Ni los millones de litros de cianuros vertidos en sus ríos ni el fallo judicial que condenó a parte de sus responsables del "mayor desastre minero de la historia nacional", pusieron a salvo a la provincia de San Juan de nuevos proyectos megamineros.
A unos 100 kilómetros del lugar donde se registró “el mayor desastre minero de la historia argentina”, cuando la minera Barrick Gold vertió accidentalmente un millón de litros de cianuro en el río Potrerillos durante la explotación de la mina Veladero en 2015, un nuevo proyecto mantiene en alerta al movimiento socioambiental catamarqueño que aún no obtuvo justicia por ese “incidente” pero sigue soportando los efectos de éste y otros derrames.
El nuevo emprendimiento es “Josemaría”, una mina de oro y cobre a 4.300 sobre el nivel del mar cuya explotación estará a cargo de la minera de capitales canadienses Lundin Gold.
“José María es la punta de lanza de un proyecto enorme que se llama ‘Constelación’ que llega hasta el límite con La Rioja. Tan grande y terrorífico es, que lo van mostrando por partes”, dijo a Vertientes del Sur Domingo “Mingo” Jofré de la Asamblea El Jáchal No se Toca surgida hace seis años en la localidad de Jáchal, ubicada 291 kilómetros río abajo de Veladero.
De carácter binacional como el frustrado Pascua Lama y una vida operativa calculada en 50 años, “Constelación” fue presentado al gobierno provincial en 2016 por la minera candiense NGEx e incluye a dos minas en la provincia argentina de San Juan –Josemaría y Filo del Sol- y una tercera del lado chileno –Los Helados-, aunque subterránea.
Anunciado con bombos y platillos como “el proyecto más grande de Sudamérica”, su concreción parecía estancada hasta que se anunció que la mina que operaría en soledad los primeros siete años como parte de este emprendimiento –Josemaría- ya concluyó sus estudios de factibilidad y se apresta a presentar el informe de impacto ambiental.
La idea inicial era procesar el material Josemaría y Los Helados –distantes 10 kilómetros entre sí- en una sola planta industrial que se radicaría en la provincia de San Juan.
“La mina Josemaría está en zona glaciar y periglaciar, y va a usar 1.100 litros de agua por segundo del Río Jachal, lo que representan el 40% de su caudal en el contexto de una enorme crisis hídrica que hace que hoy tengamos racionalizada el agua y que en abril haya cerrado el dique Cuesta del Viento, que está en una baja histórica que lo ha convertido casi en un charco”, contó Jofré que junto a otros compañeros acampa desde hace seis años frente a la Municipalidad para exigir, entre otros temas, "que Veladero cierre y mitigue de alguna manera el daño ambiental que hizo".
Y mientras “los productores agrícolas padecen cortes” temporarios del servicio de agua, “esta gente pretende darle una concesión a un nuevo proyecto megaminero cuyo uso del agua la convierte en un cóctel tóxico contaminado para siempre, que no se recupera más y se acumula en dique de cola que quedan a perpetuidad”.
El desembarco de la megaminería en San Juan se dio en 2005 con Veladero, un yacimiento ubicados a 350 kilómetros al noroeste de la ciudad de San Juan y a una altura de entre 4.000 y 4.850 en la Cordillera de los Andes, con reservas de oro de 11,4 millones de onzas y una vida útil estimada de 14 años.
“La puerta la abrió la modificación de la constitución en el ‘94 y el nuevo código minero, pero el mayor impulso vino con la crisis del 2001 cuando fueron a decirle a la gente que estaba en la calle, hambreada: ‘vamos a ser ricos en oro, habrá pleno empleo, vamos a potenciar la agricultura’”, dijo.
“Veinte años después, el verso es el mismo y la desesperación también: la gente le pide trabajo a la minera y no pueden ver que es lo mismo que le prometieron antes y no cumplieron, con la diferencia de que ahora estamos peor y no hay una fuente de trabajo genuina basada en las riquezas naturales nuestras que son la agricultura, la agroindustria y el turismo”, contó.
El periodista aseguró que hoy en día en la región “no hay una fábrica” y “el único dador de empleo es el Estado y el comercio” mientras que la mina sólo da “unos pocos puestos de trabajo”.
“Para cubrir la desocupación brutal se usan los planes de nación y mil contratos basura –porque no tienen ningún respaldo legal ni derechos- que otorga el municipio”, añadió
Desde que la Barrick Gold empezó a operar Veladero, ya se produjeron al menos tres derrames importantes de solución cianurada: en septiembre de 2015, septiembre de 2016 y marzo de 2017. A pesar de estas y otras irregularidades, la minera sigue operando.
“Veladero es ilegal porque incumple la ley de glaciares al estar en zona glaciar y periglaciar, incumple la ley de ambiente con tres incidentes reconocidos y una docena de impactos en el agua que no reconocieron pero están documentados, incumple la ley de residuos peligrosos porque tiene acopio de mercurio en la alta cordillera en una zona peligrosísima por cuestiones ambientales, dado que es un área sísmica a 1500 metros sobre el nivel del mar donde hace 30 grados bajo cero”, dijo.
Seis años después del derrame de 2015 cinco ex funcionarios nacionales, -entre ellos tres ex secretarios de Medio Ambiente, esperan el inicio de un juicio oral inicialmente programado para 2020 y aún sin fecha por la pandemia, mientras ocho empleados de la minera -pero ningún funcionario provincial- fueron procesados por la justicia sanjuanina.
Es que en mayo de 2016 la Corte Suprema de la Nación dividió la competencia y definió que la Justicia sanjuanina debía juzgar a los responsables provinciales y empresariales, mientras que la federal debía investigar la actuación de los funcionarios nacionales. El juez federal Sebastián Casanello dispuso -en octubre de 2018- elevar a juicio oral a Sergio Lorusso (ex secretario de Ambiente), Beatriz Domingorena (ex subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación) y Jorge Mayoral (ex secretario de Minería) por el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Cuatro meses antes, el mismo juez ya había elevado a juicio oral a Lorusso junto a otros ex secretarios de Medio Ambiente, Juan José Mussi y Omar Judis, y a Ricardo Villaba (ex titular de IANIGLA) por el delito de abuso de autoridad en relación a la Ley de Glaciares en una causa desprendida de la del derrame. Por su parte, el entonces el juez penal de Jáchal, Pablo Oritja, procesó a ocho empleados de la empresa por el delito de contaminación de agua, en su modalidad culposa, por actuar con "negligencia o impericia", además de transgredir la Ley Nacional de Residuos Peligrosos. En tanto, no imputó a ningún funcionario provincial. A dos años y medio del derrame, el nuevo juez de la causa aceptó la "probation" solicitada por los imputados y dispuso que realizaran tareas comunitarias y "aportes simbólicos" de dinero al Hospital de Jáchal y tareas comunitarias.
Por su parte, la empresa Barrick pagó una multa de 145.696.000 pesos por el derrame, y otros 104 millones de pesos por los dos incidentes registrados en septiembre de 2016 y marzo de 2017, cuyas actuaciones penales fueron cerradas por "inexistencia de delito".
“Cuando la minera se instaló, no hubo posibilidades de resistirla porque éramos pocos; pero los movimientos sociales tomaron impulso muy fuerte en 2015, cuando logramos detener un proyecto de uranio en el área protegida de La Ciénaga, y más aún con el derrame de Veladero que, si no hubiese sido por la asamblea, lo encubren y no nos esterábamos”, dijo.
Además de haber agudizado la crónica falta de agua y contaminado los ríos, la sospecha es que la actividad minera está relacionada con la alta incidencia de las enfermedades oncológicas en la zona.
“Hay muchos casos de cáncer y si no sabemos si está relacionado porque no hay estudios como parte de la ocultación sistemática, no sería alocado pensarlo porque se contamina no sólo el agua, sino el suelo y después el zonda puede traer la tabla periódica cuando sopla”, dijo.
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