La conmemoración de los 50 años de la Masacre de Trelew es también la primera sin impunidad porque, gracias a la lucha incansable de los familiares, el último de los perpetradores que permanecía sin responder por sus crímenes fue condenado el pasado 2 de julio en el marco de un proceso civil realizado en Miami, cuyo resultado permite abrigar renovadas esperanzas de extradición.
Por Alicia Alvado
“Este es un 22 de agosto distinto gracias al camino que hicimos los familiares que arrancó en 1972, cuando empezamos a pedir justicia, y que nos trajo hasta acá, donde podemos decir, por primera vez, que tenemos un aniversario con todos los perpetradores de la masacre con alguna condena”, dijo a Vertientes del Sur Raquel Camps, la hija de Alberto, uno de los tres presos políticos que salió con vida de esta matanza pero que fue asesinado cinco años más tarde por la dictadura genocida de Videla.
Fernando Vaca Narvaja, el último sobreviviente de los seis que lograron concretar el plan de fuga de la cárcel de Rawson y viajar a Cuba vía Chile, ponderó también en diálogo con Ciudad Abierta la lucha de los familiares que permitió que “cuando se cumplieron los 40 años, se hiciera justicia por el asesinato de los compañeros” con el enjuiciamiento y condena de tres de los marinos responsables; “y hoy, a los 50 años, hacerle un juicio al último que nos faltaba que era (Roberto) Bravo”.
Se conoce como “Masacre de Trelew” al fusilamiento de 16 guerrilleros detenidos a manos de represores de la Marina que tuvo lugar el 22 de agosto de 1972 en la base Almirante Zar de Trelew tras una fuga fallida del penal de Rawson, y el intento de terminar también de la misma manera con las vidas de otros tres, que sin embargo lograron sobrevivir y contar lo sucedido.
En todos los casos se trataba de jóvenes de entre 21 y 34 años que militaban en tres diferentes organizaciones revolucionarias –Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) y Montoneros- y sus cúpulas, que habían sido detenidos en diferentes puntos del país y trasladados a una cárcel de máxima seguridad en la inhóspita meseta patagónica con la esperanza de aislarlos.
“Yo vengo de acá, de la cárcel de Trelew y de ese hueco que habían hecho los compañeros (entre el techo y el piso de la cárcel) para pasarse información y a través del cual mis viejos se vieron por primera vez”, cuenta Camps a Vertientes del Sur desde esa ciudad chubutense donde viajó con su familia para los actos conmemorativos.
Promediando sus cuarenta, Raquel hace poco más de 20 años que pudo reconstruir su historia “porque en mi familia no se hablaba de lo que había sucedido”, y creció creyendo que sus padres –ambos asesinados durante la dictadura- habían fallecido en un accidente.
“Cuando en 2007 vine por primera vez acá conocí a muchos de los compañeros de mis padres y fueron ellos los que me empezaron a contar lo que pasó y gracias a esos relatos, a esa memoria que se mantuvo durante tantos años, muchos de los hijos pudimos conocer la historia de nuestros padres que es la nuestra”, agregó.
A Raquel le gusta evocar sobre todo “esas historias de la unidad” de las organizaciones, “de la solidaridad del pueblo” con los presos políticos y sus familiares así como la historia de amor de sus padres que se abrió paso en las circunstancias más adversas.
“A mí me contaba siempre Eduardo Duhalde (el abogado y ex secretario de Derechos Humanos) que él oficiaba de Cupido porque los pedía a los dos juntos para que se vieran, pero después ellos se mataban en un rincón y él se quedaba solo con los papeles’”, contó.
Por su parte, el sociólogo y escritor Roberto Baschetti explicó a Vertientes del Sur que para agosto de 1972, la dictadura de Agustín Lanusse “había reunido a los presos considerados de máxima peligrosidad en una cárcel de máxima seguridad como era el penal de Rawson”, donde enseguida se puso en marcha un proyecto de fuga “porque la primera misión de un militante que caía preso era tratar de fugarse de la cárcel”, dado que las garantías constitucionales estaban suspendidas y era imperioso para ellos reincorporarse a la lucha.
Descartado un primer intento de escaparse a través de un túnel, los guerrilleros presos de las tres organizaciones idearon un elaborado plan de fuga que contó con la complicidad de uno de los guardias y de toda la población carcelaria, y que incluía la toma de todo el penal como paso previo para que 116 presos políticos huyeran en un auto, una camioneta y dos camiones rumbo al aeropuerto de Rawson donde un avión secuestrado a la aerolínea Austral los llevaría al Chile del socialista Salvador Allende.
La mala interpretación de una señal en un momento crítico del operativo de escape, hizo que sólo seis de los presos –los líderes de las tres organizaciones- pudieran llegar a tiempo para tomar el vuelo, mientras que el grueso de los detenidos no pudo abandonar el penal y otros 19, que habían llegado tarde al aeropuerto, decidieron tomarlo para negociar su rendición incondicional.
Y aunque las autoridades militares se habían comprometido a devolverlos al penal de Rawson, distante unos 20 kilómetros, los recapturados fueron llevados a la base Almirante Zar donde después de una semana de incomunicación y torturas, el 22 de agosto a las 3:30 fueron obligados a salir de sus celdas para recibir una lluvia de balas.
El represor Luis Sosa, condenado a perpetua por la masacre
Murieron allí Alejandro Ulla, Ana María Villarreal de Santucho –quien estaba embarazada de unos 6 meses y recibió varios tiros en su abdomen-, Carlos Alberto del Rey, Clarisa Lea Place, Eduardo Capello, Humberto Suárez, Humberto Toschi, José Ricardo Mena, Mario Emilio Delfino, Miguel Ángel Polti y Rubén Pedro Bonnet del PRT-ERP; Carlos Astudillo y María Angélica Sabelli de las FAR; Mariano Pujadas y Susana Lesgart de Montoneros.
Resultaron gravemente heridos pero sobrevivieron al ataque los militantes de las FAR Alberto Miguel Camps, María Antonia Berger y Ricardo René Haidar; los tres asesinados posteriormente por la dictadura eclesiástica-cívico-militar que se instauró tras el golpe de 1976.
En tanto, lograron huir a Chile Enrique Gorriarán Merlo, Mario Roberto Santucho, Domingo Menna del PRT-ERP; Marcos Osatinsky y Roberto Quieto de las FAR y Fernando Vaca Narvaja de Montoneros.
“Siempre aparece en el imaginario o en las fakes news la idea de un exilio dorado de esos guerrilleros siendo que cada uno de esos compañeros estuvo de regreso en la Argentina entre diciembre del 72 y enero del 73, peleando contra la dictadura militar de Lanusse”, contó Baschetti cuyo último libro -“Trelew 1972-22 de agosto-2022”- está dedicado a los fusilamientos.
Vaca Narvaja explica que en 1972 el tercer presidente de facto de la autodenominada “Revolución Argentina” que se había hecho con el poder en 1966 tras derrocar al presidente Arturo Illia, “intentaba una continuidad regiminosa de un sistema oligárquico, militar y judicial en la Argentina” a través de “una propuesta política que se llamaba el Gran Acuerdo Nacional (GAN)” y que implicaba una vez más la proscripción del peronismo.
“La acción de fuga de Trelew desenmascara esa propuesta política y la masacre posterior conmueve a la sociedad argentina. Y esa propuesta de pseudo democracia se desmorona y la dictadura militar es derrotada en el año 1973”, dijo.
La conferencia de prensa en el aeropuerto de Trelew, previo a la rendición de los 19 presos políticos
“Yo tengo la teoría de que así como una generación empezó a militar después de leer ‘Operación masacre’ de Rodolfo Walsh porque se indignó ante esos asesinatos a mansalva de obreros y militares peronistas, lo mismo ocurrió con la generación siguiente que empezó a militar con todo a partir de lo de Trelew y el libro ‘La Patria Fusilada’ de Francisco ‘Paco’ Urondo”, dijo Baschetti.
Medio siglo después, Vaca Narvaja repasa que el plan de fuga tenía tres poderosos elementos a su favor: “la confluencia de 130 presos hombres y mujeres, guerrilleros, dirigentes sindicales y sociales” de diferente pensamiento político “trabajando conjuntamente en un minucioso plan colectivo”, “el enorme respaldo de la población” de Rawson, y “el efecto sorpresa” de un operativo de fuga iniciado “desde adentro hacia afuera” y no desde fuera hacia adentro, posibilidad contra la cual se habían montado todo un sistema defensivo en las inmediaciones del penal.
Por su parte Baschetti sostuvo que hay que entender Trelew como un episodio más en que “la sangre de nuestro pueblo se vierte generosa y rebelde entre los pliegos y recovecos de un proyecto de país al que uno aspira y está convencido -por eso milita- de que algún día convertirá a nuestra patria en una tierra de futuro”.
“Un rápido repaso por la historia del siglo XX muestra que la violencia contra nuestro pueblo no empieza ni termina con la masacre de Trelew; basta recordar la Semana Roja de 1909, la Semana Trágica de 1919, la Patagonia Rebelde entre 1920 y 1922, el bombardeo de 1955, y un año más tarde los fusilamientos de José León Suárez”, dijo.
“Y detrás están los mismos mentores ideológicos: patrones, terratenientes, oligarcas, empresas imperialistas que arman sus tropas de ocupación, sean policías o militares, para llevar adelante las matanzas que permitan preservar sus privilegios para siempre”, agregó.
En ese sentido, Baschetti consideró que la Masacre de Trelew fue “un ensayo” del sistema represivo que se instalaría a partir del 24 de marzo de 1976 “porque allí se condensaron mucho de los presupuestos que luego tendrían esa siniestra larga aplicación” contra “el campo nacional, popular y revolucionario”.
En primer lugar “la pedagogía del escarmiento por el terror” que implica “sacarlos de una celda y fusilarlos sin más”; en segundo lugar “el ocultamiento de la verdad de los hechos” porque rápidamente se elabora una versión oficial que nada tiene que ver con lo ocurrido; en tercer lugar “la política de exterminio, de que no quede nadie vivo” y por eso los tres sobrevivientes de Trelew “murieron no casualmente durante la (siguiente) dictadura”; la “aplicación de la ley de fugas” para encubrir ejecuciones; y “el intento de unificar a las Fuerzas Armadas a través un pacto de sangre” según el cual “todos matamos, todos somos victimarios, todos nos callamos”.
Tres días después de la masacre, Baschetti fue uno de los militantes que concurrió al velatorio de Villarreal, Capello y Sabelli en la sede del partido Justicialista, el cual fue interrumpido por dos tanquetas militares que irrumpieron en el lugar y se llevaron los féretros para poner fin a la reunión que había terminado siendo “un acto político”.
Profundamente orgullosa de sus padres, Raquel Camps también destaca la fortaleza de los vínculos personales que supieron forjar los jóvenes revolucionarios no sólo los que pertenecían a la misma organización, sino los que aún perteneciendo a diferentes agrupaciones, coincidían en la lucha, como ocurrió en la fuga del penal.
“Yo me llamo María por María Angélica Sabelli, y Raquel por Raquel Gelin que es la primera militante que muere en combate, en brazos de mi papá (en Córdoba a fines de 1970). Fue un acto de amor de ambos querer darme su nombre. Mis padres además le pusieron a mi hermano Mariano por Pujadas, Alfredo por Kohon y Humberto por Toschi, cada uno de diferente organización, y creo que ahí estaba también el pedido de justicia y de no olvido”, contó.
La justicia recién alcanzó a los fusiladores de Trelew en 2012, cuando el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia condenó a perpetua al comandante en jefe de la Fuerza Aérea Emilio Del Real, al capitán de fragata Luis Sosa y el ex cabo Carlos Marandino como autores de 16 homicidios y tres tentativas; mientras que el Teniente de corbeta Roberto Guillermo Bravo no pudo ser juzgado por no haberse obtenido su extradición de EEUU en virtud de haberse naturalizado como ciudadano de ese país.
Raquel Camps y sus padres Rosa María y Alberto
Cincuenta años después de la masacre, el pasado 2 de julio Bravo fue declarado responsable por un jurado popular en la Corte del sur de Florida de los fusilamientos de Eduardo Capello, Rubén Bonet y Ana María Villarreal de Santucho y del intento de ejecución extrajudicial de Alberto Camps. La sentencia en el juicio civil también determinó que Bravo deberá pagar 24 millones de dólares como resarcimiento.
“El juicio (civil) contra Bravo en EEUU se enmarca en un proceso de memoria, verdad y justicia muy potente y creativo ante la imposibilidad de ser juzgado en la Argentina”, dijo a Vertientes del Sur Sol Hourcade, la coordinadora del equipo Memoria, Verdad y Justicia del CELS, que acompañó el litigio civil junto al Center for Justice and Accountability (CJA) de Estados Unidos.
La abogada explicó que si bien se lo juzgó por cuatro casos, “al fin y al cabo lo que se demostró en la corte de Florida fue la responsabilidad de Bravo en todos los hechos” y la expectativa es que “este veredicto civil impulse o agilice la resolución” del proceso de extradición iniciado tras un primer rechazo en 2010 y aún pendiente de resolución por parte del juez Edwin Torres quien “no tiene un plazo para llegar a una decisión”.
“Es fuerte pensar que un jurado popular de los EEUU sea el que emita un fallo sobre este caso tan emblemático en la Argentina. Teníamos mucha curiosidad por cómo iban a aprehender la prueba, que por otra parte era muy contundente y que los abogados que llevaron el caso allá presentaron de la mejor manera. Pese al desconcierto inicial fue una muy buena experiencia y creo que este jurado de EEUU no se dio cuenta aún qué rol clave va a tener en la historia de nuestro proceso de justicia por delitos de lesa humanidad”, dijo.
Además de la extradición, existe otra posibilidad para que Bravo sea finalmente juzgado por sus crímenes en Argentina: la desnaturalización.
La medida podría ser adoptada por las autoridades migratorias del país del norte en función de “una irregularidad en el ingreso” a ese país, “que tiene que ver con que EEUU para solicitar la ciudadanía hace algunas preguntas con carácter de declaración jurada sobre la comisión previa de ciertos tipos de delitos graves” que el represor habría respondido con mentiras, y “en ese caso también estará en estudio si corresponde o no que mantenga la ciudadanía” que, en caso de caer, podría proceder la deportación.
Camps, Baschetti y Vaca Narvaja coinciden en que el legado de Trelew es un llamado a “la unidad de las organizaciones” que luchan contra el neoliberalismo.
“Me encanta escuchar el relato de cómo las organizaciones que tenían diferentes pensamientos, supieron lo que tenían que hacer para seguir en la lucha, que es la unidad. Qué mejor que traerlo al día de hoy, que necesitamos trabajar en la unidad porque los enemigos siguen siendo los mismos”, concluyó Camps.
