A tres días de que las urnas convirtieran en diputado nacional a un candidato libertario que pidió “transformar en un queso gruyere a un par de delincuentes” y mientras el jefe de gobierno porteño participaba de la celebración por los cinco años de la Policía de la Ciudad, tres efectivos de civil se cobraban este miércoles la víctima 121ª de gatillo fácil en esta capital desde el traspaso de la fuerza –según estadísticas de la Correpi-, lo que arroja la aterradora estadística de un asesinato cada 15 días.
Por Alicia Alvado
Esta vez le tocó a Lucas González, un adolescente de 17 años que circulaba en auto junto a tres amigos con los que minutos antes había estado entrenando en el Club Barracas Central, cuando comenzaron a ser perseguidos por los policías Gabriel Isassi, José Nievas y Fabián López que circulaban por el barrio sin uniforme y a bordo de un auto sin identificación.
Creyendo ser emboscados por ladrones, los adolescentes trataron de huir y los policías respondieron a los tiros: dos de esas balas dieron en la cabeza de Lucas.
“Lo primero que hay que decir es que este caso no tiene nada de sorprendente, insólito o inédito ni ninguno de esos adjetivos que se han usado a troche y moche”, dijo la titular de la Correpi, María del Carmen Verdú a Vertientes del Sur.
“Lo que en todo caso es poco habitual, es que tan pocas horas es que gracias a la intervención del club (Barracas Central donde jugaba Lucas) y del periodismo deportivo, se haya logrado desarticular y demostrar la falsedad de la versión policial”, agregó.
Es que “casos exactamente iguales al de Lucas, es decir, auto interceptado con el cuento de que ‘tenían pinta de sospechoso’ o del falso enfrentamiento, vemos dos o tres por semana” a nivel nacional, pero la mayoría de estos episodios “no trascienden más allá del titular ‘policía mató ladrón en un enfrentamiento’, porque nadie lo cuestiona y la familia no logra atravesar el muro mediático” para dar a conocer lo realmente ocurrido.
El mismo miércoles 17 de noviembre y a pocas cuadras, en la Plaza Garay, un policía de la Ciudad apoyado por otros tres efectivos, disparó 11 veces para tratar de detener a una persona que portaba un arma blanca. El policía hirió al supuesto agresor y también a un tercero que estaba fortuitamente en la plaza.
“Solamente de policía de la ciudad tenemos registrados, en los cinco años de su existencia, 121 casos de gatillo fácil, además de las muertes en comisarías”, dijo esta abogada especializada.
“Una barbaridad si tenés en cuenta que la bonaerense tuvo 143 en los dos últimos años, pero son más de 100 mil efectivos”, agregó esta activista cuya organización dará a conocer en las próximas semanas el relevamiento 2021 de violencia institucional letal.
No obstante, “tenemos más de 400 casos registrados en total en todo el país, que corresponden no solo a gatillo fácil sino muertes en detención y otras modalidades”, tales como fusilamientos en manifestaciones, muertes intrafuerza o intrafamiliares, causas fraguadas consecuencia de otros delitos o producidas en otras circunstancias.
Respecto a la posición de José Luis Espert haciendo campaña con la política de mano dura, Larreta homenajeando a efectivos de la policía de la Ciudad y la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich defendiendo a los efectivos involucrados en el hecho que ya fueron separados de la fuerza, Verdú fue tajante en afirmar que estas actitudes constituyen “la explicación de por qué decimos que es política de Estado” la represión policial letal.
Por otro lado, Verdú se manifestó muy crítica con la prensa, que construye una presunta “opinión pública” que en realidad es “la opinión publicada”, acorde a los intereses empresariales y la línea editorial.
En ese sentido, mencionó que si se tiene en cuenta la cobertura mediática de los casos, pareciera que el asesinato del kiosquero el pasado 7 de noviembre en Ramos Mejía durante un asalto, fuera más grave o importante que el fusilamiento del adolescente futbolista por parte de las fuerzas policiales, pero “los vecinos de Florencio Varela o de Barracas, que ayer estuvieron movilizados por el asesinato de Lucas, no se sienten parte de esta opinión publicada”.
Verdú pidió “deconstruir este discurso hegemónico” que “toma a libro cerrado la versión policial” y que se evidencia ya desde los titulares, porque “los periodistas encabezan diciendo ‘policía abatió delincuente’ en lugar de ‘policía abatió una persona'”.
““¿Porque si no qué me están diciendo? ¿Que como es un delincuente no es mi problema?Incluso, suponete que el caso de Lucas no hubiera sido como fue, y que efectivamente los chicos hubieran venido de haber afanado un auto, entonces ¿el disparo desde atrás a personas desarmadas está bien?”, se preguntó.
La activista destacó en este caso lo providencial del hecho que Lucas jugara en las inferiores de un club de fútbol, lo que permitió la intervención del presidente de la AFA Chiqui Tapia que fue “el primero que salió a desmentir la versión oficial y llamó a los periodistas deportivos para decir ‘es mentira, yo sé quién es ese pibe’”; sin la cual nunca se habría sabido la verdad.
Por su parte, la abogada penalista y activista por los derechos humanos Claudia Cesaroni reflexionó en sus redes sociales que “no hay nada más inseguro para nuestros pibes que cruzarse con la policía”.
“Nos cansamos de denunciar los discursos de odio, la legitimación de los Espert, los Berni y las Bullrich. Nos desgañitamos explicando q las fuerzas de seguridad los reciben como una vía libre para matar, tanto a "culpables" como a "inocentes". Y que es igual de criminal. Y sí: es mucho más grave una muerte provocada por policías bonaerenses, correntinos o porteños, que la provocada por un individuo común. El dolor de las víctimas y sus familias es el mismo, la responsabilidad NO es la misma, porque el Estado está para cuidarnos a todes”, escribió.
“¿Ahora van a preguntar si los policías que actuaron disparando a mansalva y dejando al borde de la muerte a Lucas González tenían antecedentes penales? ¿Si estuvieron presos y los soltaron antes de tiempo?”, agregó la autora de “La vida como castigo”, “Masacre en el Pabellón Séptimo” y “Contra el Punitivismo”.
En el mismo sentido que Verdú, Cesaroni apuntó que el de González es solo un caso, “en los últimos días hubo varios más, de pibes asesinados” pero “a nadie le importan, porque la policía inventa enfrentamientos, igualito que lo hacía en dictadura, igualito que dijeron que Ezequiel Demonty o Santiago Maldonado ‘se ahogaron’, como si no hubiera habido una acción represiva ilegal previa”.
“No hay nada más inseguro para nuestros pibes que cruzarse con la policía. Para pibes que van a entrenar o para pibes que van a robar, o que a la policía les parecen sospechosos: tendrán igualmente una sentencia de muerte inmediata y sumaria. Esa inseguridad sí que se puede ver. No es ‘gatillo fácil’, es violencia estatal, son crímenes de Estado”, concluyó.
En un comunicado, el CELS denunció que “a cinco años de su creación, nunca armó el registro de casos ni presentó informes sobre cómo intervenir para controlar y reducir el uso policial de la fuerza como lo establece la ley 5688” que creó el Sistema Integral de Seguridad Pública de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
“La intervención de brigadas sin identificación era una práctica de la vieja Policía Federal. En la zona sur de la Ciudad de Buenos Aires las fuerzas policiales parecen estar acostumbradas a disparar primero y averiguar después”, dijeron.
El hecho también fue duramente repudiado por Amnistía Internacional Argentina que en un comunicado reclamó “una investigación urgente e imparcial sobre los hechos de violencia policial que culminaron en el asesinato de Lucas”, la implementación de “robustos sistemas de supervisión y control sobre los operativos o brigadas de civil llevados adelante por la policía en la Ciudad” y “la implementación de medidas estructurales” a nivel país “dado que este tipo de casos no son hechos aislados en la República Argentina”.
Por su parte, el Colectivo Indentidad Marrón hizo hincapié en el profundo "racismo" que encierra este fusilamiento policial.
"Una visera y un par de zapatillas usadas por un pibe marrón es lo que puede provocar que un agente policial del Estado dispare y piense que no pasara nada. ¿Cómo explicarlo más allá del dolor, de la impotencia, si no es hablando de racismo estructural y violencia institucional? ¿Qué pasa cuando el respeto a los derechos civiles es selectivo? ¿Qué pasa cuando la violencia se legitima creando cuerpos sospechosos y agredibles?", postearon en sus redes.
"El caso de Lucas González desgraciadamente no es excepcional, ¿Qué pasa con Lautarito Rose? Muerto por la negligencia policial en Corrientes, ¿Qué pasa con Facundo Astudillo? Desaparecido y asesinado por la policía en provincia de Buenos Aires ¿Qué pasa con Luis Espinoza? Secuestrado y asesinado por la policía de Tucumán ¿Que pasa con Florencia Magalí Morales? Detenida por violar la cuarentena y asesinado por la policia de San Luis. ¿Qué pasa cuando olvidamos los asesinatos racistas de la policía en todo el país?", se preguntaron.
La 25ª actualización de la Recopilación de Casos de Personas Asesinadas por las Fuerzas Policiales de la Correpi, da cuenta que entre 1983 y noviembre de 2020 las víctimas fueron al menos 7.587 y el balance del período de gobierno de Mauricio mostró que esta gestión fue la primera en superar la marca de una muerte diaria a manos del aparato estatal, con un asesinato cada 18,34 horas, estadística que retrocedió levemente durante el primer año de mandato de Alberto Fernández (1.19 muertes por día)
Si se desglosa la totalidad de casos registrados desde diciembre de 1983 por fuerza responsable, resulta que las policías provinciales en conjunto ocupan el primer lugar, con el 46,63% de los casos, seguidas de lejos por los servicios penitenciarios federal y provinciales con el 38,54%, y, mucho más lejos aún, la policía federal (8,01%) y con incidencia muy menor el resto de las fuerzas.
En cuanto a modalidades represivas sobre el total de casos registrados en el Archivo, que muestra la incidencia de las dos modalidades más frecuentes de la represión orientada al control social: las muertes de personas detenidas (50%) y los fusilamientos de gatillo fácil (36,4%). Más atrás quedan las muertes intrafuerza o intrafamilair (8%), en movilización o protesta social (1.2%) y los asesinatos por causa fraguada o consecuencia de otros delitos (1%).
Si atendemos a las variaciones por edad, el 44,50% del total corresponde a personas de 25 años o menos, como Lucas.