Chile vota este fin de semana a los representantes, en igual número de mujeres y hombres, para integrar la Asamblea Constituyente que redactará una nueva Carta Magna. Por primera vez en tres décadas, Chile parece querer abandonar a Pinochet en el infierno.
por Jorge Pailhé
Entre mañana y pasado las chilenas y los chilenos recién van a empezar a desandar el camino político y constitucional trazado por Augusto Pinochet, 31 años y un mes después de que el máximo símbolo del terror dictatorial en América Latina dejara el poder.
El 11 de marzo de 1990 Patricio Aylwin asumió el poder tras 17 años de dictadura cívico-militar, y a su mandato le siguieron Eduardo Frei, Ricardo Lagos, Michelle Bachelet (dos períodos) y Sebastián Piñera (también dos períodos), y sin embargo la Constitución del país que sigue rigiendo es la que reformó el asesino y corrupto Pinochet, cuyas recetas económicas, dicho sea de paso, no sólo siguen teniendo actualidad en la nación vecina sino que además cuentan con el apoyo de parte de la población.
De todo esto surge una reflexión obvia: en algo más de tres décadas, la democracia chilena estuvo siempre condicionada por (por no decir que fue cómplice con) el pinochetismo, a punto tal que uno de los partidos políticos que juega con las reglas del sistema democrático, se somete a elecciones e incluso ha llegado al poder como parte de un frente es la Unión Demócrata Independiente (UDI), que proclama abiertamente su apoyo a las políticas del dictador.
¿Cómo ocurrió, entonces, que en algún momento la sociedad chilena le hizo saber a la prolija y siempre circunspecta dirigencia política que el estado de cosas deja mucho que desear, que en el plano electoral, por ejemplo, la Constitución pinochetista encorsetó al país en una fórmula binaria que deja lugares de poder a los dos grandes conglomerados de la derecha (con un poquito de centro) por un lado y a la izquierda (con mucho de centro) por el otro?
Esta convocatoria a elección de constituyentes para sepultar definitivamente le ley de leyes chilena es consecuencia de las protestas que estallaron en las calles de Santiago y varias ciudades del país en octubre de 2019.
La gota que rebasó la copa fue el aumento de 30 centavos en el boleto del subte, y de inmediato surgió la frase que dejó expuesta perfectamente la situación: “no son 30 centavos, son 30 años”.
Como ahora en Colombia con la reforma tributaria, el aumento del precio del combustible en Francia con los “chalecos amarillos” y tantísimos otros casos en el mundo (Ecuador, Hong Kong), aquel tarifazo al subte fue rápidamente retirado por el poder, pero ya era tarde, la mecha ya se había encendido.
En verdad, aquel levantamiento retomó las históricas luchas estudiantiles de 2011, cuando las y los jóvenes reclamaron educación gratuita y de calidad, lucha de la que surgió luego una dirigencia que llegó al Congreso, como Camila Vallejos o Giorgio Jackson, que también le explotó en las manos al millonario Piñera, quien sucedió y luego precedió a Bachelet en la presidencia.
Pero a no confundirse: en muchos aspectos -no en todos, claro- las políticas de la centroizquierda y de la derecha (con un cachito de centro) fueron muy similares, y en cuanto a la educación y la salud mantuvieron el status quo de la dictadura: las clases y las consultas médicas son para quienes pueden pagarlas.
La pregunta ahora es, no ya encontrar el origen de esta reforma constitucional, sino el alcance que tendrá.
Tal vez el dictador, el símbolo del terror; el que escapó de quedar preso en Inglaterra en nombre de un estado de salud declinante que desmintió al bajar del avión en Santiago, cuando se levantó de la silla de ruedas y se puso a bailar; el que murió sin haber estado detenido un minuto en su tierra y jamás pidió perdón por los crímenes que cometió, tal vez vigile todo ese proceso desde el infierno. Porque si hay alguna instancia después de la vida terrenal, ese tipo no podría estar ahora en otra parte. (14 de mayo de 2021)
