerca de delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado Nacional contra integrantes de pueblos originarios, comenzó este martes 19 de abril en la Justicia Federal de Resistencia.
Por Alicia Alvado
El hecho sobre el que busca echar luz con este debate oral y público, es el asesinato de unos 400 indígenas qom y mocoi a manos de policía de territorios nacionales y colaboradores civiles en la denominada “masacre de Napalpí” perpetrada hace 98 años, durante el gobierno del radical Marcelo Torcuato de Alvear.
Entre las y los testimoniantes en el proceso estará la única sobreviviente de la masacre aún con vida, Rosa Galo, quien llega a esta instancia con 114 años.
Napalpí era el nombre de una “reducción de indios”, un lugar de concentración y explotación laboral organizado por el Estado nacional que funcionaba a 138 kilómetros de Resistencia, donde a los indígenas se les prohibía circular libremente y se les exigía cumplir extenuantes jornadas de trabajo en la producción de algodón o forestal por una mísera paga.
“Este juicio por la verdad toma el antecedente de los juicios por la verdad de los ’90 y principios de los ‘2000 contra el terrorismo de Estado de la última dictadura, cuando estaban vigentes las leyes de impunidad y, de todas maneras, cumpliendo con los compromisos internacionales de juzgar este tipo de crímenes, se avanzó con estos procesos”, dijo a Vertientes del Sur el titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia a cargo de la instrucción, Diego Vigay.
Los juicios de la verdad son procesos judiciales de esclarecimiento de lo ocurrido pero sin efectos penales, que surgieron en Argentina durante la vigencia de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que obligaron a los organismos de derechos humanos a buscar estrategias alternativas para enfrentar la impunidad.
“Esos juicios de la verdad era un precedente importante para estos otros casos donde también tenemos una dificultad para sentar a los responsables en el banquillo de los acusados, ya no por leyes del perdón sino porque los responsables han fallecido”, agregó.
Las audiencias serán presididas por la titular del Juzgado Federal Nº1 de Resistencia Zunilda Niremperger; mientras que por parte del Ministerio Público Fiscal intervienen el fiscal general Federico Carniel y el fiscal ad hoc Diego Vigay. Actúan como querellantes la Secretaria de Derechos Humanos del Chaco y el Instituto del Aborigen Chaqueño (Idach).
A lo largo de siete audiencias, está previsto que se escuche a 46 testigos en tres locaciones distintas de desarrollo del juicio: Resistencia (tribunales federales), Machagai (Casa de la Cultura) y la Ciudad de Buenos Aires (Ex Esma).
Según pudo reconstruirse en la instrucción, los perpetradores de la “Masacre de Napalpí” registrada el 19 de julio de 1924, fueron unas 130 personas entre efectivos de la Policía Nacional de Territorios (Chaco aún no era una provincia sino que conformaba un único territorio nacional con Formosa) y civiles algodoneros criollos, actuando unos bajo las órdenes y otros con anuencia del gobernador Fernando Centeno que había sido designado por el presidente radical Marcelo Torcuato de Alvear.
“Yo era niña, pero no tan chica, por eso recuerdo (…) Es muy triste para mí porque mataron a mi papá y casi no me quiero acordar, porque me hace doler el corazón. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban disparemos, disparemos. No sé por qué mataron a muchos niños y grandes, fue mucho el sufrimiento", testimonió la sobreviviente Rosa Grilo de la comunidad qom, en 2018.
“Nosotros disparamos en el monte porque queríamos vivir. Ahí comíamos algarrobo y cualquier fruto de los árboles y tomábamos agua de los cardos. Mi mamá me contó que lo mataron a mi papá. No quiero ver que se repita. Duelen estas cosas. Cómo uno no va sentir la familia (…) Nunca se habló de lo que pasó, recién ahora se habla", agregó.
La matanza se produjo después de que organizaciones de la sociedad civil y los diarios exigieran a las autoridades tomar medidas contra los indígenas qom y moqoi que protagonizaban la primera huelga de peones indígenas en reclamo por la baja de sus jornales, y la decisión del gobernador Centeno de prohibirles la salida del territorio para ir a trabajar a los mejor pagos ingenios salteños, como hacían cada año.
“La huelga que había paralizado toda la producción de la reducción, se había iniciado por las condiciones de extrema miseria y pobreza allí impuestas, y porque les pagaban con mercadería vencida y ropa usada”, dijo Vigay.
La protesta “es ahogada en sangre” por agentes estatales que “disparan con sus fusiles máuser contra la población civil de manera consecutiva por espacio de una hora”, indiscriminadamente.
“El número de víctimas es una aproximación a la que se llega en función de que la población era de mil personas en ese momento en la reducción y del testimonio de los sobrevivientes que van contando la parte de la familia que fue asesinada en la masacre”, dijo.
Ese número de víctimas implica que “un 40% de la población de la reducción fue asesinada en la masacre”.
En su investigación, la Fiscalía encontró entre los principales responsables de los hechos al entonces presidente Alvear, a su ministro del Interior, Vicente Carmelo Gallo; al gobernador interventor de Chaco, Fernando Centeno, y al administrador de la reducción Napalpí (zona en la que una comunidad aborigen era confinada por el Estado), Mario Arigó, entre otros autores materiales e intelectuales.
Vigay explicó que el requerimiento de elevación a juicio tiene como premisa la existencia de un “genocidio indígena” en proceso a nivel nacional, del cual la masacre de Napalpí fue un episodio más.
“De hecho, entre los testigos convocados para declarar en el juicio hay investigadores que van a contar la reconstrucción que hicieron de otras masacres como la de San Antonio Obligado (Santa Fe) en 1877, la del Zapallar (Chaco) en 1933, la de Rincón Bomba (Formosa) de 1947”, dijo.
Todos estos hechos funcionan como “prueba de contexto de lo que fue el genocidio indígena en la Argentina” y que ya fuera reconocido por sendos tribunales civiles que condenaron al Estado Argentino en 2020 a reparar material y simbólicamente a las víctimas de las matanzas de Napalpí y de La Bomba.
“Además también van a declarar investigadores que trabajaron específicamente con la reconstrucción del genocidio indígena en la Argentina, como es el caso de Diana Lenton, como es el caso de Hugo Trinchero, el propio Eugenio Zaffaroni”, agregó.
Vigay explicó que la investigación penal de la masacre de Napalpí se inició en 2014, cuando “se conoció la noticia de la existencia de un sobreviviente”, Pedro Balquinta (fallecido al año siguiente), quien “sale por los medios” contando los hechos de los que fue testigo, “y a partir de eso empezamos la investigación de oficio, siempre en conjunto con la comunidad y la Fundación Napalpí”.
“Empezamos a recolectar el testimonio de los sobrevivientes, de hijos y nietos de sobrevivientes a partir de la tradición del relato oral en la cultura indígena. También documentación de la época, archivos nacionales y provinciales, el trabajo de los entre 25 y 30 investigadores criollos que se han ocupado del tema”, dijo.
El fiscal explicó que si bien “la idea del juicio por la verdad estuvo desde el principio”, se fue consolidando a medida que pudieron tomar cabal “dimensión de la prueba que se podía producir”, caracterizada por “la gran cantidad de testimonios recolectados, la importancia del relato oral y el compromiso de todos los investigadores de poder declarar sobre sus investigaciones”.
“Por un lado la expectativa es que esa reconstrucción de la verdad en el juicio se pueda dar con toda la profundidad posible, que se escuchen las voces de los sobrevivientes y sus descendientes, que la reconstrucción pueda contestar las preguntas sobre quiénes fueron los responsables, sus motivaciones. Y, por otro lado, una sentencia que contenga medidas de reparación simbólica”, dijo.
Sobre las comunidades indígenas, Vigay contó que “están muy movilizadas” con la realización del juicio porque “fue un hecho muy traumático” cuyas consecuencias negativas se prolongan hasta hoy.
“Los pueblos qom y mocoi han perdido hasta parte de la lengua por el terror que ha significado una masacre de estas características, que hizo que los ancianos no quisieran enseñarle el idioma a sus nietos para que no corrieran riesgo de pasar por lo mismo”, contó.
Otra prueba del trauma es que “los cuatro sobrevivientes” que llegaron a dar su testimonio en la investigación judicial, “eran niños cuando ocurrió la masacre y hablaron recién cuando tenían 80 años o 90 años”, es decir que tuvieron que pasar “muchas décadas para que puedan hablar, por el temor que les provocó”.
En 2008 el gobernador chaqueño Jorge Capitanich pidió perdón en nombre del estado provincial por la masacre e hizo retirar el cuadro del gobernador radical que ordenó el ataque, Fernando Centeno, del salón de mandatarios de la casa de gobierno provincial.
En 2020 el mandatario erigió un memorial en reconocimiento a las víctimas y se constituyó como querellante en la investigación penal preliminar de oficio para la realización del juicio por la verdad.
En 2021 y en el marco del acto por el 97º aniversario de la denominada "Masacre de Napalpí", el lugar mismo donde más de 400 qom y mocoi fueron asesinados por las fuerzas de seguridad se convirtió en el primer lugar de una masacre indígena señalizada como "Sitio de la Memoria" al ser identificado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con un cartel de las mismas características de los que señalizan más de 800 centros clandestinos de detención en todo el país.
