Violencias y deudas silenciadas



Por Marta Gordillo


En el mes de conmemoración de la lucha internacional de las mujeres y frente a las conquistas logradas en los últimos años, cuyo antecedente inmediato fue el logro de la ley por el aborto legal, la pelea por los derechos de género sigue abriéndose camino, mientras permanecen viejas deudas porque continúa en pie el andamiaje patriarcal y expoliador que atraviesa todos los ámbitos de la sociedad capitalista.


En este contexto particularizamos en esta nota una de esas aristas: la lucha de las mujeres sobrevivientes de la represión policial contra la prostitución callejera, que exigen una reparación inmediata del Estado.


Mujeres que estuvieron en situación de prostitución y sufrieron la violencia policial antes de la existencia de la Ley de Trata, sancionada en 2008 y reglamentada en 2012, realizaron en febrero de este año un reclamo histórico al gobierno de reconocimiento de la responsabilidad del Estado en ese accionar de las fuerzas de seguridad, y piden la reparación económica y social por el profundo daño y vulneración de derechos.


Son sobrevivientes de la trata con fines de explotación sexual, son sobrevivientes de la violencia policial callejera, son sobrevivientes de la connivencia de proxenetas y fuerzas se seguridad. Son ellas, quienes ni siquiera podían hacer la denuncia y ser escuchadas y rescatadas; por el contrario, eran golpeadas, discriminadas, detenidas, despreciadas, abusadas.


“Se toma desde los años ‘80 hasta 2008 en que se produce la sanción de las leyes que generaron cierta protección: la ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales y las leyes 26.364 y 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas”, precisó a Vertientes del Sur el abogado Guillermo Torremare, presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) quien asesoró y acompañó la presentación.


El reclamo lo realizó la Asociación de Mujeres Argentinas por los Derechos Humanos (AMADH) acompañada por la APDH, la Red de Emergencia Feminista La Raquel, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) y parte del Consejo Asesor Ad Honorem del ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, ante la ministra Elizabeth Gómez Alcorta.


Asimismo cuentan con el apoyo de las organizaciones internacionales feministas Coalición contra el Tráfico de Mujeres (CATW por sus sigles en inglés) y Sisterhood is Global Institute (SIGI).


“Se formuló una presentación solicitando al Estado Argentino que asuma su responsabilidad por la violencia que las agencias estatales, especialmente la policía federal con control territorial de la ciudad de Buenos Aires, desplegaron contra mujeres en situación de prostitución callejera”, expresó el abogado.


Esa violencia policial de las décadas previas a la reglamentación de la Ley de Trata dejó desamparadas y sin derechos a aquellas mujeres porque la ley acciona a partir de su reglamentación.


Y atrás quedaron esos años que los proxenetas y violentos quisieron silenciar, en complicidad con el Estado. Corrían los años 80, dictadura y posdictadura con sus acciones y herencias, luego los 90 con el neoliberalismo patriarcal del menemismo de resguardo a los proxenetas y represores, y siguieron iguales los años 2000 hasta que se promulgaron nuevas leyes en el marco de las luchas por la ampliación de derechos y las conquistas de las mujeres, mientras lo anterior quedaba silenciado.


Hoy son ellas las que vienen a recuperar la memoria, a socializarla, a decir lo que muches sabían y callaban, a reclamar deudas silenciadas.


¿Qué reclaman?


Reparación económica y habitacional -a través de una asignación mensual, un pago por única vez y la incorporación a cupo preferencial de vivienda- para sobrevivientes de prostitución víctimas de violencia institucional durante los 90 y 2000; reconocimiento de las violencias a través de la implementación de medidas generales (políticas, económicas, habitacionales, educativas y de salud) dirigidas a todas las personas que se encuentren o hayan encontrado en prostitución, para reparar sus derechos y prevenir los daños de las violencias.


En este sentido piden la incorporación a un cupo y/o derecho preferencial de vivienda, becas de estudio, asignación de prestación de salud-salud mental.


Así es como este reclamo no olvida las historias anteriores a los ’90 o la situación actual en la que persiste la trata y las violencias a las mujeres, con su máxima expresión, el femicidio.


Este pedido, así como particulariza un aspecto concreto y urgente de una violencia que ejerció el Estado en el pasado, proyecta sobre el presente y el futuro centrándose en la implementación de políticas públicas de sensibilización, visibilización y prevención de las múltiples violencias en prostitución.


Graciela Collantes, referente de la AMADH expresó en diálogo con Vertientes del Sur la urgencia de que el Estado accione frente a este reclamo.


Graciela Collantes, referente de AMADH.

“La necesidad de hacer esta presentación surgió a partir de darnos cuenta de que la mayoría de las que iniciamos la organización colectiva en los años 90 habíamos quedado afuera de las políticas públicas que existen hoy, por ejemplo la Ley de Trata, porque en los 90 no había donde denunciar y lo mas terrible de todo era que la policía, que era la que tenía que cuidar a la sociedad era la principal responsable de apoyar y estar en complicidad con el proxenetismo. La mayoría de las comisarías estaban arregladas”.

En la lucha que fueron llevando adelante desde los años 90, cuando comienzan a organizarse, afrontaron un proceso largo y complejo en el que debían “siempre trabajar las emergencias, visibilizar toda esta violencia, visibilizar el proxenetismo”, aseguró.


"En esos años, estábamos en proceso de víctimas, y salir de toda esa naturalización y empezar a ver la violencia en todas las cosas que nos había ocurrido, y cómo toda violencia hace estragos en la psiquis de las personas, fue muy duro; hoy lo entendemos así, aprendimos de los derechos humanos, de haber sido participe de varias luchas y conquistas dentro de los derechos humanos”, aseguró Collantes.


“Muchas de nosotras, que nos tocó iniciar estas luchas, las ‘sobrevivientes’ como decimos, hoy siguen viviendo de la prostitución con 60 y más años, es muy lamentable, y ésta es la emergencia que tenemos ahora al haber tomado conciencia”.


“Nosotras no podemos seguir esperando, viendo que muchas mujeres están enfermas, que se sigan muriendo, y no queremos un plan más”, aseguró al encuadrar el reclamo en una perspectiva política: “no queremos que nunca más vuelva a suceder esa violencia policial, es igual que cuando acordamos que no queríamos una dictadura, y por eso no queremos ‘ni una desaparecida más’, ‘ni una muerta más’”.





“Actualmente el reclamo tiene la diferencia de que en los 90 el Estado era tierra de nadie, lo manejaban los proxenetas”, y en este sentido dijo que “ahora cualquier víctima puede asesorarse, hacer la denuncia, porque están amparadas por la Ley de Trata, por eso hacemos hincapié en esos años anteriores, en esa franja que es la que quedó olvidada de las políticas públicas”.


¿Qué perspectiva tiene esta vía administrativa y no legislativa para que se haga efectivo el reclamo?


“Reclamamos específicamente al Estado -aseguró la dirigente de AMADH- porque dicen ‘yo sí te creo’, cómo no nos van a creer que esto pasó, además tenemos pruebas; esta es una iniciativa y no queremos que se postergue más. Vimos muchos proyectos dando vueltas que ni los debatieron. Nosotras queremos un Estado que funcione, sabemos lo que queremos y queremos lograrlo, lo presentamos en el Ministerio de las Mujeres, pensamos que tenía que ser ahí porque se formó para que sea abarcativo y transversal a todas las violencias que sufrimos las mujeres”.

Pero también lo presentaron en el Ministerio de Justicia, en Gabinete, en el Consejo Federal Contra la Trata, “estamos pidiendo que acuerden y ayuden; también tiene que intervenir el área de Derechos Humanos, acá pasaron cosas, no estamos pidiendo un mero plan. Yo creo que la lucha social tiene que seguir y tenemos que ir por un Estado presente que repare, que trabaje la prevención”, destacó.


Esta propuesta se inscribe dentro de la lucha que se libra en distintos ámbitos en relación a la responsabilidad del Estado, con gobiernos dictatoriales o democráticos, en la violación de derechos humanos.


Torremare precisó que el pedido que se acaba de presentar es amplio, profundo y completo, “y por eso deberá ser analizado en todo su contenido y se verá qué cosas son posibles de materializar rápidamente y qué cosas llevarán más estudio, y también si hay que dar intervención a otras dependencias del Estado. Ahora hay que esperar las decisiones que tomen las autoridades sobre su viabilidad”.


Añadió que “en algún momento del encuentro se barajó la posibilidad de que paralelamente se solicite la sanción de una ley del Congreso que vaya en el mismo sentido, lo que sería muy positivo”.


La APDH precisó asimismo que “la aprobación de este proyecto significaría un avance en términos de Derechos Humanos para nuestro país, reconociendo y reparando a víctimas de violencia institucional desde una perspectiva de género”.

¿Cómo impacta este pedido en el debate que hay acerca de si la prostitución hay que regularla o abolirla?

“Tanto AMADH como la APDH somos organizaciones que sostenemos el abolicionismo pero entendemos que el proyecto presentado trasciende ese debate y debería ser apoyado por quienes se enrolan en una u otra posición”, dijo Torremare tras hacer hincapié en que este reclamo es parte de la lucha contra la trata.


“La idea de un Estado presente que asuma responsabilidades y genere políticas contra la violencia de género, la violencia institucional y la discriminación, tributa a la lucha contra la trata de personas. Incluso en la elaboración del reclamo presentado se consultó a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas a cargo del fiscal Marcelo Colombo”, señaló.


En este sentido, la pregunta también fue formulada a Collantes, quien destacó que en esta iniciativa “en ningún momento planteamos ese debate, no queremos que se mezclen las cosas, estamos pidiendo algo concreto para las compañeras, estamos hablando de una realidad, en los noventa todo estaba manejado por proxenetas”.


“Pedimos una reparación lo más pronto posible y eso es para todas las que sufrimos esa violencia institucional, y el pedido de mejoramiento de las políticas públicas también va dirigido para todas”, precisó.