Dos luchadoras feministas de América Latina víctimas de femicidios políticos
por Alicia Alvado y Marta Gordillo
En este mes de la mujer, en que el 8M vuelve a reclamar “basta de femicidios”, “por una reforma judicial feminista”, “por la emergencia nacional en violencias de género”, se cumple un nuevo aniversario del asesinato de dos luchadoras latinoamericanas: hace cinco años mataban a Berta Cáceres en Honduras y hace tres masacraban a Marielle Franco en Brasil, mientras los ideólogos de ambos crímenes permanecen impunes.
“No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas”
En la madrugada entre el 2 y 3 de marzo de 2016, a dos días de su cumpleaños, Cáceres, líder hondureña, ambientalista, indígena y feminista es asesinada a balazos mientras dormía en su casa de la Esperanza, tras haber sido víctima de constantes amenazas.
“En este país responsable de graves violaciones de derechos humanos, los que luchamos por la tierra, por el agua, por el territorio para la vida, para que no caiga en manos privadas y sea destruido, ponemos la vida en riesgo. Aquí es muy fácil que a uno lo maten", había dicho Cáceres durante una entrevista en 2015 a poco de haber recibido el
el Golden Enviromental Prize, considerado el “Nobel del Medio Ambiente” que en 2012 ganó la argentina Sofía Gatica, líder de las Madres de Ituzaingó.
De hecho, la organizaciónn internacional Global Witness identifica actualmente a Honduras como “uno de los países más mortíferos del mundo para los defensores del medio ambiente”, sólo superado por Brasil donde en 2014 un total de 448 personas fueron asesinadas por este motivo, contra los 109 casos del país centroamericano en el mismo período.
“El coste que pagamos es muy alto. Pero lo más importante es que tenemos una fuerza que viene de nuestros ancestros, herencia de miles de años, de la que estamos orgullosos. Ese es nuestro alimento y nuestra convicción a la hora de luchar”, agregó en esa oportunidad.
Sólo once meses después de haber recibido este premio internacional en reconocimiento a su defensa del medioambiente y a su protagonismo en la lucha para frustrar la instalación de una nueva represa hidroeléctrica sobre el río Gualcarque, Berta fue asesinada por sicarios; tenía 42 años.
Como titular del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) que había cofundado en 1993, Cáceres venía denunciando sistemáticamente la privatización de los ríos.
Asimismo, reclamaba contra la decisión del gobierno del ex presidente Porfirio Lobo de autorizar la concesión de las aguas para la construcción de 47 represas hidroeléctricas violando el convenio 169 de la OIT que exige que este tipo de proyectos cuenten con consulta previa, libre e informada de las poblaciones afectadas.
Tras haber recibido el pedido de auxilio de las comunidades lencas vecinas al lugar donde la compañía hondureña Desarrollos Energéticos S. A. (DESA) había planificado construir la represa Agua Zarca, la COPINH se involucró en la organización del reclamo.
Hubo movilizaciones a la capital, apariciones en los medios y el bloqueo durante 21 meses de la carretera por la que debían acceder las maquinarias para iniciar la obra.
En julio de 2013 y en el marco de una represión que intentaba poner fin al corte de ruta, los militares asesinaron al líder lenca Tomás García, cuya muerte terminó de sublevar a las comunidades que le exigieron al gigante chino Sinohydra que rescinda su contrato con DESA para la construcción de la represa.
La empresa se retiró alegando la continua resistencia de la comunidad y al poco tiempo el Banco Mundial desistió de prestar su financiamiento ante las sospechas de violaciones a los derechos humanos: si bien otras empresas quisieron tomar la posta, desde entonces el proyecto está suspendido, aunque la concesión del río tiene una vigencia de 50 años, lo que mantiene en alerta a los pueblos.
Como mujer racializada, Cáceres era muy consciente de las dificultades adicionales que estas interseccionalidades representaban para su activismo político y medioambiental.
“No es fácil ser mujer dirigiendo procesos de resistencias indígenas. En una sociedad increíblemente patriarcal las mujeres estamos muy expuestas, tenemos que enfrentar circunstancias de mucho riesgo, campañas machistas y misóginas”, dijo en una de sus últimas entrevistas.
Con motivo del quinto aniversario de su femicidio, el COPINH que hoy dirige su hija Berta Isabel Cáceres Zúñiga (31) emitió un comunicado titulado “Cinco años exigiendo y construyendo justicia”.
“El sistema de justicia hondureño hace sus oídos sordos ante la existencia de numerosa información recabada y de profundas investigaciones de expertas y expertos internacionales que han identificado a los autores intelectuales del crimen y que permanece en los expedientes judiciales”, dijeron.
En concreto hacen referencia a cinco integrantes de la familia Atala Zablah, todos directivos de DESA.
“Nueva información ha puesto de manifiesto que detrás del crimen existen irregulares movimientos de dinero de origen extranjero y que la motivación del asesinato son los actos corruptos del proyecto hidroeléctrico propiedad de la familia Atala”, expresaron.
Además de su enjuiciamiento y condena, reclamaron que “los procesos que se están desarrollando contra David Castillo” como coautor del crimen “no se dilaten más y que sea sentenciado” por el hecho; e hicieron un llamado a la comunidad internacional y a los organismos internacionales para que refuercen su exigencia de justicia.
“En nuestras cosmovisiones, somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida por el bien de la humanidad y de este planeta”, dijo Berta al recibir el premio Goldman en 2015.
El galardón se lo dedicó “a las y los mártires en le defensa de los ríos de la naturaleza”, una condición que ella adquiría sólo un año después.
“Eu sou porque nós somos”.
Hace tres años mataron en las calles de un barrio céntrico de Río de Janeiro a la concejala de la capital carioca Marielle Franco, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad (PSOL), una dirigente feminista, negra, lesbiana, favelada, trabajadora, sobre la que se descargó
toda la violencia de la ultraderecha brasileña, patriarcal, neoliberal, conservadora y fascista.
La noticia conmovió a Brasil y tuvo un fuerte impacto a nivel internacional: acababan de asesinar a una mujer que había alcanzado una gran notoriedad por su férrea defensa de los derechos humanos, de las minorías y los sectores humildes y por su clara denuncia a los grupos parapoliciales que actúan en las favelas.
Amenazas, persecución y finalmente una ráfaga de trece tiros que se descargaron sobre su cuerpo el 14 de marzo de 2018, revelaron el carácter político de aquel asesinato que pide a gritos justicia en las voces de una multitud de mujeres.
Ese clamor lo toma hoy, desde el mismo cargo de concejala de Río de Janeiro, la arquitecta Mónica Benicio, su ex pareja, quien fue elegida en noviembre de 2020, para dar continuidad a la lucha de Marielle en su compromiso con las mujeres, con los colectivos LGTBI, con la población negra e indígena y con los excluidos.
Investigaciones de la misma policía civil sobre los asesinos de Marielle y Anderson Gomes, el chofer, plantearon la sospecha de que este “crimen por encargo” estaba vinculado con fuerzas de seguridad cercanas al presidente Jair Bolsonaro.
“En Brasil, se asesina desde el poder con total impunidad. Estamos en un país donde se ejecutó a una concejala democráticamente electa, episodio que continúa en las sombras. Con esta omisión, el Estado da carta blanca a este grupo que comete asesinatos como forma de acción política”, dijo recientemente la ex pareja de Marielle en una entrevista con el sitio de noticias español El Salto.
Marielle tenía 39 años, era socióloga y había sido elegida concejala en las elecciones municipales de 2016. Poco antes de su asesinato había denunciado la violenta represión de la Policía Militar contra habitantes de la periferia carioca, al tiempo que se oponía a la intervención militar sobre Río de Janeiro y al accionar de las fuerzas paramilitares y parapoliciales.
“Mi nombre es Marielle Franco. Soy mujer, negra, madre e hija de la favela de Maré”. Así se presentaba y así concebía la lucha: “Eu sou porque nós somos”.
Sostenía que para las mujeres, la lucha es cotidiana, “sentimos sus reflejos todos los días, cuando llevamos nuestros hijos al colegio y no tienen clase, cuando tenemos que trabajar y no hay lugar en las guarderías, cuando nos faltan el respeto en el transporte, cuando somos desvalorizadas en el trabajo, acosadas en la calle, violentadas en casa”.
Afirmaba que “sobrevivir es nuestra mayor resistencia”, por eso en el marco de la pelea del feminismo y elegida concejala dijo: “Ahora llegó nuestro turno. Vamos a tomar nuestro lugar en la ciudad y en la política; nuestra voz silenciada tendrá que ser escuchada”.
En este sentido, su ex pareja precisó que “su ejecución traía un recado político, que todo aquello que ella representaba diese un paso atrás. Que las mujeres, el movimiento negro, el LGBTI, los favelados, la población pobre, todas esas variables que atravesaban el cuerpo de Marielle, diesen marcha atrás”.
Pero el recado no funcionó porque “ la respuesta vino a contramano de lo que el poder intentó sembrar. Y por eso Marielle hoy es un símbolo de resistencia y lucha, incluso hasta internacional, porque habla de una lucha que atraviesa muchos cuerpos, es un perfil de interseccionalidad, son múltiples identidades que convergen en ella”, señaló.
Benicio expresó que a tres años de su muerte, “seguimos esperando justicia”, aún se desconocen los nombres de quiénes mandaron a matarla, y los acusados de este femicidio político todavía no fueron juzgados.
