A 20 años del asesinato de 39 personas por las fuerzas represivas del gobierno de Fernando de la Rúa durante el levantamiento popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, los principales responsables de la represión y las muertes siguen en libertad aunque a dos de ellos la justicia acaba de confirmar una condena a penas de cumplimiento efectivo.
por Marta Gordillo
El ex secretario de Seguridad de gobierno Enrique Mathov deberá cumplir una pena de cuatro años y tres meses de prisión y el ex jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, de tres años y seis meses, ambos tras las rejas.
Hasta el momento Mathov y Santos solo estuvieron detenidos unos meses en el 2002 en prisión preventiva y luego permanecieron en libertad hasta la actualidad. Habrá que esperar a los primeros meses del año que viene para verlos definitivamente en la cárcel, si presentan recursos extraordinarios y el tribunal los rechaza, tal como se prevé.
“Tenemos la expectativa de que a principios del año próximo la sentencia ya esté firme y queden detenidos”, dijo a Vertientes del Sur Rodrigo Borda, abogado del Centro de Estudios Legales y Sociales, y representante de familiares de las víctimas.
Esta situación fue definida por la Sala I de La Cámara de Casación Penal cuando confirmó el 14 de diciembre último las condenas de Mathov y Santos por los asesinatos y heridos del 19 y 20 de diciembre de 2001, al mismo tiempo que ratificó la condena de Norberto Gaudiero, ex director general de Operaciones de la Policía Federal, de tres años de prisión.
Borda explicó que el cuarto imputado es Raúl Andreozzi, ex superintendente de Seguridad Metropolitana, que ya tenía la condena ratificada y firme, una pena de cumplimiento condicional.
Las condenas habían sido establecidas por el Tribunal Oral Federal 6, cuando terminó en 2016 el juicio oral por los asesinatos de Gastón Riva, Diego Lamagna, Carlos Almirón, Alberto Márquez, y Gustavo Benedetto, además de decenas de heridos, pero luego hubo 5 años de postergaciones.
El 19 y 20 de diciembre de 2001 no fue solo una pueblada y una orden de represión como respuesta; no fueron 39 asesinatos y decenas de heridos, no fueron solo cuatro los responsables gubernamentales de la masacre, los que recién ahora tendrán una mínima pena mientras otros reposan impunes en el cementerio y algunos más caminan invisibilizados por la ciudad.
El pueblo explotó y le dijo basta al gobierno, a la dirigencia política emparentada con el poder, al neoliberalismo con la desregulación económica, las privatizaciones, la desocupación, el hambre, la inflación; les gritó: ‘Que se vayan todos’.
Dijo ‘basta’ a los 25 años anteriores, desde la dictadura genocida cívico militar eclesiástica hasta el gobierno radical de Fernando de la Rúa, pasando por la transición alfonsinista y la feroz entrega del país del menemismo.
Y la respuesta de diciembre del 2001 con el estado de sitio y la orden de disparar contra el pueblo fue la expresión desesperada de querer defender como sea esa política de entrega del país a los capitales extranjeros, por eso la respuesta social fue más que una pueblada y la represión estatal fue más de lo que fue.
La condena firme a dos responsables llega 20 años después.
El abogado destacó que 20 años para definir una condena firme “es sin duda demasiado tiempo, para ésta y para cualquier causa; muestra la enorme morosidad de la justicia, lo permeable que es la justicia a las chicanas y dilaciones de determinados imputados, acá la defensa de Mathov y Santos pusieron un montón de obstáculos y la justicia fue indulgente frente a eso”.
“Es muy difícil -continuó- hablar de que no hubo impunidad, pero éstas son las características y la forma en que trabaja nuestro sistema judicial, por eso siendo un poco más optimistas planteamos lo importante que es que a pesar de todos esos obstáculos y a pesar del poder político que tenían esas personas y siguen teniendo, pudimos avanzar con la condena”.
Borda marcó este hecho como histórico, “no hay otro jefe de la Policía Federal condenado por hechos cometidos en democracia. A pesar de todo, pudimos llegar a esta instancia en que están condenados a penas de prisión efectiva y además se estableció que lo que hicieron es un delito, que son responsables por las muertes y que la represión fue ilegal”.
“No hay antecedentes ni en Argentina ni en otros países de la región de funcionarios políticos o de altos funcionarios de la policía condenados por hechos de represión en democracia, ni en Chile, ni en Bolivia, ni en México”, dijo.
El abogado se refirió asimismo a la identificación de policías que dispararon y dijo que sí, que hay un grupo identificado que portaba armas largas en la zona de Avenida de Mayo en la hora en que mataron a Diego Lamagna y Carlos Almirón pero no se pudo determinar quién o quiénes dispararon, “fueron acusados formalmente pero están con falta de mérito hasta que aparezca nueva prueba”.
“Hace poco se comunicó un testigo con nosotros que nunca había declarado, que estuvo al lado de Diego Lamagna cuando cae en Avenida de Mayo; él ahora se acercó a la familia para ponerse a disposición”, precisó.
El 2001 en perspectiva latinoamericana
Movimientos sociales, analistas políticos, historiadores definieron a aquellos días como el “Argentinazo”, por esa significación profunda que entraña y que vuelve a confirmar su inacabada pertenencia a una Latinoamérica que sufre la política de rapiña de las potencias extanjeras viabilizada a través de gobiernos locales que les son funcionales.
Argentina expresaba, de este modo, su pertenencia regional a una continuidad histórica y cultural que incluía al Movimiento de los Sin Tierra (MST) de Brasil en lucha por la reforma agraria, a la Guerra del Agua de Bolivia en 2000, a la masiva marcha de campesinos indígenas ese mismo año desde la Amazonía y el norte del Ecuador exigiendo la renuncia de Jamil Mahuad por sus planos económicos, al levantamiento zapatista en México en 1994 para rechazar las “políticas del mal gobierno” y la globalización neoliberal.
Un momento histórico que tuvo avances y retrocesos y que en ese movimiento constante que es la historia y el devenir, estos últimos 20 años dieron continuidad a las peleas por las conquistas y derechos de los trabajadores, por transformaciones sociales desde Argentina hasta México, pasando por los hechos de Chile, Bolivia, Colombia y en general de cada país.
Los días que fueron y que siguieron
El estado de sitio decretado por de la Rúa el 19 de diciembre fue anunciado por cadena nacional de televisión, y desató un levantamiento popular, latente en el entramado social, que empujó a las calles a miles de trabajadores, en barrios y centros urbanos, que ya venían movilizados desde una semana antes.
Cacerolazos y protestas en los barrios porteños y del conurbano, puebladas en ciudades de las provincias, cortes de calles y rutas, saqueos a supermercados y una multitud en Plaza de Mayo fue la respuesta inmediata y contundente que marcó un hito en la historia argentina y fue capaz de echar a un presidente.
Ese 19 y 20 de diciembre de 2001, en que la represión policial asesinó entre 36 y 39 personas en todo el país, también fue denominado como “la masacre de Plaza de Mayo”, por la virulencia que tuvo frente a la Casa Rosada, donde mataron a 5 personas, en tanto 227 fueron heridas y 300 detenidas, mientras que las madres de Plaza de Mayo fueron agredidas con caballos y bastonazos en el lugar emblemático de la lucha por la aparición con vida de los detenidos desaparecidos.
En 2001 estalla una política que venía de años atrás. No estaba lejos la economía neoliberal y de endeudamiento de la dictadura militar, ni la hiperinflación de Raúl Alfonsín que pasó del 460 por ciento en abril de 1989 al 764 por ciento en mayo, que llevó a este dirigente radical a anticipar la entrega del mando presidencial a Carlos Menem quien había ganado en las elecciones de ese mes.
No estaba lejos tampoco la continuidad de la hiperinflación que mantiene Menem hasta 1990, ni la política que lleva a cabo con las medidas de privatización, endeudamiento, pérdida de fuentes de trabajo, la convertibilidad del austral, con la paridad con el dólar de la nueva moneda, que pasaba a ser el peso argentino.
El poder insistía en los planes de ajuste, mientras desde abajo surgían los movimientos piqueteros, de trabajadores que resistían las medidas de expulsión del mercado laboral, y surgían nuevos movimientos de derechos humanos como HIJOS en 1995 y la Coordinadora contra la represión policial e institucional (Correpi ) en 1992.
Las condiciones materiales, la violencia institucional y la memoria que dejaron esos años estaban presentes en el 2001.
Con de la Rúa, la crisis económica incrementa los índices de hambre y desocupación, se implanta el 3 de diciembre de 2001 el corralito, impidiendo a amplios sectores de la clase media retirar sus ahorros de los bancos, se incrementa la deuda externa, no se avanza con los juicios de lesa humanidad. La atmósfera se volvió irrespirable.
Fueron los días de diciembre más calientes de los últimos años y así comenzaba un nuevo siglo, con movilizaciones callejeras que “no se limitaron a saqueos: hubo ocupación pacífica de edificios públicos, ataque a sedes gubernamentales con lucha callejera con la policía, y cortes de ruta que se extendieron durante días en todo el país (el 19 estaban cortadas todas las rutas de Jujuy, Entre Ríos y Chaco y el sur de la provincia de Tucumán)”, recuerdan los investigadores Nicolás Iñigo Carrera y María Celia Cotarelo en “Argentina, diciembre de 2001: hito en el proceso de luchas populares”.
El 13 fue la huelga general de las dos CGT, a la que se sumó la CTA y fue esa misma noche que “comenzaron los saqueos en supermercados y otros comercios de Mendoza. Al día siguiente se repitieron allí y en Rosario (Santa Fe), y los días siguientes en Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú (Entre Ríos), Avellaneda, Quilmes, San Martín, Boulogne, San Miguel, Ciudadela, Moreno, Lanús y Lomas de Zamora (Gran Buenos Aires), la Capital Federal, San Juan, Santiago del Estero, Neuquén, Mendoza, Córdoba y Cipolleti (Río Negro), hasta alcanzar, según estimaciones periodísticas, la cifra de 800 a 1.000”.
“Tanto el desarrollo de las formas de lucha -destacan- como el proceso de formación de fuerza social indican que la insurrección de diciembre se encuentra dentro del ciclo de enfrentamientos sociales que comienza en diciembre de 1993 y que recorre desde el motín hasta la insurrección y de lo local a lo nacional”.
El comienzo de siglo como bisagra. Dos años y el colapso, y esa medida desesperada que traía a la memoria tiempos de horror, el estado de sitio.
Fue decretado por un mes, pero sólo duró dos días al quedar sin efecto con la renuncia de la Rúa, quien el 21 de diciembre partía desde los techos de la Casa Rosada en helicóptero revelando la impotencia de un gobierno que había prometido salir del colapso y terminó hundiendo más al país.
Tras los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 y la caída de Fernando de la Rúa, los momentos de tensión social e inestabilidad política continuaron con movimientos en las calles y con la sucesión de cinco mandatarios en el lapso de once días.
Ante el vacío de poder, asume el 23 de diciembre Adolfo Rodríguez Saá, quien anuncia la suspensión del pago de la deuda externa, lanza un feriado bancario, plantea una nueva moneda y mantiene restricciones para el retiro de fondos de los bancos.
La gente en las calles reclama su renuncia, y el 31 de diciembre asume el presidente del Senado, Ramón Puerta, quien abandona inmediatamente el cargo y lo reemplaza en forma interina el titular de Diputados, Eduardo Camaño, quien convoca a una Asamblea Legislativa. El 1 de enero de 2002 Eduardo Duhalde es elegido para culminar el mandato del ex presidente radical.
“Desde diciembre de 2001 a julio de 2002, los movimientos populares que se multiplicaron fueron un poder en la vía pública y una presencia visible en las provincias, sobre todo con el corte de rutas e importantes avenidas, tanto en Buenos Aires como en las capitales provinciales ”, destacan los sociólogos James Petras y Henry Veltmeyer, en“ Movimientos Sociales y Poder Estatal ”.
Y plantean que en ese momento había dos sectores bien diferenciados: “por un lado los piqueteros, las asambleas vecinales, las fábricas ocupadas, y por otro, el aparato estatal existente”.
En este sentido, los investigadores y docentes de la Universidad de Buenos Aires, Daniel Campione y Beatriz Rajland destacan en “Piqueteros y trabajadores ocupados en la Argentina de 2001 en adelante” que “el gobierno de Duhalde no logró un consenso amplio, pero sí una cierta tolerancia que le permitirá superar el momento más crítico, en julio de 2002, cuando la conjunción de la inflación resurgida, la desocupación en su punto más alto y los salarios en el más bajo, se sumó a la demostrada culpabilidad del aparato estatal en el asesinato de dos dirigentes piqueteros, Darío Santillán y Maximiliano
Kosteki ”.
En tanto, Miguel Mazzeo, profesor de historia de la UBA, sociólogo e investigador de los "nuevos movimientos sociales", expresó en uno de sus trabajos en Voces en el Fénix que el 19 y 20 de diciembre de 2001 “vino a instituir el fin de la última dictadura militar (1976-1983), es decir: puso en evidencia la caducidad de algunos de sus efectos más depravados que aún persistían ”, y que quedan impresos en la imagen de un presidente escapando por los techos a causa de la rebelión popular.
