A 20 años de la “Masacre del Puente Pueyrredón”, cuando Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, militantes del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD) Aníbal Verón, fueron asesinados por la policía bonaerense en la Estación Avellanada en medio de una brutal represión, sus familiares reclaman que la Justicia alcance a los responsables políticos de aquella feroz cacería, ocurrida en el contexto de un país envuelto en una grave crisis.
Por Leonardo Castillo
Poner el cuerpo es una obligación moral para quienes militan por un cambio social en favor de los sectores más afectados, de quienes perdieron todo a excepción de sus dignidades y deseos de luchar colectivamente para cambiar esas duras realidades determinadas por decisiones que les fueron ajenas.
Maxi y Darío eran conscientes de ello en aquella fría mañana del 26 de junio de 2002 cuando junto a miles de compañeros de organizaciones sociales y de desocupados se manifestaron sobre el puente Pueyrredón para visibilizar la situación económica que entonces golpeaba al país. Pero la policía bonaerense desató una feroz persecución que culminó en la llamada “Masacre de Avellaneda”, que marcó un hito en las luchas del movimiento piquetero y las organizaciones sociales.
A 20 años de esos hechos, Maxi y Darío siguen vivos en el recuerdo de los sectores populares que mantienen el reclamo de justicia y continúan peleando por los mismos ideales.
La Argentina de mediados de 2002 era una sociedad golpeada por una crisis que la había fragmentado. Millones se habían quedado afuera del sistema de producción y consumo.
Seis meses antes, el modelo de la convertibilidad diseñado en 1991 por Domingo Cavallo e instrumentado por el ex presidente Carlos Menem se había hecho trizas en medio del endeudamiento externo y la recesión económica.
Esa debacle detonó en diciembre de 2001 y produjo el final del mandato de Fernando De la Rúa como presidente en el marco de un estallido social que también determinó el final de la segunda gestión de Cavallo al frente del Ministerio de Economía, al cual había llegado con la misión de corregir las deficiencias de su creación. Algo que no puedo conseguir.
En cuestión de semanas, Argentina devaluó su moneda en más de un 300 por ciento y más de la mitad de la población quedó sumida en la pobreza. De esa forma Argentina encaraba el 2002.
Tras una traumática transición por la que pasaron tres presidentes en poco más de una semana (Ramón Puerta, Adolfo Rodríguez Saa y Eduardo Caamaño), el senador Eduardo Duhalde asumió la primera magistratura de un país en cesación de pagos.
Ante esta situación, el gobierno de Duhalde destinó un pago de 150 pesos mensuales en concepto de seguro de desempleo, un paliativo con el que se intentaba compensar la caída de la actividad económica y el aumento del costo de vida tras la devaluación.
Esa mañana de junio del 2002, mientras Brasil se enfrentaba con Turquía por las semifinales de la Copa Mundial de Japón-Corea, el MTD se movilizó al puente Pueyrredón -la estructura que se eleva por encima del Riachuelo y une la Ciudad de Buenos Aires con la provincia- para reclamarle al Gobierno el incremento de ese seguro por desempleo.
La propuesta era que el subsidio se elevara a 300 pesos por mes. Las columnas del MTD intentaron subir al puente por el acceso de provincia, en Avellaneda, pero efectivos de la Policía Federal, la bonaerense, la Prefectura Naval y la Gendarmería lo impidieron con una fuerte represión que prosiguió en las calles aledañas.
Dos días atrás el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasoff, había advertido que el Gobierno iba a mantener el orden y no permitiría que la Capital Federal quedara “sitiada”. Poco antes Duhalde había asegurado que concluiría su mandato en diciembre de 2003, tal como estaba previsto “en el normal ordenamiento constitucional”, palabras que resonaban con exótico tono en el contexto de ese país herido en su tejido social.
La represión de las cuatro fuerzas de seguridad se inició con disparas de balas de goma. Se lanzaron gases lacrimógenos para repeler el avance de los militantes sobre el puente, y ocasionaron 33 heridos.
En medio de la dispersión, los policías de la bonaerense tiraron con balas de plomo contra un grupo de militantes que se dispersaba, y en el hall de la estación Avellaneda fue baleado Kosteki, un pibe de 22 años, músico y malabarista, nacido en Lomas de Zamora, que hacía poco se había sumado al MTD.
Santillán, de 21 años, oriundo de Lanús, intentó socorrerlo y fue baleado por la espalda. Los policías que les tiraron arrastraron los cuerpos de estos dos militantes ensangrentados hacía la calle. Todo era parte de una práctica criminal con la que se buscaba acelerar las agonías de estos jóvenes militantes.
Mientras tanto, en las calles de Avellaneda, más de 200 personas eran detenidas y una versión difundida por la bonaerense y refrendada por los funcionarios comenzaba a cobrar fuerza: “Los piqueteros se mataron entre ellos”.
Ante las cámaras de televisión, el comisario Alfredo Fanchiotti repetía esta versión en la puerta del hospital Fiorito donde se encontraban varios de los heridos por la represión. De pronto, un contundente golpe de puño impactó en la cara de este oficial. Ese hombre lo había visto tirar en la estación de Avellaneda, y no pudo contener su indignación ante tanta mentira.
“De lo que estaba seguro era de que Kosteki había sido herido, lo había registrado. Fue un día muy largo, estuve desde temprano por Avellaneda, primero en el puente, luego en la estación, en el Fiorito y en la comisaría. Tomé imágenes de todo. Llegué a mi casa, en Berisso muy tarde y cuando me puse a revelar el material que tenía, me di cuenta que estaba ante una verdad que no podría ser desmentida".
El relato pertenece a Sergio Kowalewski, fotógrafo independiente y militante que cubría desde hacía varios años las actividades desarrolladas por los organismos de derechos humanos y le contó a este periodista las alternativas que registró hace dos décadas, en aquella luctuosa jornada.
Kowalewski, el fotógrafo de Clarín Pepe Mateos y un camarógrafo de canal 7 habían registrado lo sucedido, pero la verdad tardó 24 horas en conocerse.
“Cuando obtuve el registro de la matanza, me comuniqué con la gente de la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) y les llevamos el material. Ellos fueron con las fotos a Clarín, donde decidieron ver lo que Mateos había tomado el día anterior. En esas imágenes se documentaba el accionar delictivo de la policía”, repasa el fotógrafo.
En su edición del 27 de junio, un día después de los hechos, Clarín publicó un ambiguo titular en su tapa: “La crisis se cobró dos nuevas muertes”. Pero el 28, difundió el material tomado por Mateos, y la mentira del enfrentamiento piquetero quedaba desarticulada, hundida por su propio peso.
“Es interesante ver lo que pasó con las empresas de medios por esos días. Hubo comunicadores que días antes de la marcha del 26 preparaban un clima de demonización. Se mostraban tumberas y elementos contundentes en programas de televisión que los piqueteros no usaban en sus marchas y se los tildaba de violentos. Pero tras la masacre, Kosteki y Santillán pasaron a convertirse en pibes buenos que trabajan en los barrios y que construían casas con bloqueras de cemento. Existió una gran manipulación”, sostiene Kowalewski, cuyas fotos de la masacre se publicaron en el diario Página 12.
La instrucción de la causa quedó en manos del fiscal Juan José González que ordenó el secuestro de más de 120 armas policiales y constató que los dos militantes murieron por disparos de una escopeta Ithaca, calibre 12.70. Kosteki tenía heridas en el tórax, en tanto que el cuerpo de Santillán registraba impactos en la aorta y el coxis.Testigos del hecho ubicaron a Fanchiotti y al cabo Alejandro Acosta como autores de los disparos y ambos fueron llevados a juicio junto con otros efectivos.
En 2006, el Tribunal de Lomas de Zamora condenó a los dos policías a cadena perpetua. Además, sentenció al comisario Félix Vega y los principales Carlos Quevedo y Mario De la Fuente fueron sentenciados a cuatro años de prisión por encubrimiento agravado. Otros dos acusados de encubrimiento, el oficial Gastón Sierra y el cabo Lorenzo Colman, resultaron condenados a tres y dos años de cárcel, respectivamente.
El ex policía Celestino Robledo recibió la pena de diez meses por «usurpación de autoridad», ya que actuó en la represión aunque no estaba en funciones. Además, se iniciaron causas a los funcionarios Carlos Soria (entonces titular de la SIDE), Jorge Vanossi (Ministro de Justicia que renunció tras la masacre) y Oscar Rodríguez por falso testimonio.
En medio de la conmoción por los crímenes, Duhalde admitió la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, habló de una “feroz cacería” sufrida por las víctimas y decidió adelantar la entrega del poder. Convocó a elecciones para el 18 de abril de 2003 y fijó para el 25 de mayo la fecha de asunción de un nuevo Gobierno. Néstor Kirchner resultó electo presidente luego de que Menem desistiera de presentarse en la segunda vuelta.
Por iniciativa de los familiares y compañeros de Maxi y Darío, se abrió una causa judicial contra los responsables políticos de la masacre que recayó en el juzgado federal de Ariel Lijo, quien no profundizó más allá de las causas formales y en 2010 cerró el expediente.
Cuatro años después, cuando declaró como testigo la histórica dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, la investigación pareció reactivarse y comenzar a transitar hacia la verdad.
Pero todo resultó ser un atisbo. El expediente sigue paralizado, a cargo de Lijo y de la fiscal Paloma Ochoa. La querella que impulsan los familiares de las víctimas sindican a Duhalde, Aníbal Fernández, Felipe Sola, Luis Genoud y Carlos Ruckauf como responsables.
Por otra parte, la Cámara de Apelaciones de Lomas de Zamora rechazó recientemente el pedido de Fanchiotti para acceder al beneficio de la libertad condicional y en consecuencia seguirá detenido por sus responsabilidades materiales en los asesinatos de Kosteki y Santillán.
