En el breve lapso que va del siglo XXI, hubo dos proyectos de ley para flexibilizar las condiciones de trabajo de los argentinos, uno fue aprobado pero derogado a los dos años, y el otro murió en el intento.
Uno de los propósitos del gobierno radical de Fernando de la Rúa fue reformar la ley laboral, y entre las medidas más fuertes estaban extender el período de prueba de 1 a 6 meses , con la posibilidad de renovar el plazo, y la posibilidad de habilitar convenios por empresa, en lugar de por rama o actividad, echando por tierra una lucha que llevó años, muertes y fuertes resistencia del movimiento obrero por los derechos laborales y la organización sindical.
El gobierno contaba con mayoría en Diputados pero no en Senadores. En ese momento se desató “el escándalo de coimas”, o sea, el soborno a senadores para lograr el apoyo y votar la ley, en abril de 2000. Este acontecimiento provocó la renuncia del vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez y el quiebre de la Alianza.
Finalmente, con el apoyo del secretario general de la CGT de entonces, Rodolfo Daer, que provocó la fractura con Hugo Moyano quien estaba en contra de la ley, y con los acuerdos con un sector del peronismo que planteó como condición que no se baje el salario básico por dos años, la ley fue sancionada en mayo de ese año. En octubre asume como ministra de Trabajo Patricia Bullrich hasta octubre de 2001 cuando asume como ministra de Seguridad Social hasta diciembre, cuando cae de la Rúa.
El fin de esta ley llegó en 2004 cuando fue derogada y reemplazada por una nueva ley laboral, pero los imputados por soborno que fueron procesados en 2007, entre los que estaba Fernando de la Rúa fueron absueltos en 2012.
Otro de los presidentes que también pugnó por flexibilizar las condiciones de trabajo fue Mauricio Macri pero no pudo imponer su proyecto de reforma laboral, tras haber aprobado la ley previsional en medio de una convulsionada protesta de resistencia de los trabajadores el 18 y 19 de diciembre de 2017, que marcó un quiebre político de su gobierno, que impidió que el proyecto de ley de reforma laboral llegara al Parlamento.
Ese día también el gobierno desató una represión brutal, donde la policía avanzaba sobre los manifestantes efectuando una cacería salvaje, golpeando y deteniéndolos en los alrededores del Congreso, donde se estaba debatiendo la ley de reforma previsional.
En ese entonces también estaba Patricia Bullrich, pero esta vez como ministra de Seguridad, desde 2015 hasta 2019.
Las medidas que planteaba el proyecto oficial para la reforma laboral contemplaba tres aspectos centrales, el blanqueo, es decir que no habría multas para los empleadores que tienen trabajadores en negro; reducción de los aportes patronales modificación del cálculo de las indemnizaciones en detrimento de los trabajadores. Esos fueron algunos de los ejes de la precarización y flexibilización laboral que implicaba aquella iniciativa frustrada.