Con Paro Nacional, el pueblo colombiano se rebela por la dignidad y el buen gobierno, mientras continúa una trayectoria de lucha que encuentra como hitos históricos la huelga nacional de 1977 y un presente atravesado por la pelea que viene dando en los últimos años y meses.
Por Marta Gordillo
Tres palabras circulan en las calles colombianas en el marco de la brutal represión que desató el gobierno colombiano contra el pueblo en forma sistemática desde el 28 de abril pasado: militarización, masacre y genocidio.
Ese día comenzó el paro nacional contra la reforma tributaria -que luego el gobierno dejó sin efecto- y en contra de un proyecto de ley para privatizar la salud, entre los principales reclamos, a lo que se suma el escenario de guerra y militarización que se acrecienta cada día.
Mientras tanto las manifestaciones contra el gobierno neoliberal de Ivan Duque, “gobierno mafioso, criminal, narco paramilitar” según las distintas expresiones y caracterizaciones populares, crecen y se profundizan en torno de las asambleas, las movilizaciones y el paro nacional.
“Esto es inaudito por la represión tan violenta, por el tipo de armamentos que usan contra civiles, por las tanquetas de disparos múltiples, por los disparos de armas de fuego de largo alcance, por los civiles paramilitares que disparan, por la convocatoria a los sectores más ricos de la sociedad a armarse contra los manifestantes”, expresó a Vertientes del Sur, desde Colombia, Alberto Yepes de la Coordinadora de Derechos Humanos.
En este sentido expresó que en la última reunión del gobierno con el Comité Nacional del Paro lo primero que se pidió fue que paren de disparar a los manifestantes, que el gobierno deje de matar, pero no tienen voluntad de negociar, esa reunión no terminó en nada”.
Las cifras de de los organismos de derechos humanos dan cuenta de que hay 489 manifestantes heridos, 33 de ellos con mutilación de sus ojos por la práctica de disparar directamente al rostro, 48 heridos por armas de fuego, 52 muertes en el marco de las protestas de los primeros 13 días, 578 desaparecidos, de los cuales 277 fueron puestas en libertad pero estuvieron desaparecidos transitoriamente porque se negaba en qué lugar los tenían, 1.365 detenidos en procedimientos arbitrarios, muchos sometidos a torturas y tratos crueles e inhumanos y 15 personas víctimas de violencia sexual por la policía.
En tanto, la situación más grave se da en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, ubicada al oeste del país y tercera ciudad más poblada de Colombia. En Cali “la militarización es extrema y actúa al lado de la paramilitarización de las ciudades con civiles armados que dispararon contra los manifestantes y contra la minga indígena, que son los sectores campesinos indígenas que realizan una actividad colectiva de defensa de la vida”, añadió Yepes.
Redes sociales colombianas vienen alertando que en Cali hay “un cerco militarizado contra la población civil de todo un departamento que reclama su derecho a protestar”, que
“el gobierno de Duque decreta el cierre de fronteras en todo el valle del Cauca”, que
“nos van a tirar el ejército y el ESMAD ( Escuadrón Móvil Antidisturbios de Colombia) a todos los municipios del Valle y van a impedir que los organismos de Derechos Humanos lleguen a las ciudades”.
¿Recordás otro momento en la historia de Colombia tan violento contra la población como éste? preguntó esta página a Yepes.
“No, esto es inaudito, no hemos tenido nunca una situación así, bueno hace un siglo tuvimos masacres, pero en el marco de protestas propiamente dichas esto es inaudito”, señaló.
Hace poco menos de un siglo, en diciembre de 1928 cerca de Barranquilla, en el municipio de Ciénaga, en Magdalena, el ejército con el apoyo de los Estados Unidos produjo lo que se llamó “la masacre de las bananeras”, donde en defensa de la empresa United Fruit Company fusilaron a más 2.000 trabajadores en huelga.
Quién gobierna en Colombia
“En estos momentos el presidente está gobernando con las Fuerzas Armadas y con fuerzas paramilitares. Lo que hay es un estado de conmoción de facto, no son los alcaldes o los gobernadores locales los que toman medidas, es el comandante del Ejército, son las fuerzas de seguridad.
Las fiscalías no están investigando los homicidios, los pocos homicidios que se investigan están en manos de la justicia penal militar, es decir los mismos que perpetran los crímenes”, destacó el integrante de la Coordinadora de Derechos Humanos.
“El estado de derecho ha dejado de funcionar en Colombia”, aseguró.
El llamado al diálogo del gobierno “es mentiroso y no está dispuesto a cambiar nada porque busca mantener su política de guerra y porque está en contra del proceso de paz. Su actividad en contra de la paz y la mano dura es la base del programa electoral del partido que está en el poder para las elecciones del año entrante, creando un clima de polarización muy fuerte que a su vez legitime su llamado a la mano dura”.
En este sentido, manifestó que es muy probable que en medio de estas circunstancias “el gobierno termine decretando la conmoción interior, que es como el estado de sitio, en el que se suprimen la libertad de expresión y de movilización y se entregan facultades a la fuerza pública, a los militares para restablecer con las armas el orden público. Dicen que no lo descartan, que en cualquier momento lo imponen”.
¿Apoyo internacional?
Yepes se lamentó de la reacción de la comunidad internacional que no es “suficientemente enérgica” frente a la masacre que está cometiendo el gobierno colombiano y pidió que manden misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de las Naciones Unidas, Interparlamentarias, misiones de la sociedad civil.
“Que vengan a verificar la masacre que se está cometiendo y además que verifiquen que las instituciones del estado no están funcionando, las judiciales, de control, de investigación porque están totalmente cooptadas por el gobierno, totalmente secuestradas y los ciudadanos no tienen donde acudir, donde denunciar”.
A su vez Jimmy Alexander Moreno, dirigente y vocero del Congreso de los Pueblos consideró importante la necesidad de "un escenario internacional en términos de solidaridad, de condenar al estado colombiano por genocidio, por esas prácticas de terrorismo de estado, que son elementos muy fuertes que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha levantado la voz de solidaridad y denuncia”.
Reivindicó el hecho de que desde los pueblos “hay un escenario de ayuda internacional, movilizaciones en muchos países alrededor del mundo que rechazan la represión estatal en Colombia”.
Voces del Congreso de los Pueblos
Moreno, quien también es vocero de la Cumbre Agraria Campesina Etnica y Popular caracterizó la situación como “un contexto de guerra”, en diálogo desde Colombia con Vertientes del Sur, donde recordó que el gobierno recurrió a la militarización del país para responder al paro nacional con una escalada desproporcionada, con asesinatos, con escuadrones paseando por los barrios.
El dirigente popular también habló de “una escalada de guerra sucia” por parte del gobierno, tras enmarcar el contexto actual de una Colombia que sostiene un conflicto social, político, económico, militar bastante profundo, y que es histórico.
Este paro -dijo- demuestra que sigue el genocidio contra el pueblo que se organiza, que lucha ,que se moviliza, que está en resistencia y planteando una nueva mirada de país”, y remarcó la importancia del sostenimiento del paro, que “está fortalecido a pesar de la represión”.
¿Cuál es la salida? “Una salida en clave popular, donde la gente se va reconociendo en el barrio, en la pelea, en la agenda de país y va viendo cómo su poder es capaz de construir sus propias alternativas desde sus territorialidades”.
“La gente -añadió- ha venido desarrollando asambleas populares en los puntos de paro, en las regiones, en las ciudades como momento para ir viendo también hacia dónde va el paro nacional, y la idea es llegar a un balance, evaluación y proyección de la dinámica de paro nacional, con un paro que continúa y con la proyección de una Asamblea Nacional”.
Una de las banderas de estos sectores populares es “que se vaya el mal gobierno, que se vaya Duque”, dijo Moreno, en tanto se suman otras exigencias como la desarticulación del ESMAD, cuyo accionar represivo mata, hiere y desaparece manifestantes.
Trayectoria y fortaleza de la pelea popular en Colombia
El dirigente contó la trayectoria de luchas sociales previas al momento actual y la situación del país, que explican la fortaleza de la pelea popular al afirmar que “Colombia tiene tradición histórica de movilización, hay un hito que es el paro nacional de 1977, que es un referente en el marco de una política de seguridad y represión”.
Esa huelga nacional por aumento salarial, congelación de los precios de la canasta familiar y servicios públicos, suspensión del Estado de Sitio, desmilitarización de las universidades, respeto de las libertades políticas y sindicales, entre otros reclamos, fue la movilización más importante después de los levantamientos en 1948 cuando asesinaron al dirigente popular Jorge Eliécer Gaitán que desencadenó en el levantamiento popular conocido como el Bogotazo.
Moreno describió los años 2005 y 2006 cuando comenzó a despertar “este sentimiento de la minga indígena, luego la minga social comunitaria que generó una dinámica de movilización en el país".
"Posteriormente en 2010 surgen movimientos sociales y políticos y se desarrollan movilizaciones, como la la marcha patriótica, como el surgimiento de nuestro movimiento, el Congreso de los Pueblos , luego vinieron los paros agrarios campesinos indígenas del 2013, 2014 y allí se dio un espacio de articulación que se llama la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular”.
Recordó las movilizaciones estudiantiles que tumbaron el proyecto de ley 30 de Educación Superior, y las que continuaron durante el 2014 y 2015, hasta llegar al proceso de paz donde también se dio una dinámica de luchas, mientras se acrecentaba la represión y se fortalecía el modelo neoliberal.
La movilización histórica del 21 N de 2019 contra las medidas del paquetazo “despertó a las ciudades con una ola de lucha popular anclada a los barrios, a las ciudades con protagonismo muy fuerte de los jóvenes, de los estudiantes, de los procesos comunitarios barriales, de las mujeres, de los sectores ambientalistas que representan también un rechazo al modelo neoliberal”, precisó el dirigente.
Después vino la pandemia “y se produce un corte abrupto por este control social y político que se hace en el marco de la situación sanitaria pero sin embargo empiezan a verse otras formas de movilización, como la de los trapos rojos de la gente pobre, marginada, colocando su bandera en señal de protesta pero también la señal de que en medio del confinamiento no tenían las posibilidades de superviviencia”.
El año pasado estuvieron las marchas por la dignidad del movimiento indígena que llegaron a Bogotá desde distintas ciudades del interior que tuvieron un fuerte impacto con el paro nacional. De este modo, se llegó a este 28 de abril y su continuidad, con el masivo levantamiento del pueblo colombiano contra los planes de ajuste, represión e incumplimiento de los acuerdos de paz del gobierno derechista de Duque.
